Los muertos de mi país

Los muertos de mi País son livianos
se pierden en los diarios
en la boca profana
¿Dónde irán los muertos de mi país?
caminan descalzos - por aquello del ruido que delata-
mordiéndole los codos a la indiferencia.
Sandra Ocampo Buitrago.

En cuatro días, a principios de agosto de 2019 fueron asesinados tres líderes sociales en El Cauca, el departamento donde han matado a más dirigentes, según los registros de la Defensoría del Pueblo, que indican además que las regiones que le siguen son Antioquia y Norte de Santander.

Aunque la Constitución Política de Colombia menciona que “el derecho a la vida es inviolable”, cada cuatro días es asesinado un líder social, según datos del informe Cómo va la paz que la Fundación Paz y Reconciliación presentó en 2017 y cuyos ítems incluyen a líderes sociales.

Los de dirigentes indígenas del Cauca son algunos casos recientes, pero siguen en aumento en todo el país, las violencias son frecuentes y despiadadas como lo fue el asesinato de María Del Pilar Hurtado Montaño, uno de los que más recuerdan los colombianos, pues ocurrió en presencia de su hijo, en Tierralta (Córdoba).

Los ataques a los líderes sociales burlan otro artículo de la Constitución, el 12: “nadie será sometido a desaparición forzada, a torturas ni a tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes”.

¿Es responsabilidad del Estado? Sí, dice la profesora Mary Luz Alzate Zuluaga, del Departamento de Ciencia Política de la Facultad de Ciencias Humanas y Económicas de la Universidad Nacional de Colombia en Medellín, quien expone que es obligación del gobierno propender por la garantía de los derechos.

Sobre lo ocurrido en el país, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y las Naciones Unidas han advertido que Colombia se mantiene como uno de los países con más asesinatos de líderes sociales y defensores de derechos humanos. Para protegerlos, a finales de septiembre de 2018, el presidente Iván Duque Márquez anunció la creación de una política pública.

“¿Por qué el Gobierno comienza a preocuparse por la situación? Porque es un problema de comunidad internacional. La Corte Penal Internacional y la Corte Interamericana de Derechos Humanos le están diciendo: haga algo con el tema de los líderes, debe resolver eso”, asegura el profesor John Mario Muñoz Lopera, decano de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de la Universidad de Antioquia.

Para buscar una solución, agrega, se creó el Plan de Atención Oportuna para Defensores de Derechos Humanos, “un programa para acompañar a algunos líderes. Es un problema: hay unos protegidos y otros no, y los siguen matando porque no tiene capacidad para hacerlo, según el gobierno central”.

Según la profesora Alzate Zuluaga, la voluntad política de Duque Márquez al proponer la política pública, “realmente no es efectiva, pues no se pone en práctica, no hay un cuidado sistemático, por ejemplo, de la Fuerza Pública en el territorio, de decidir que (los líderes sociales) son personas importantes, porque si las golpean es como si lo hicieran al resto de la comunidad. No ha habido esa conciencia clara desde los años 80”.

Este no es un asunto nuevo y se han dado distintos procesos. Yolima Bedoya Jaramillo, historiadora y profesional social del Instituto Popular de Capacitación (IPC), habla del panorama de la década del 90, cuando por la irrupción del paramilitarismo “era muy difícil hablar, en concreto, de amenazas y asesinatos de líderes sociales, no porque no existieran, sino porque fue un momento bastante tenebroso. Estuvo marcado por masacres, desplazamientos forzados, desapariciones, violaciones; ese era el centro de atención, no la cuestión individual sino la violencia generalizada y colectiva”.

Sin embargo, en la época también hubo un lapso en el que se registraron asesinatos de defensores de derechos humanos “como reacción por denunciar las problemáticas que se vivían en el país por el paramilitarismo”, expone la historiadora.

Además de soportar amenazas, los líderes sociales han sido sometidos a la estigmatización “como aliados de las guerrillas y mentirosos, que fueron palabras que, por ejemplo, en su momento de presidencia dijo Álvaro Uribe Vélez. Trató a estas personas de forma fuerte como chismosos, politiqueros y voceros del terrorismo para deslegitimar y quitarles fuerza a sus denuncias”, agrega.

La historia misma traza periodos importantes con respecto a violencia hacia líderes sociales. Incluso antes de los 90, menciona la historiadora, hubo señalamientos a quienes eran considerados de izquierda: líderes de opinión, periodistas, sindicalistas y estudiantes.

En la actualidad, según Bedoya Jaramillo, se empiezan a evidenciar ataques a personas que no desempeñan un liderazgo necesariamente en la esfera pública sino en espacios más comunitarios: de barrios, veredas o corregimientos, que generan dinámicas de resistencia frente a la defensa de la tierra, ya sea en términos culturales, ambientales o de restitución.

“No estamos en el momento en el que se asesinaban a los grandes líderes para generar miedo en el resto”, dice. Ese sí fue el caso, por ejemplo, de Héctor Abad Gómez, médico salubrista público y defensor de los derechos humanos a quien mataron en 1987 tras denunciar crímenes contra miembros de la Unión Patriótica (UP) por parte de grupos paramilitares, o el de Jesús María Valle, otro líder antioqueño a quien asesinó por encargo la banda de sicarios La Terraza en 1998.

Los hombres no han sido las únicas víctimas, ni ahora ni antes. “No es que las mujeres no hayamos estado en la historia de los movimientos sociales, sino los roles que venían jugando. En los años 80, 90 y a principios del 2000, las organizaciones sociales tenían que ver con el trabajo y ellas eran parte de la estructura sin ser visibles”, asevera.

Con la transformación de las organizaciones comunitarias surgieron las preguntas sobre el feminismo y las participaciones de las mujeres, esto las hizo sujeto de estigmatizaciones y señalamientos. Bedoya Jaramillo cita como referencia a Aida Quilqué, una líder indígena caucana a quien en 2008 el Ejército le disparó tres veces durante una marcha en la que su comunidad exigía sus derechos.

Apelar a la historia es primordial “porque permite desentrañar las causas de ciertos comportamientos sociales”, dice el profesor Muñoz Lopera. La violencia ha sido una constante en Colombia, pero según él, en los últimos años “se le ha prestado más atención porque se ha mediatizado”.

Así sucedió, afirma, con el caso del exterminio de la UP (que surgió como partido alternativo al Liberal y al Conservador), que se dio por causa de la participación política y fue conocido después de su ocurrencia. “Los mataron los paramilitares y, en muchos casos, en contubernio con el Estado. Pasó también con (Jaime) Pardo Leal y con (Carlos) Pizarro, del M-19”, recuerda.

Paradójicamente, las tierras y la participación política son temas que hacen parte del acuerdo de paz que se firmó en La Habana en 2016, pero a la vez son, expresa el profesor, los más preocupantes en la historia del conflicto colombiano.

Sistematicidad

En un balance que hizo el Gobierno el 17 de julio pasado sobre la situación de los líderes sociales, el consejero presidencial para los Derechos Humanos, Francisco Barbosa, manifestó: “no podemos hablar de que se produzcan fenómenos de sistematicidad por la categoría de líder social sobre todo porque hay 23 categorías de líderes sociales. Nosotros lo que podemos decir es que se están presentando dinámicas criminales específicas en algunos territorios”.

Por un lado, para la profesora Alzate Zuluaga, con el hecho de “categorizar” como líder social “empieza a aparecer el discurso de que algunas personas pueden ser más sujetos de derechos que otras. Eso, en principio, sesga cualquier política, así que quien se declare líder social de alguna manera está asumiendo un riesgo”.

En el otro sentido, para el profesor Muñoz Lopera, la sistematicidad hay que analizarla desde el punto de vista histórico, de largo aliento y vieja data: “un problema que se debe resolver no es quién mata sino quién manda a matar y por qué”.

Otro asunto que no es claro son las cifras. Solamente en Antioquia la Defensoría del Pueblo dice que de 2016 a junio de 2019 son 482 líderes sociales asesinados. El instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) afirma que fueron 623 y la Fiscalía, 302.

Entre otros pendientes está el dejar de lado la estigmatización que el mismo Estado ha propiciado, según Bedoya Jaramillo. Expone como ejemplo la declaración que hizo hace dos años el entonces ministro de Defensa Luis Carlos Villegas, cuando dijo a Noticias Uno que el asesinato de líderes sociales en las regiones es, “en su inmensa mayoría, un tema de faldas”.

Independientemente de la voluntad política y del rol que debe asumir el Gobierno, según la historiadora, “el reto principal es que la sociedad comprenda el papel y la necesidad de los líderes sociales. Mientras no se solidarice con la defensa de la vida y los derechos humanos, a ellos los seguirán matando”.

Y la profesora Alzate Zuluaga complementa: “si hay un desafío que tengamos de cara a un posacuerdo es darle a la vida el valor que tiene; eso debe ser una política clara de Estado”.

26 de agosto de 2019