Uno de los casos de corrupción más recientes en el país fue el del billonario contrato, con documentación falsa, para ofrecer conectividad a 14.745 colegios públicos. Foto: tomada de bit.ly/3lvk2Uh

Colombianos involucrados en el escándalo de evasión de impuestos denominado Pandora Papers: el supuesto pago de 86000 millones de pesos en tratamientos no POS de falsos pacientes conocido como cartel de la hemofilia o el robo de unos 5 billones de pesos a la refinería Reficar, que inició en 2007 y salió a la luz pública 11 años después, son algunos de los casos de corrupción que se han dado en el país. Analistas explican la raíz y las posibles salidas a este fenómeno, las cuales deben partir de cambios estructurales.

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En la corrupción tiene mucho que ver que Colombia tiene una burocracia clientelista y un sistema judicial altamente interferido por los partidos políticos, según Juan Gabriel Gómez Albarello, abogado y doctor en Ciencia Política, profesor del Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales (IEPRI) de la UNAL Bogotá.

Plantea que, “en ausencia de árbitros que hagan respetar las reglas de juego, la competencia electoral tiende a ser corrupta. ¿Y por qué? Si se gana, se tiene el control de los recursos, en ese sentido, las probabilidades de recurrir a dineros ilegales son altas, y no se necesita que sea de criminales, pueden ser de empresarios legales que violan la ley”.

Lo anterior y el contexto nacional conlleva a otros asuntos, pues expone que, donde hay desigualdad suele haber impunidad, en la medida en la que es común que los poderosos evadan el cumplimiento de las leyes, dado que “tienen recursos con los que pueden influir en las decisiones de los jueces”.

Colombia, llama la atención la socióloga y doctora en Ciencias Políticas, Luz Mary Alzate Zuluaga, profesora del Departamento de Ciencia Política de la Facultad de Ciencias Humanas y Económicas de la UNAL Medellín, ha estado fragmentada durante el último siglo y fundamentalmente a partir del periodo de la Violencia, que ha llevado a que la relación con lo público también esté fraccionada.

La corrupción... y los corruptos

Según el docente Gómez Albarello, la llamada cultura de la corrupción es una consecuencia de una estructura institucional y económica, pero a la vez, una causa, porque legitima los comportamientos corruptos.

“El razonamiento de muchas personas en el país, dice, es: ¿yo para qué pago impuestos si se los roban? Esa pregunta es una de las mejores expresiones de la corrupción en Colombia, porque quiere decir: ‘entonces mejor me los robo yo’”. Las contribuciones a la hacienda pública, añade, son importantes teniendo en cuenta que con ellas se financia, en esencia, la educación, la salud y la infraestructura vial, por tanto, evadirlas es generar afectaciones. Y es lo que ocurre en el país, agrega, que se antepone el interés particular sobre el colectivo.

En ese sentido, Raquel Ceballos Molano, abogada, doctora en Derecho General y profesora de la Facultad de Administración de la Universidad del Valle, afirma que quien hace actos de corrupción con el presupuesto público “viola los derechos humanos porque ese dinero está destinado a atender necesidades sociales, económicas y culturales”.

Para Alzate Zuluaga, más que tener relación directa con la cultura, la corrupción tiene que ver con las instituciones: “si tuviéramos unas fortalecidas y legitimadas socialmente, esto cada vez se vería menos naturalizado, con sentimiento de indignación, que es lo que puede propiciar que la gente, cada vez, la rechace con más ahínco”.

En el país, según la docente, las instituciones son desmeritadas por su propio proceder, como puede ser el caso de la Fiscalía, “y ese tipo de situaciones hace difícil que la gente se sienta representada y, por tanto, sea fácil romper las reglas”. No obstante, argumenta que, si bien la corrupción puede reflejarse en asuntos de “gran monta” como el caso del escándalo de contratación del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, o lo que se ha conocido sobre Odebrecht o el cartel del papel higiénico, en la cotidianidad también se vive la trampa, una práctica que “no solo tiene que ver con grandes robos al erario público”.

¿Es posible combatir la corrupción en Colombia?

Desde la época de la Independencia, afirma la profesora Ceballos Molano, los ciudadanos contribuían con sus aportes al presupuesto público para crear una nueva república. “La corrupción en Colombia siempre ha estado latente, pero antes ese aprovechamiento no era tan rampante, abusivo ni descarado como lo es en este momento. Entre más élites formadas tiene el país y nuevas castas que no vienen del manejo de la tierra, directamente, se han involucrado muchísimos dineros del narcotráfico, de lo fácil y de tener lujos”.

Los actos de corrupción, añade, fueron mesurados hasta los años 70. A partir de los 80 el país “entró en una espiral más grande permeada por negocios ilícitos en la administración pública, con intereses de aprovechar ‘el cuarto de hora’ y el tinte partidista”.

En el país, expone el profesor Gómez Albarello, se han hecho dos intentos importantes por combatir la corrupción: Durante el Frente Nacional se trató de crear un servicio civil que no prosperó, y la Constitución Política Nacional. “De hecho, tenemos la Comisión Nacional del Servicio Civil, pero ¿qué hacen los gobiernos centrales, regionales y municipales? contratar a un montón de gente por prestación de servicios que dependen del arbitrio y el favor de los politiqueros de turno, muy distinto a tener personas en carrera”, asegura.

El docente considera que en el corto plazo es posible un cambio, pero eso depende, asegura, de cómo se vote en las elecciones de 2022. ¿Vamos a elegir a los mismos para que sigan en las mismas o vamos a promover una alternancia en las estructuras de poder?, cuestiona. “Lo tenemos que hacer y eso nos lo tenemos que meter en la cabeza”, enfatiza.

El país, cree la profesora Ceballos Molano, debe hacer un tránsito a procedimientos éticos, además, confía en que la tarea de conocer la Constitución Política sea un camino, pero también considera que la Rama Ejecutiva del país debe “tener claro que la imagen internacional de Colombia es cada día más degradante y estamos incumpliendo con convenciones y tratados internacionales contra la corrupción. Como país miembro de la ONU debe ser garante de que los procesos, a nivel mundial, realmente se lleven a la práctica”.

(FIN/KGG)

Octubre 11 de 2021