Como un hecho histórico han catalogado estudiantes y profesores universitarios el acuerdo que logró la Mesa de Negociación con el Gobierno el 14 de diciembre de 2018, cuando se aprobó como uno de los logros, el Presupuesto Bienal de Regalías que incluyó $1,5 billones de recursos del Sistema General de Regalías (SGR) para fortalecer proyectos de inversión, infraestructura e investigación en la educación superior pública del país.

“Todos estuvimos de acuerdo en que debía haber una negociación, además porque es parte de un ejercicio ciudadano. Por un lado, la Universidad no cerró y por otro, los estudiantes lograron tener una separación de los actos violentos”, destaca la rectora de la Universidad Nacional de Colombia, Dolly Montoya Castaño.

“Aunque durante varios años se habían solicitado reformas al sistema educativo, particularmente después de la reforma a la Ley 30 (de 1992), esa ocasión fue la primera en la que un gobierno se sentó a escuchar las necesidades de la comunidad académica”, dice Lucy Gabriela Delgado Murcia, docente del Departamento de Farmacia de la Facultad de Ciencias de la UNAL Sede Bogotá y representante de los profesores en la Mesa de Negociaciones.

El Acuerdo contempla 18 puntos. ¿Cuáles se han cumplido, cuáles están pendientes y cuáles están en trámite? Tanto la Rectora de la UNAL, como otros representantes estudiantiles y profesorales hacen un balance, luego de ocho meses del pacto, tiempo durante el cual, según la docente Delgado Murcia, se ha monitoreado especialmente el ítem que corresponde a la reforma del Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior (Icetex) y la modificación de los artículos 86 y 87 de la Ley 30.

“Lo demás, que era apremiante tratar de resolver, correspondía a la coyuntura de incorporarlos vía Plan Nacional de Desarrollo (PND) y así no seguir dependiendo de todos los trámites que el (Poder) Ejecutivo y el Legislativo tendrían que haber hecho para cumplir los acuerdos planteados”.

Como precedente estuvo el compromiso que el presidente de Colombia, Iván Duque Márquez, adquirió el 26 de octubre de 2018 con rectores del Sistema Universitario Estatal (SUE) de incrementar los recursos para mejoramiento de infraestructura y calidad.

Cada uno de los 18 puntos del acuerdo del 14 diciembre de 2018 está siendo monitoreado a través de la Mesa Técnica que tiene vigencia, por lo menos, durante los cuatro años del gobierno de Duque Márquez. La función es hacer seguimiento al cumplimiento; algunos de los ítems cuentan con mesas de trabajo particulares, es decir que tienen una dinámica propia de discusión.

Antes de la Reforma Tributaria del Gobierno de Santos en el 2016, los profesores de planta de universidades públicas estaban exentos de tributación por gastos de representación, pero se gravaron en esa reforma.

“De pagar unos $700.000 o incluso nada de renta anual pasamos a sumas exorbitantes, por ejemplo, a $7´000.000”, explica la profesora.

El punto al que se refiere es el 14 en el acuerdo. Según ella, desde que comenzó la negociación hubo interés por parte del Gobierno, de hecho, los senadores María del Rosario Guerra y David Barguil apoyaron la solicitud de regresar a las condiciones previas al 2016. Finalmente quedó estipulado que los gastos de representación de los profesores no pueden exceder el 50 % de sus salarios.

“Ese es de los primeros puntos que se logró evacuar en el acuerdo; ya está cumplido”, afirma la docente Delgado Murcia. Igual sucede con la entrega de recursos provenientes del IPC y la asignación de recursos de regalías, aunque acerca de este asunto se ha generado preocupación en el sector dado que el SGR tendrá una reforma estructural, puntualiza.

Entre otros puntos cumplidos está el incremento a la base presupuestal de 2019 acordado en 3,5 puntos adicionales por encima del IPC, el cual, se desembolsó para las universidades públicas, como se hizo en la UNAL, “ingresaron $20.000 millones que le correspondían”, según Alejandro Palacio Restrepo, representante estudiantil ante el Consejo Superior de la Institución.

Él expone que en la UNAL también se han materializado los siguientes aspectos: sobre el recurso de inversión, la UNAL recibió $4.000 millones que se invertirán en la Sede Palmira en Bienestar Universitario y en adecuación de obras físicas, además de $250.000 millones para fortalecimiento institucional en las ocho sedes. En la Sede Medellín se iniciará la construcción del Laboratorio de Genómica y se trasladará la Planta Porcícola con recursos de regalías.

En general, otro asunto que quedó resuelto es el de reintegro de recursos por concepto de votaciones, que es el punto 11. “A los estudiantes de educación superior pública se les descuenta el 10 % por ejercer el derecho al voto en las matrículas incluso en posgrados, pero esos dineros no regresaban a las universidades”, explica Juan Carlos Yepes Ocampo, representante de profesores ante el Consejo Superior de la Universidad de Caldas.

Asimismo, se hizo efectivo el desembolso de dinero para Becas de excelencia doctoral del Bicentenario con el fin de favorecer con $250.000 millones la formación de posgrado, sobre todo, a profesores catedráticos y ocasionales. “Se aplicaron los primeros $125.000 millones para 2019 y estamos programando lo restante para el 2020”, agrega Yepes Ocampo.

Habla también del dinero que se provee desde las cooperativas para el funcionamiento de las instituciones de educación superior públicas (IES), proveniente de un impuesto a esas organizaciones. Es el punto 6 del acuerdo. “Ahí hay unos recursos importantes que para el 2019 significaron una cifra aproximada de $46.000 millones distribuidos entre las 61 IES públicas del país”, precisa.

Según la ministra de Educación, María Victoria Angulo, la agenda de educación superior ha sido prioritaria, “honrando los acuerdos con maestros, estudiantes, directivos e incorporando las directrices que el presidente Duque, desde campaña y luego en el Plan Nacional de Desarrollo, circunscribió para darle un impulso a la educación superior del país”.

Agrega que, “en ese sentido, el primer componente de Generación E: Equipo, plasma todos los compromisos con las 61 IES públicas, recursos para funcionamiento, inversión, infraestructura y otros en los que hemos ido avanzando y fueron integrados al PND”.

Siguen pendientes

Puntos que tratan sobre la inversión en ciencia y la tecnología no se han cumplido. Así lo menciona la profesora Delgado Murcia, de la UNAL. No se ha hecho, dice, porque el Gobierno puso una cláusula de salvamento que hizo efectiva a partir de este año.

Lo concertado fue que la Presidencia de Colombia “incluirá en el PND 2018-2022 la habilitación para destinar en el 2019 el 20 % de saldos presupuestales apropiados y no comprometidos del Presupuesto General de la Nación (PGN) 2018 para inversión y funcionamiento, de acuerdo con las fuentes del recurso hasta por $300.000 millones”, cita el Pacto.

“La sorpresa triste es que durante las primeras mesas de seguimiento nunca hubo mención de este, el punto 8. En la de mayo nos dijeron que estábamos muy mal por el déficit que le quedó al país del gobierno anterior, que en últimas, la cláusula de escape se tenía que hacer efectiva y debíamos contentarnos con $78.000 millones de los $300.000 millones no para el 2019 sino quizás para el 2020”, lamenta la profesora.

Por lo que ella plantea, Palacio Restrepo también cree el Gobierno le está dando poca importancia a la ciencia. Considera, además, que se ha incumplido con dejar claro en la reforma al SGR que habrá un espacio presupuestal para dineros de Educación: “nos han dicho que no lo puede llevar a cabo en la Constitución, que ellos lo harán en una ley. Sin embargo, somos enfáticos al decirles: queremos tener un parte de tranquilidad en esta reforma que están tramitando”.

También está pendiente lo referente a las modificaciones normativas en buena medida, porque la dinámica de la Mesa para la construcción de acuerdos ha sido limitada, ha tenido pocos espacios y hay diversidad de opiniones de los sectores con el fin de llegar a una propuesta de reforma integral al Icetex y al SGR que genere recursos para educación superior, según Juan Camilo Muñoz, representante estudiantil ante el Consejo Superior Universitario de la Universidad de Caldas.

Para él, “el de Duque es un gobierno que miente, que engaña a los colombianos, a los estudiantes. Mi posición particular es que hay incumplimiento parcial; se ha cumplido la mayoría, pero no firmamos 18 acuerdos, sino uno de 18 puntos”.

Las cuestiones que no se han hecho efectivas hasta ahora, dice, “no son de poca monta”. “Los saldos apropiados y no comprometidos sumarían $1,2 billones. La reforma de los artículos 87 y 96 de la Ley 30, en la que no se ha podido avanzar, sería la solución estructural a la crisis de la educación superior, por lo menos, en materia financiera. La reforma integral al Icetex puede ser de las cosas más importantes porque hoy tiene endeudados a más de 700.000 colombianos y hay en sus recursos más de $3 billones de pesos; tiene plata y sigue cobrando intereses usureros mientras las universidades siguen en condiciones precarias”, añade.

Sobre la Ley 30 la Rectora de la UNAL afirma que como Universidad se está trabajando con una comisión de parlamentarios creada para ayudar a modificarla. “Hemos trabajado duro con el SUE y vicerrectores de presupuesto de las universidades, y con las más grandes, en un modelo de distribución”.

Por otro lado, para la docente María Rocío Bedoya, vicepresidenta de la Asociación de Profesores de la Universidad de Antioquia (Asoprudea), en la mesa técnica en la que se aborda el tema de las revistas científicas, hay dificultades, pues explica que el Decreto 1279 de 2002 establece que para subir el salario a docentes, tienen que publicar en revistas indexadas, lo cual, dice, se ha restringido cada vez más por el tipo de políticas de Publindex.

Ante el panorama, el profesor Yepes Ocampo, le pide al Gobierno que honre el pacto y que los recursos se destinen para lo que fueron gestionados, que se ejecuten con transparencia, rigor, y que no los desvíen.

En trámite y en seguimiento constante

“Aquí no podemos hablar de medios cumplimientos, debe ser total y eso se lo exigimos al Gobierno nacional”, afirma Palacio Restrepo, para quien los puntos están en trámite y en constante diálogo, así que se ha pedido a la administración nacional que no presente proyectos de educación sin que se hayan dialogado.

Palacio Restrepo, retoma para destacar que “lo monetario es muy importante, pero el acumulado político de tener un país que reconoce la educación, que hace mucho tiempo no la tenía en su agenda pública, con ciudadanos concienciados de que por medio de la ciencia Colombia saldrá adelante del subdesarrollo, es muy importante. Así como tener un Gobierno que le tocó reconocer a la fuerza que la educación es fundamental y se debe financiar”.

Para la rectora Dolly Montoya Castaño, “a veces no hay comprensión. Se cree que es muy fácil conseguir los recursos con la dificultad de que no somos universidad regional sino nacional; nos toca acogernos a que los gobernadores prefieran las universidades, en Antioquia a la de Antioquia, en el Valle a la del Valle, en Bogotá a la Distrital y a la de Cundinamarca, y entrar a negociar; lo que conseguimos casi que es milagroso. Hemos hablado con el Ministerio para que la UNAL sea tratada de otra manera”.

Añade que invita a los estudiantes a que se vinculen a proyectos de consecución de estos recursos para “no hablar ligeramente de que la Universidad no hace, sino que lo vieran y vivieran”. Continúa con que: “estamos haciendo un gran esfuerzo. Creo que el Gobierno Nacional y el Ministerio (de Educación) ha apoyado mucho y donde hay dificultades lo hace con gobernadores”.

Como próximamente los gobernantes regionales terminan su periodo y comienzan otro, la UNAL está haciendo foros en sus sedes ilustrando a los candidatos “para que digan cuál es su papel en ciencia y tecnología”, asegura la Rectora. La Institución también realiza diálogos para definir proyectos con el fin de presentárselos a los próximos líderes de las diferentes zonas del país.

2 de septiembre de 2019