En los últimos días se ha evidenciado la inconformidad de los estudiantes y maestros de las instituciones de educación superior públicas del país a través de paros escalados, asambleas permanentes y multitudinarias marchas en las diferentes ciudades colombianas. Directivas, representantes estudiantiles y profesorales, exponen sus conceptos sobre qué está pasando y el porqué de sus reclamos.

En primer lugar y en el cual concuerdan todas las partes consultadas es que desde la implementación de la Ley 30 de 1992, la educación pública del país ha dejado de recibir el dinero necesario para su funcionamiento y que hoy, 25 años después, la tiene sumida en una crisis presupuestal de más de 18 billones de pesos.

“Esto se evidencia en muchos aspectos, por ejemplo, la rectora Dolly Montoya ha manifestado que actualmente la Universidad Nacional de Colombia tiene un déficit de 60 mil millones de pesos para poder terminar el año”, comentó Juan Camilo Restrepo, vicerrector de la Sede Medellín.

Situación que corrobora el profesor y asesor de la rectoría Orlando Acosta Losada, al afirmar que “en los gastos recurrentes las universidades públicas aducen déficit de cerca de 1.5 billones de pesos y gracias a las gestiones de la rectoría de la U.N. se ha conseguido un aporte de 600 mil millones de pesos que no se harán efectivos hasta el próximo año”.

Al respecto, Alejandro Palacio Restrepo, presidente de la Asociación Colombiana de Representantes Estudiantiles de la Educación Superior (ACREES), considera que la inversión en la educación superior tiene indicadores insuficientes, pues no tiene en cuenta los gastos de las universidades en inversión e investigación.

“Para el próximo año con los recursos que aporta la nación a las universidades públicas no le alcanzará a la U.N. para pagar la nómina, ahí es donde se evidencia la desfinanciación, cuando dicen que no hay dinero para comprar una resma de papel, cambiar bombillos, pagar celadores o jardineros, entre otros”, comentó el Representante.

A esta situación se suma, según Alejandro Palacio, que las matrículas en años venideros tengan un incremento considerable.

“Hace cuatro años una matrícula en la Universidad Nacional de Colombia rondaba los 400 mil pesos y para el 2018 subió a cerca de 800 mil, es decir, se duplicó en muy poco tiempo y los programas de Bienestar se han disminuido”, añadió Palacio Restrepo.

Financiación a la demanda

El Sistema Universitario Estatal (SUE), el cual reúne a las 32 universidades públicas de Colombia, señaló su preocupación por la destinación de recursos hacia estas instituciones, en la cual gran parte de los dineros destinados a educación han ido a universidades privadas.

“Manifestamos nuestro categórico desacuerdo frente la continuidad del Programa Ser Pilo Paga o su posible reestructuración, ya que ha significado un aumento muy reducido de la cobertura calculado en 1,97%, con un costo muy alto que se estima en 3,5 billones para financiar a tan sólo 40.000 jóvenes. En contraste para el 2017, las universidades públicas atendieron 611.800 estudiantes con un aporte de la nación de 2,93 billones. A todas luces avanzaríamos mucho más en acceso a la educación superior si destináramos estos recursos para las universidades públicas”, comentó Jairo Miguel Torres Oviedo, presidente del SUE.

Según datos de la SUE, del aumento del Impuesto al Valor Agregado (IVA) que debía llegar a las Instituciones de Educación Superior Pública, se desviaron 600 mil millones al Icetex entre 2017 y 2018, entidad que tiene más de 600 mil estudiantes inscritos en sus créditos.

Además, el programa Ser Pilo Paga cobijó a estudiantes que en su mayoría ingresaron a universidades privadas. El 98% de los beneficiarios de este programa eligieron una IES de este tipo. Si esta misma cantidad hubiese sido destinada a las 32 universidades públicas de Colombia, se hubiesen podido ofertar ocho veces más cupos en estas instituciones (320.000 cupos).

“Nos quitaron los recursos públicos para sostener las universidades privadas en detrimento de la sostenibilidad financiera de nuestras universidades, esto agudiza aún más el déficit que tenemos”, añadió Torres Oviedo.

Esta situación la evidencian también instituciones como la Universidad de Antioquia, en donde el déficit se calcula en 160 mil millones.

“Esto es una enfermedad muy grave llamada desfinanciación, la UdeA dentro de sus deudas se encuentra con un déficit de más de 160 millones de pesos, es decir, de cada 3 pesos 1 solo es puesto por el Estado”, añadió Emel Antonio Pacheco Garzón, representante estudiantil de la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia.

Opinión que respalda Fernando Orozco, representante profesoral ante el Consejo de Sede en la U.N. Sede Medellín.

“La Universidad Nacional de Colombia por su parte, ha aumentado sus estudiantes de pregrado un 60% y la inversión por alumno por parte del Estado desde el 1993 hasta el 2017 se ha reducido a más de la mitad, es decir, hemos crecido con menos plata; esto trae consigo además del autofinanciamiento, presión a los docentes, pérdida de calidad y contratación temporal de profesores”, señaló el docente.

Nueva reforma tributaria afectó a los profesores

Por los reclamos constantes y cada vez más generalizados de los docentes de las universidades públicas, se desencadenó la situación que hoy viven las 32 instituciones del país, pues según los representantes profesorales, de 12 salarios que reciben al año, hasta dos meses de estos deben ir destinados al pago de impuestos.

“La Ley 1819 del 2016 nos gravó gran parte de nuestro salario y nos obligó a destinar para el pago de impuestos uno y hasta dos salarios al año, una cifra que es inconcebible, además se subió el porcentaje que se pagaba sobre esa base gravable”, añadió Fernando Orozco.

En relación a los salarios de los profesores, el Vicerrector de la Sede Medellín corrobora la afectación que han tenido los docentes, incluido él.
“Efectivamente hemos notado una disminución de salarios entre un 15 y 20% y está comprobado con estudios que los mismos profesores de la Universidad Nacional han hecho, esto nos ha afectado la remuneración y seguirá haciéndolo de aquí en adelante”, agregó Restrepo Gutiérrez.

¿Se cerrarán las universidades?

Frente a esta pregunta, los profesores consideran que se está a tiempo de solucionar el problema, pero que hay que hacerlo de manera estructural.
“Si no paramos esto a tiempo la brecha será cada vez más grande, como ha venido pasando y en algún momento la situación por un lado u otro será insostenible”, puntualizó el Vicerrector.

Mientras Fernando Orozco considera que no hay motivo para cerrar las universidades, pero sí habrá, de continuar el desfinanciamiento de la educación superior pública, un cambio en el sistema.

“Las IES públicas no se van a acabar, simplemente que la concepción de universidad que tenemos se va a cambiar rotundamente, podríamos casi que implementar el modelo chileno donde la universidad privada tiene ánimo de lucro y las universidades públicas son autofinanciadas por matrículas altamente costosas”, dijo Fernando Orozco.

Tanto docentes, como representantes y directivos consideran a manera de conclusión que la Ley 30 de 1992 debe ser reformada en su totalidad y que se debe entender y respetar el espíritu de la universidad pública como el único espacio y posibilidad para que las personas de estratos socioeconómicos bajos puedan ingresar el sistema de educación superior.

8 de octubre de 2018