El Plan Nacional de Desarrollo (PND), que ya fue aprobado por el Congreso, ha sido objeto de polémica. Según expertos de la U.N. en Medellín y de la Universidad de Antioquia la falta de una discusión amplia y la manera como supuestamente fue tramitado generó inconformidades en algunos gremios que anunciaron demandas.

Las irregularidades, incluso, vienen de antes según el profesor Juan Antonio Zornoza Bonilla, del Departamento de Ciencia Política de la Facultad de Ciencias Humanas y Económicas, quien afirma que el año anterior se convocó a ciudadanos a través de la Presidencia de la República para colaborar en la formulación de propuestas mediante una plataforma, lo que funcionó, aparentemente hasta diciembre del 2018. “Cuando la gente ya estaba enterada y lista para participar, retiraron la aplicación”.

En general, el PND, “favorece a algunos gremios y corporaciones económicas y debilita la democracia deliberativa, como lo encontró el exministro de Salud, Alejandro Gaviria”, explica Zornoza Bonilla, quien como ejemplo pone que para las consultas previas, son los pueblos originarios como indígenas y afros los que deben pagar.

Al hecho de que aparezcan artículos casi de manera súbita en el PND que se radica en el Congreso es a lo que se le ha denominado ‘mico’ en Colombia. Estos, según expertos, no van precisamente en la vía de beneficiar a los colombianos y al territorio.

De ellos son varios y en diferentes áreas los que quedaron. En el tema tributario hay cambio en lo que respecta a la importación de licores, pues el Congreso estableció que aguardientes y rones nacionales no tendrán impuesto del 13% al consumo, lo que favorece a los importados y le quita el estímulo de ingresos por esta industria a los departamentos.

Se agrava también la responsabilidad fiscal en desmedro de políticas sociales, expresa el docente, lo que “quiere decir que no habrá gasto social si no lo autoriza el Ministerio de Hacienda y Crédito Público hasta determinado monto”.
Para el profesor lo que se plantea en el artículo 35 del PND: MinHacienda manejará los recursos de inversión que antes administraba el Departamento Nacional de Planeación. “Aquí hay un mico grotesco. Eso es gravísimo”.

Por otro lado, entre las agremiaciones que han denunciado ‘micos’ está la Asociación Colombiana Administradora de Fondos de Pensiones y cesantías (Asofondos) que argumenta que la aplicación de otro artículo: el 84, significaría el traslado de 35.000 personas que quedarían sin acceso a pensión.

Está, además, la intención de acabar con la Administradora Colombiana de Pensiones (Colpensiones), según Jesús Alfonso Ruiz, asesor laboral de la Central Unitaria de Trabajadores en Antioquia.

En torno al PND, los expertos también señalan que hay contradicciones. Para Ruiz, “en el documento están todas las mentiras y contradicciones de las propuestas que hizo: prometió incrementar los salarios y ni siquiera el de los de empleados públicos ha podido ser acordado; que iba a rebajar los impuestos pero lo hizo para los grandes capitales y los subió a los trabajadores y clases medias”, agrega.

El concepto del profesor de Cátedra de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Antioquia, Carlos Mario Patiño González, es que “ese Plan estaba tan malo desde el principio que hubo cosas que lo mejoraron y nos evitaron sentencias de la Corte (Constitucional)”.

Es precisamente un tema pensional el que pone de ejemplo: la posibilidad de no devolver el ahorro individual y llevarlo a BEPs (Beneficios Económicos Periódicos). “Es gravísimo y creo que la Corte lo va a tumbar. Particularmente en el de Uribe Vélez ya había dicho que un PND no es el escenario institucional para hacer una reforma pensional”, precisa.

El del Fracking ha sido otro tema polémico. Duque rechazó su implementación durante su campaña en un foro que realizó con universitarios en Bucaramanga (Santander) el 11 de abril del 2018. Sin embargo, el PND, proyecto de Ley que pasará a sanción presidencial, aunque no menciona explícitamente el término, da vía libre a la práctica de extracción de hidrocarburos mediante métodos no convencionales.

Uno era el discurso del candidato en campaña y otro después de ser elegido presidente, dice el profesor Zornoza Bonilla quien asevera que, en pocas palabras se puede resumir que engañó a los ciudadanos. “Muchas personas que votaron por él están arrepentidas”.

Uno de esos ciudadanos es César Augusto Osorio, un técnico agroindustrial cuya motivación para sufragar por Iván Duque fue la reducción de impuestos y también la no implementación del Fracking. Él cambió de parecer y ahora cree que “se debilitan las tierras y se acaba con las aguas; lo que nos da la vida, para monopolizar el país”.

Otro tema que ha generado polémica es el aumento del arancel de importación de textiles desde países con los que no se tiene tratados de libre comercio, especialmente China, y de hecho algunos gremios han anunciado demandas, expone el profesor Patiño González.

No obstante, asegura: “No sé si lo que entró en el debate deben llamarse propiamente micos, porque esa es la idea: es una ley que pasa por el Congreso de la República, escenario donde se modifican algunos asuntos”.

Es diferente para Jaime Alberto Carrión Suárez, politólogo y docente de la Universidad San Buenaventura, pues dice que el hecho de que un presidente no respete el Plan de Gobierno que presentó afecta de manera muy importante la democracia porque esta funciona principalmente con la confianza de los ciudadanos.

El ideal es que un gobierno sea absolutamente transparente. De no serlo, la expectativa es que la ciudadanía sea más activa y dispuesta a crear mecanismos de presión para incidir en el ejercicio del control político, según el experto. “Somos resignados a la incidencia que se pueda tener cada cuatro años en el acto de votar, pero no exploramos otros mecanismos que podrían cualificar la democracia”, lamenta.

Ante los ‘micos’ las opciones que hay son algunas acciones como la de tutela, la popular o la de cumplimiento, dado que “las disposiciones del PND están afectando derechos o creando un impedimento para que se cumplan otras normas”, argumenta el profesor Carrión Suárez.

Esas alternativas les quedan solo a los ciudadanos, explica, pues las relaciones y el derecho internacional público privilegian la no intervención de unos estados sobre otros aunque hay organizaciones sociales que defienden causas importantes como lo es el medio ambiente. Estas pueden desacreditar las acciones del Gobierno más no interferir en ellas ni en el PND, el cual se espera sea sancionado a finales de mayo.

20 de mayo de 2019.