La Resolución 00119 de 2024, según académicos, parece una sentencia firmada por el Gobierno colombiano para las 15 especies de tiburones y las 4 de rayas al permitir su caza incidental. Mientras que los ministerios de Ambiente (MinAmbiente) y Agricultura (MinAgricultura) afirman que la decisión busca “proteger la salud de las poblaciones de dichos organismos y la salvaguarda del derecho humano a la alimentación de las comunidades costeras”, esa “lista negra” incluye 10 clases de tiburones en riesgo de extinción. Entidades estatales advierten que la medida abre las puertas al mercado negro de estos peces cartilaginosos en el país con repercusiones, además, para la salud pública. La polémica se da a pocos meses del desmantelamiento de una estructura criminal de tráfico de Colombia a China de aletas de tiburón.

El Rhizoprionodon porosus, que habita el océano Atlántico occidental y el mar Caribe, se menciona en la Resolución. Foto por Oscar Moreno Velarde, tomada de NaturalistaCO.

Una red de contradicciones y polémicas envuelve a la Resolución 119 emitida por la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca (AUNAP) que permite la caza incidental; es decir, la caza involuntaria de 15 clases de tiburón y 4 de rayas en aguas del Caribe y el Pacífico, mientras se intenta pescar otras.

La polémica radica en que esta medida incluye “diez especies de tiburón que están categorizadas por la Unión Internacional para la Conservación de la Fauna como amenazadas, una de ellas es la Sphyrna corona, conocida como la cachuda amarilla enana del Pacífico, que está en peligro crítico y asociarla a la pesca es un error. Las especies en peligro de extinción no pueden estar incluidas en esa lista, cualquiera puede identificar en dónde están y como ahora es legal pescarlas porque son un recurso pesquero, van a sacar todo lo que se pueda. No se puede cerrar la puerta y dejar las ventanas abiertas. Los tiburones son los más afectados por actividades de pesca ilegal debido a las creencias populares sobre las propiedades de sus aletas”, señala Arturo Acero Pizarro, profesor del Instituto para el Estudio de las Ciencias del Mar (CECIMAR) de la Universidad Nacional de Colombia Sede Caribe.

A la controversia se suma que la nueva Resolución modifica el Decreto 380 de 2021 que en su momento estableció medidas “para la protección y conservación de tiburones, rayas marinas y quimeras en Colombia”, a través de la prohibición de la pesca dirigida de estas especies en todo el territorio nacional. Medida con muy buenas intenciones, según el profesor Arturo Acero, pero que vuelve “delincuentes a nuestros pescadores”, si se tiene en cuenta que debido a la diversidad en Colombia es muy difícil enfocar la pesca en capturar una sola especie, por lo que no se debe criminalizar directamente a los pescadores artesanales, personas de escasos recursos que dependen de ello.

“Es necesario dejar claro que los recursos pesqueros, es decir, los que se capturan en el mar o cuerpos de agua para compra y consumo son manejados por la AUNAP, entidad descentralizada de MinAgricultura. Mientras que las especies hidrobiológicas, aquellos peces, moluscos, crustáceos, entre otros que no consumimos son manejadas por MinAmbiente. Pero resulta que en el mar la cosa no es así, conviven todos juntos, por eso esa separación de por sí es arbitraria, ahí ya empezamos mal”, contextualiza Acero, biólogo marino y doctor en Biología Evolutiva.

En el país se ha confirmado la presencia de 76 especies de tiburones y 62 de rayas, para un total de 138, equivalentes al 12% de las especies conocidas en el planeta, según un estudio realizado en 2019 por la Fundación Squalus y la organización WCS Colombia.

A partir del 24 enero de 2024 son considerados recursos pesqueros en Colombia los tiburones Carcharhinus falciformis (conocido como verdadero quilludo, sedoso, cazón y jaquetón), el Carcharhinus leucas (madrecazón, tiburón gris, tiburón toro o tiburón sarda), el Carcharhinus limbatus (aletinegro), el Galeocerdo cuvier (tintorera o tiburón tigre), el Rhizoprionodon porosus (tollo blanco o toyo hocicón), el Sphyrna corona (tiburón martillo o cachuda), el Sphyrna tiburo (tiburón martillo o tiburón martillo pequeño), el Mustelus henlei (viejas), el Mustelus lunulatus (viejas, toyo látigo o toyo vieja), el Alopias pelagicus (tiburón zorro o toyo tinto) y el Alopias superciliosus (tiburón zorro ojón). Para el caso de las rayas se incluyeron la Hypanus americanus (raya látigo), la Hypanus guttatus (raya hocicona), la Hypanus longus (raya bagra y raya látigo) y la Rhinoptera bonasus (gavilán, mancha o raya chucho mono).

“Los tiburones y rayas cumplen un papel muy importante en los ecosistemas que habitan, son predadores que, por sus tamaños corporales, las formas de atrapar las presas y sus características biológicas, usualmente no son cazados por otros animales y se alimentan de los más pequeños. Muchas veces son los únicos que controlan el número de individuos de otras especies que, si se llegaran a aumentar, podrían ocasionar que otras se reduzcan, causando así un efecto en cadena que termina con ecosistemas que ya no funcionan bien”, señala Jenny Leal Flórez, coordinadora del Grupo de Investigación en Sistemas Marinos y Costeros (GISMAC) de la Universidad de Antioquia.

La Bióloga y Doctora en Recursos Naturales expone que el hecho de que la mayor parte de las especies listadas en la nueva norma estén en algún grado de amenaza, la falta de claridad y especificidad en el texto de la Resolución sobre asuntos que se prestan para distintas interpretaciones, entre otros aspectos, han ocasionado alarma entre los sectores científicos y ambientalistas por la posibilidad de que quienes practican la pesca intencionada de tiburones y rayas, que sigue siendo ilegal, hagan pasar sus capturas como incidentales lo que lleve al incremento de la amenaza sobre estas especies.

¿Protección o paradoja?

Promover la caza incidental y, por ende, la comercialización y consumo no solo atenta contra la conservación de estos animales, también lo hace contra la salud pública. Camilo Prieto, docente de cambio climático y salud ambiental de la Universidad Javeriana de Bogotá manifiesta que el consumo de tiburón es un riesgo para la salud por los altos niveles de mercurio que contiene su carne, razón por la que considera controversial que tanto Min Agricultura como MinAmbiente apunten a que una de las medidas por las que se propicia esta Resolución sea proteger la seguridad alimentaria de la población del Pacífico.

“Hay una distancia muy grande entre esas propiedades que se le han atribuido al consumo de carne, la aleta y el cartílago de tiburón frente a lo que dice la evidencia científica. En el 2021, investigadores de la Fundación Malpelo analizaron los tejidos de siete especies de tiburones que habitan el Pacífico colombiano y las 175 muestras estudiadas mostraron niveles elevados de mercurio. En el 2020 se publicó un estudio del CECIMAR de la UNAL Sede Caribe que documentó niveles elevados de mercurio en muestras de tejidos de tiburón en Isla Fuerte, Bolívar, Las Flores, Atlántico y Cabo de la Vela en La Guajira. Hay que recordar que Colombia ocupa el primer lugar en el mundo de emisiones de mercurio per cápita por encima de China e Indonesia, información que han reiterado en algunos informes en Instituto Nacional de Salud, la Procuraduría General de la Nación e, incluso, la Contraloría, pero esta situación no es exclusiva del país”, recalcó Prieto, también investigador del Grupo de Asuntos Nucleares del Servicio Geológico Colombiano en el programa radial Análisis UNAL de Unimedios Bogotá, emitido el 6 de marzo sobre “Caza de tiburones y rayas”.

Aleteo, cortar la vida en mar abierto

Al igual que los elefantes mueren a manos de cazadores por el marfil de sus colmillos, o los rinocerontes por sus cuernos para la medicina tradicional y hasta regalos, el tiburón es acechado por sus aletas para hacer sopa, un plato que puede llegar a costar hasta 200 dólares en países asiáticos.

El aleteo de tiburón, como se conoce esta práctica, consiste en capturarlos y cercenar sus aletas dorsales y laterales sin importar si aún viven, para luego ser arrojados nuevamente al agua, un acto de crueldad animal cuyo único testigo es el mar abierto. Diversos datos e investigaciones evidencian que el principal mercado negro de aletas de tiburón está en Asia, siendo China uno de los países más consumidores, con Hong Kong como epicentro de este comercio. En Tailandia, por su parte, se usan las espinas de este pez cartilaginoso en ornamentos como anillos y brazaletes, una tendencia catalogada por algunos como absurda que preocupa a las autoridades ambientales internacionales.

De acuerdo con un informe del 2021 del Fondo Mundial para la Naturaleza, (WWF) por sus siglas en inglés, los tiburones y las rayas están en crisis a nivel mundial. Cada año mueren hasta 100 millones y algunas poblaciones han disminuido en más del 95% como resultado de la sobrepesca. El 36% de las más de 1.200 especies conocidas de tiburones y rayas están en peligro de extinción. Su disminución es un factor que contribuye al deterioro de nuestro océano y es un síntoma de una sobreexplotación marina mucho más amplia.

La incautación de cerca de 3 400 aletas de tiburón en Panamá (en noviembre de 2023) provenientes de Colombia, que eran transportadas por una reconocida empresa pesquera del Valle del Cauca como fachada, puso en evidencia una presunta red de tráfico ilegal propiedad de Fernando Rodríguez Mondragón, hijo del exlíder del Cártel del Valle, Gilberto Rodríguez Orejuela. Mientras que a los pescadores se les pagaba 25 mil pesos por aleta, la organización criminal las comercializaba hasta en 600 mil pesos, según reportes de la Fiscalía General de la Nación y algunos medios de comunicación nacionales.

Cuidarlos y estudiarlos, la alternativa

Mientras MinAmbiente sostiene diálogos y sigue una hoja de ruta con ambientalistas, científicos y expertos ante las preocupaciones sobre la pesca incidental, a la discusión por la nueva Resolución 00119 de 2024 se sumó la Procuraduría General de la Nación.

En un comunicado publicado el 2 de marzo de 2024, el ente de control señaló que los recursos naturales pertenecen a todos los colombianos y no a un sector exclusivo de la población. En ese sentido, afirma que la Resolución vulnera el principio de la no regresión en materia ambiental, considerando alarmante que el país retroceda en la protección y conservación de la biodiversidad. Asimismo, cataloga como “desproporcionado poner en riesgo especies amenazadas y en peligro de extinción para garantizar la seguridad alimentaria producida por la pesca incidental”.

Afirma, además, que esta se convierte en “un incentivo perverso para propiciar, promover y permitir la pesca ilegal y que por ende favorecerá el aumento en las capturas y la instrumentalización de los pescadores artesanales y ancestrales por parte de organizaciones criminales dedicadas al mercado negro de estas especies”. También señala que se desconoce el artículo 80 de la Constitución Política (“El Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, conservación, restauración o sustitución”) y considera que esta genera incertidumbre frente a las medidas para su control y contención. Finalmente, exhortó a ambos ministerios a considerar “la revocatoria directa teniendo en cuenta que las condiciones que originaron la exclusión de estas especies como recurso pesquero no han cambiado” y que, sobre esta Resolución ya reposa una demanda en el contencioso administrativo.

“En mi opinión esta discusión es inútil, es estéril porque ambas partes tienen la razón y esas discusiones son eternas. Lo que hay que hacer es reunir a todos los actores, entre ellos diversas voces de la academia y sacar una reglamentación a partir de ese diálogo. Comenzar por eliminar ese asunto de las especies de recursos pesqueros e hidrobiológicos, todo eso es una falacia, cómo pretendemos manejar los recursos divorciándolos, separándolos, eso no tiene ningún sentido. También es necesario que los pescadores no tengan estatus delincuencial solo porque están trabajando y en su red cayó una raya o un tiburón, mi propuesta es que borremos y empecemos de nuevo”, propone Arturo Acero.

El docente expone que es imperante organizar la pesca y se manejen estadísticas serias como en los países avanzados, lo que permitiría identificar el estado de las especies para tomar decisiones con respecto a estos recursos, teniendo en cuenta la opinión de biólogos y expertos.

“La pesca es una de las actividades de extracción más antiguas que el hombre aún practica y no ha sido modificada en miles de años, el arpón tiene unos 90 mil años, la red 20 mil años y son instrumentos que no han sido actualizados. Es necesario organizar lo más que se pueda estas prácticas porque ya sabemos que arrasan con el recurso. Podemos aprovechar la abundancia de estas especies para estudiarlas y aprender de ellas, es imperioso, pero no lo hacemos; tener datos nos permitirá conocer más a fondo sobre ellos y protegerlos para las futuras generaciones. Es posible que las comunidades sobrevivan si no cazan tiburones, podemos sacar mayor provecho del turismo en donde los visitantes disfruten viéndolos en lugar de matarlos y acabar con ellos”, finaliza.

(FIN/JRDP)

1 de abril de 2024