Gales, país del Reino Unido, se cansó de los políticos mentirosos y anunció la puesta en marcha de una "ley pionera mundial" que busca ilegalizar el engaño y descalificar a candidatos y miembros del Parlamento que sean declarados culpables por este hecho, con el fin de combatir la "amenaza que representa la mentira para la democracia". Además de garantizar transparencia, la norma que entraría en vigencia en 2026 busca dar un ejemplo internacional. ¿Funcionará?, ¿será posible en Colombia?
Será un delito que los políticos engañen intencionalmente en Gales. Para sus próximas elecciones en 2026 del Parlamento, el gobierno trabaja en una prohibición a las mentiras de los políticos. La ley, descalificaría para ser miembros del Parlamento, (Senedd Cymru), conocido como Senedd, a políticos y candidatos que sean declarados culpables de engañar o mentir deliberadamente en este contexto.
“Aunque no hay mucha información es una ley que está en curso, por supuesto una propuesta que se tiene que aplaudir para los contextos del norte global que tienen otras dinámicas más exigentes de control y veeduría por parte de la ciudadanía de todo lo que es la esfera política. ¿Cuándo pensamos cómo trasplantar esta legislación o normatividad que eventualmente permita castigar al político mentiroso a nuestro contexto?, pregunta el profesor titular de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional de Colombia sede Bogotá, Óscar Mejía Quintana.
El doctor en filosofía política explica que esto no sería sencillo en el país, debido a diversos factores, entre ellos, la cultura mafiosa “que se ha apoderado de nuestra idiosincrasia colombiana. Esa cultura y mentalidades mafiosas, están orientadas en no reconocer la verdad o la culpa, manipular e instrumentalizar una figura de la política que es clave: la retórica. La retórica es el corazón de la política, el arte de convencer al otro a través de las palabras del discurso, del argumento. En la misma retórica hay una visión, a veces disfrazada, de las intenciones para ocultar los verdaderos objetivos e intereses”, agrega el doctor en Filosofía Política y en Filosofía del Derecho.
De allí, explica el docente, se desprende el carácter ladino de nuestra idiosincrasia. “Ladino básicamente era un traductor entre culturas para que se entendieran entre sí. Pero como bien dice el dicho latino: traduttore, traditore (traductor, traidor), entonces este ya sea con intención o sin ella, terminaba acomodando las palabras de la traducción,a objetivos e intereses, a veces personales, que no se identificaban propiamente con los verdaderos términos de la conversación”, complementa Mejía Quintana, posdoctor en Derecho de Nación.
"No lo aceptamos de los médicos o los abogados, ¿por qué de los políticos?"
El Parlamento Galés es el órgano elegido democráticamente que representa los intereses del país y su pueblo, crea leyes, acuerda los impuestos y exige cuentas al gobierno galés. “Según la propuesta de ley sería un delito que un miembro del Senedd o un candidato a las elecciones del mismo hiciera o publicara deliberadamente o con intención de engañar una declaración que se sabe que es falsa o engañosa. Sería una defensa si se pudiera 'inferir razonablemente' que se trata de una declaración de opinión, o si se retractara con una disculpa presentada dentro de los 14 días. El procedimiento deberá interponerse dentro de los seis meses siguientes a la fecha en que se efectuó la declaración. Ser procesado por una ley de este tipo descalificaría a una persona para ser miembro del Senedd”, expone la BBC de Londres en un artículo.
Sin embargo, todavía no está claro si la prohibición propuesta convertiría la mentira en un delito penal o en una sanción civil. Al proyecto de ley, que aún no ha sido aprobado, aún le quedan dos etapas más de debates por superar, agrega el medio de comunicación. Además, señala que, algunos políticos han declarado que, “más que una rebelión, creo que este tipo de cosas son una parte importante de la maduración del Senedd como institución"; mientras otros consideran que la “democracia está bajo amenaza”.
Mentira en la política: crisis global
El mundo político está en una crisis “que se agudizó a partir del auge de las nuevas tecnologías o las tecnologías digitales como las redes sociales, el internet, y la inteligencia artificial", argumenta Néstor Julián Restrepo Echavarría, doctor en política y politólogo de la Universidad Nacional de Colombia sede Medellín.
“Esta medida proviene de un gobierno que ha tenido varios campanazos de alerta, esta sería una patada de ahogado de la institucionalidad política, tratando de salvar algo que desde hace rato está muy decaído y es la legitimidad de esa misma institucionalidad. Preguntémonos, ¿cuál sería la verdad en la política cuando lo que lo que un político trata de decir puede beneficiar a unos ciudadanos y afectar a otros? En ese momento aparece lo que es políticamente correcto y es cómo digo las cosas para beneficiar a la mayor cantidad de gente”, cuestiona Restrepo Echavarría, profesor universitario.
En ese sentido, desde la comunicación política y la opinión pública, “es muy interesante visibilizar cómo se logrará cristalizar esta ley o iniciativa, porque también se entraría a un juego muy peligroso y es el juego del límite: ¿quién va a ser el juez?, ¿quién determinará qué es verdad y qué es mentira? El Estado debe cuidarse de no convertirse en perseguidor, esto es muy difícil, sin embargo, es un laboratorio maravilloso, una oportunidad para ver si es posible lograrlo. Si lo logran, hacen el gol que necesita en estos momentos del mundo, pues se requiere que las cosas vuelvan a la justa proporción de lo que sea más cercano a la verdad en lo político”, manifiesta Restrepo, especialista en Comunicación y Cultura.
¿A un paso de erradicar políticos embusteros?
“Actualmente hay un proyecto global del que hace parte Colombia y la Universidad Nacional llamado Lenguaje claro, que busca hacer más accesible el lenguaje legal para los ciudadanos debido a que este se vuelve tan técnico que disfraza mentiras, disfraza expectativas, disfraza objetivos. Y en ese disfraz es donde muchas veces, como dice el dicho: hecha la ley, hecha la trampa, por parte de los que la saben manipular y se aprovechan de ella. Ese proyecto intenta, también, darle sencillez al lenguaje jurídico y al normativo en general”, agrega el profesor de la UNAL Bogotá, Óscar Mejía Quintana.
Para el docente, este es un paso por la transparencia política, que se logra, además de clarificando y exponiendo los intereses muchas veces ocultos de las normas, permitiendo al ciudadano de a pie acceder a través de una lectura espontánea a la normatividad y a mecanismos judiciales necesarios para la veeduría.
En un contexto más regional, para el caso de Colombia, es necesario contar con un Tribunal Electoral, “una especie de aforado que sea conformado por diferentes miembros de la clase política o del Consejo Nacional Electoral, lleno de expertos en derecho electoral y derecho político, donde los partidos quienes ejecutan una acción política, sean sancionados por decir cosas que no corresponden a la realidad o por gastarse más de lo que se deben gastar, etc. En ese aspecto, otros países nos llevan años luz, por ejemplo, Panamá tiene un Tribunal Electoral bastante consolidado y México ya ha hecho varias reformas, va por la tercera, donde ya tiene un Instituto Federal Electoral, que se está convirtiendo en un tribunal. Nosotros no vamos aún ni en ese camino y esa sería la base para empezar a pensar en leyes y en ese tipo en discusiones donde se prohíba que los políticos digan mentiras”, concluye el egresado y politólogo de la UNAL Medellín, Néstor Restrepo.
(FIN/JRDP)
23 de septiembre de 2024