Desde hace varios años analistas han planteado la necesidad de desmontar el ESMAD. Foto: tomada de bit.ly/3uuPyUa

El descontento social en Colombia es de vieja data, y en la actualidad más generalizado. Las violaciones a los derechos humanos de quienes protestan han sido constantes en el tiempo, aunque ahora hay mayor conciencia. Así lo exponen analistas que coinciden en que la militarización es un error y deslegitimar la protesta, también.

---

En el país ha habido manifestaciones significativas como la del 9 de abril de 1948 o el Paro Cívico de 1977, desarrolladas en sitios puntuales. “La gran diferencia de lo que ocurrió en el siglo pasado es que ahora se trata de una protesta realmente nacional, una que tiene lugar en las ciudades y movilizaciones en los pueblos, con muchas reivindicaciones que han tejido, entre todas, una insatisfacción muy grande con el estado en el que está el país y con el Gobierno”, dice Óscar Calvo, profesor del Departamento de Historia de la Facultad de Ciencias Humanas y Económicas de la UNAL Medellín.

La indignación ante las políticas de Estado ha estado acompañada por la represión y la impunidad, dos rasgos característicos del régimen político colombiano, según el profesor Calvo. Cantidad de protestas a lo largo y ancho del país, manifiesta, “han sido reprimidas por la Fuerza Pública y han quedado impunes”. Y tampoco es asunto nuevo. Dice que la deuda viene, por ejemplo, de la Huelga de las Bananeras o de la masacre de universitarios de la UNAL cometida en 1954 por el Batallón Colombia durante la dictadura de Rojas Pinilla, “una de las que más nos conmueve como universitarios”.

Actualmente el país vive un paro nacional desatado, inicialmente, para rechazar la reforma tributaria que se pretendía tramitar en el Congreso, pero la indignación va mucho más allá de eso. Cuatro días después de que se iniciaran las movilizaciones la ONG Human Rights Watch expresó su preocupación por la situación en Colombia, el 5 de mayo de 2021 la Defensoría del Pueblo reportó 89 personas como desaparecidas y al día siguiente la ONG Temblores informó sobre 1.728 casos de casos de violencia policial, 11 personas violentadas sexualmente por la fuerza pública, 234 víctimas de violencia física por parte de la Policía y 37 muertos, entre otras cifras.

Medios de comunicación han divulgado imágenes de abusos y defensores como Juliette de Rivero, representante de la oficina de la Alta Comisionada de los Derechos Humanos en Colombia le ha atribuido a la Policía la agresión a funcionarios que verificaban en Cali la situación que se generó por las manifestaciones.

Una de las preocupaciones de Hernán Lopera Morales, vocero de las campañas Defender la Libertad es un asunto de todas y No más abusos por parte de la Policía, es el Estatuto de Seguridad Ciudadana, “como uso de represión sistemática tanto por el legislador como del poder judicial en contra de las personas que deciden salir a las calles a expresar su voz de rechazo”. Lo intranquiliza, dice, los casos que han documentado de desaparición que al 3 de mayo fueron 60. El viernes 7 de mayo de 2021 había aparecido la mitad de personas, según él.

El hecho de que los procesos para buscar justicia no avancen tienen que ver con la discusión, que puede durar años, de si es la penal militar o la ordinaria la competente para atender los casos, y con “la ralentización de los aparatos institucionales cuando es para investigar presuntos delitos a su interior”, según Pedro Piedrahita Bustamante, profesor de Ciencia Política de la Universidad de Medellín y director de la Maestría en Estudios Políticos y Constitucionales.

Por su parte, Julián Andrés Muñoz Tejada, profesor de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Antioquia, expresa que hay una preocupación sobre cómo generar mayor transparencia en las investigaciones que involucran a integrantes de la Policía Nacional. “Es un intento planteado desde los años 90, a fin de dar mayor celeridad, pero hay un asunto muy preocupante que es la militarización. Es inexplicable que todavía, tratándose de un cuerpo civil los uniformados sigan siendo beneficiados del fuero penal militar”, cuestiona.

Responsabilidad del Estado

Un patrón existente en torno a la movilización ha sido la criminalización de las manifestaciones, según el profesor Calvo, quien afirma que “no solo se reprime brutalmente sino que esa represión, asesina y letal, se justifica adjudicando a los actores sociales otras intenciones o que son un factor de peligro”.

“Hay una incapacidad del Gobierno nacional para tomar decisiones. Uno no ve que haya una aceptación de responsabilidad. La Policía está adscrita al Ministerio de Defensa. Al ministro, un civil, lo nombra el presidente de la República, quien es comandante y jefe de las Fuerzas Armadas, entonces me resulta muy difícil que digan que no saben qué está pasando cuando la estructura jerárquica está clara”, expone Muñoz Tejada.

Por su parte, Piedrahita Bustamante explica que una sociedad tiene seguridad cuando la primera protección es de los excesos del mismo Estado, y asegura que en él radica la condena a lo que está sucediendo en el país por ser “el primero que está vulnerando los derechos de los ciudadanos”.

Sobre el vandalismo y la infiltración en las protestas dice: “No seamos ingenuos, todas, en todo el mundo lo hacen, pero desde diversos sectores. Aquí el Gobierno la ideologiza hablando de guerrilla y sectores de izquierda”. En esa medida se pregunta “dónde y qué están haciendo las agencias de inteligencia del Estado colombiano. Si lo único que saben decir es que hay infiltrados por qué no los identifican”.

Del accionar y la militarización como respuesta queda en evidencia una gran falla en la instrucción y el entrenamiento de la Fuerza Pública que en Colombia se perdió en el paradigma anacrónico de la Guerra Fría y el enemigo comunista, según Piedrahita Bustamante, experto en seguridad y defensa. “Eso genera un efecto: que policías y militares no vean ciudadanos que protestan por algo sino objetivos. Eso es muy grave y como sociedad nos debe llevar a exigirles a los políticos que despierten y planteen reforma de fondo a la seguridad del país”, añade.

La supresión del Esmad representaría un gesto del Estado en términos de rechazo al ejercicio abusivo de la fuerza, pero el asunto debe ir más allá. según Muñoz Tejada. Lo que plantea Piedrahita Bustamante es que la transformación debe restar relevancia a los militares en las decisiones de seguridad e incluir la ética. No obstante, concluye que la reforma no sería efectiva si los derechos humanos se relegan al plano ideológico.

Recientemente y tras siete días de paro el presidente Iván Duque convocó a una mesa de conversación, pero antes se reunió con partidos políticos. Lopera Morales no considera que haya una intención de diálogo. Él llama la atención acerca de que la protesta es un derecho consagrado en la Constitución Política que debe respetarse y que gracias a la organización se ha podido, incluso ofrecer apoyo jurídico y psicológico. La búsqueda de una solución, afirma, está en denunciar y visibilizar.

Propuesta

La reflexión y la crítica son roles importantes que han tenido las universidades y que no se deben sustraer en este momento, según el profesor Calvo, para quien “debe haber un compromiso institucional con la democracia y con los derechos humanos. Es algo que en este momento es urgente porque se requiere un consenso para resolver los conflictos. Nos tenemos que volcar a responder las preguntas para entender qué le está pasando a la sociedad”.

En la Carta Universitaria a la Nación colombiana, los rectores de la UNAL y las universidades Tecnológica de Pereira, Externado de Colombia, Javeriana, de Antioquia, del Valle y de Los Andes, hacen un reconocimiento al movimiento social como expresión de las necesidades “más sentidas de la sociedad” y desde la agenda de discusión hacen propuestas estructurales en los temas de pacto fiscal y desarrollo socialmente incluyente, derecho a la salud y sistema de salud y fortalecimiento de la democracia e implementación plena de la Constitución de 1991.

Además, en los asuntos que conciernen a la implementación plena de los acuerdos de paz como condición de convivencia democrática, Estado de derecho, protesta social y Fuerza Pública y Derecho a la educación y acceso equitativo al conocimiento.

En la carta los rectores expresan la invitación a “buscar convergencias y proponer soluciones a la actual crisis que vive nuestra sociedad y construir una Colombia en paz, democrática, equitativa, incluyente y comprometida con el desarrollo sostenible”.

(FIN/KGG)

10 de mayo de 2021