La ocurrencia y manejo de desastres naturales pone en cuestión la manera de gestionar el riesgo en el país. Y si bien ha habido avances como los planes de ordenamiento territorial, hay que cambiar el modelo en función de la prevención, según varios expertos.

Se ha debido aprender, por ejemplo, de ese noviembre de 1984, cuando el volcán Nevado del Ruiz comenzó a dar señales de un nuevo periodo de actividad, por lo que el Servicio Geológico Colombiano hizo un llamado a las Naciones Unidas que enviaron en marzo de 1985 una comisión encargada de prevención y atención de desastres.

El entonces profesor de la Facultad de Minas de la Universidad Nacional de Colombia Sede Medellín, Humberto González Uregui, quien fue funcionario de ingeominas, y su grupo de trabajo prepararon un mapa de amenaza para avisar, educar, traducir la información de lo que estaba ocurriendo y establecer protocolos de atención.

Sería presentado el 9 de noviembre, pero no se hizo así por la situación que vivía el país a causa de la toma del Palacio de Justicia ocurrida el 6 de ese mes. El Volcán hizo erupción siete días después, el 13, y cubrió a Armero (Tolima) donde murieron más de 20.000 personas. Según le contó el profesor a la Facultad de Minas en 2015, “muchas de estas vidas pudieron salvarse. Le dijimos a la población que, en caso de que pasara algo, no se dirigiera al parque principal, y era muy triste ver imágenes de personas que caminaban en esa dirección”.

Cuatro años después se promulgó la Ley 919 que enmarca funciones y responsabilidades de los actores del Sistema Nacional de Prevención y atención de desastres, la cual fue reemplazada por la Ley 1532 del 2012 que adopta la política nacional de gestión del riesgo.

La normatividad no ha bastado y tampoco otros desastres naturales como el reciente deslizamiento ocurrido en Rosas (Cauca), donde las víctimas ascienden las 30 personas, para aprender la real importancia de la prevención, una palabra que, al parecer en Colombia, no ha trascendido los documentos.

“La política de gestión del riesgo que hay en el país es, a mi manera de ver, deficiente, porque está centrada solamente en la atención”, dice el profesor José Humberto Caballero Acosta, de la Facultad de Minas de la Sede. La gestión del riesgo, manifiesta, es un tema para que la sociedad completa incorpore en su comportamiento diario y eso hay que empezarlo necesariamente desde la educación.

Existe la guía metodológica Plan Escolar para la Gestión del Riesgo, que en el punto 1.2 del primer capítulo menciona que “el reto de la educación es conocer las causas, consecuencias, impactos y significados del riesgo; los actores sociales que inciden de manera positiva y negativa en él y las formas de intervención teniendo en cuenta las formas de desarrollo que propician desequilibrios y cuyas consecuencias se visibilizan en situaciones de emergencias y desastres”. Al parecer, en este caso los esfuerzos normativos también se han quedado en el papel.

Lili Jhoanna Correa, Licenciada en Educación Básica con énfasis en Ciencias Sociales, quien ha laborado en Zarzal (Valle del Cauca), describe que historia y geografía son áreas que se incluyen en la asignatura de Ciencias Sociales, la cual dicta tanto en primaria, cuando se les enseña a los estudiantes los municipios y departamentos colombianos, como en secundaria, dedicada a ampliar los conocimientos sobre otros continentes. “Lo de la gestión del riesgo, para nada”, es un tema que nunca se aborda, dice.

Pero la educación también es romper esquemas y establecer acercamientos. A ello se refiere la Doctora en Psicólogía Elizabeth Ojeda Rosero, investigadora del Grupo de Investigación Convivencia y Entornos Psicológicos (Conepsi) de la Universidad de Nariño, quien ha trabajado desde el 2004 la gestión del riesgo con comunidades asentadas en cercanías a volcanes; del Galeras en su departamento y del Popocatépetl, en México.

“Necesitamos hacer diálogos de saberes ancestrales, intergeneracionales y para eso los científicos tenemos que bajarnos del pedestal en el que la sociedad nos ha puesto. En muchas ocasiones pensamos que desde la academia o la ciencia en general se tiene la verdad. Esta es una creencia que hay que erradicar para que se pueda dar la concertación social”, afirma.

En ese sentido la psicología tiene mucho por aportar dado que permite comprender comportamientos y actitudes, pero también porque ofrece herramientas para motivar a la acción, por ejemplo, en trabajo participativo o conocimiento de procesos psicosociales, lo que hace a la disciplina importante en la gestión del riesgo, en lo que no ha desarrollado del todo, pues también se ha aplicado solo en la atención de desastres.

Otro aspecto en el que se ha equivocado el sistema de gestión de riesgo, según la profesora Elizabeth Arboleda Guzmán, de la Escuela del Hábitat de la Facultad de Arquitectura de la Sede, es en reducirlo a asuntos naturales como movimientos de masa, los cuales están priorizados en el cubrimiento mediático que instaura, de alguna manera, la agenda ciudadana.

El riesgo es amplio y puede causar repercusiones en varios ámbitos, de hecho, dice, en los territorios se enmarca incluso como parte de asuntos tecnológicos como lo pueden ser los derramamientos de petróleo.

Otro paradigma que debe romperse es la idea sobre las comunidades. “Aún se hace un juicio un poco parcializado con respecto a ellas. Se piensa que no perciben el riesgo, que no toman las decisiones adecuadas solo porque no quieren hacerlo y no vemos la complejidad de esas decisiones, como el arraigo territorial”, reflexiona la profesora Ojeda Rosero.

Hace falta, entonces, poner la atención a las potencialidades que las personas puedan tener y no solo en hacer notar la vulnerabilidad. Reconocer que en las comunidades hay saberes culturales.

En general, la comunicación pública es fundamental y en ella se debe hacer hincapié como plantea la profesora Arboleda Guzmán, además, confiar en el conocimiento que se ha generado al respecto. En eso la academia tiene un rol importante que puede aportar en la ‘reconstrucción’ del concepto de gestión del riesgo en Colombia.

29 de abril de 2019