Durante décadas, la mutilación genital femenina ha sido una práctica arraigada en algunas comunidades indígenas de Colombia. Un nuevo proyecto de ley busca cambiar esta realidad y garantizar los derechos de las niñas y las mujeres a través de la erradicación y penalización de esta tradición, que pone en riesgo su integridad física y psicológica. Sin embargo, esta situación se debe abordar desde las raíces culturales y sociales, promoviendo la educación y la sensibilización de los pueblos indígenas donde aún se realiza.

Esta práctica se realiza a niñas desde sus primeros días de nacimiento hasta adolescentes entre los 17 y 18 años. Foto cortesía Gerencia Indígena de Antioquia.

La mutilación genital femenina (MGF), también conocida como ablación, comprende todos los procedimientos no médicos (que se realizan, además, sin anestesia o instrumentos quirúrgicos adecuados y el uso de plantas para la curación) con el fin de extirpar parcial o totalmente los órganos genitales externos femeninos, como el clítoris y los labios vaginales menores o mayores, a través de cortes, quemaduras, raspaduras, estrechamiento de la abertura vaginal y otras lesiones a niñas y adolescentes de todas las edades: desde recién nacidas y hasta los 17 o 18 años aproximadamente.

Esta práctica es considerada por organizaciones internacionales como “una forma de violencia que causa daños a la salud física, mental y hasta la muerte de niñas y mujeres, que refleja y perpetúa la desigualdad de género y se constituye en una violación de los derechos humanos”, de acuerdo con el Fondo de Población de las Naciones Unidad (UNFPA), organismo encargado de la salud sexual y reproductiva, en países como Colombia donde aún se realiza en distintas comunidades indígenas y afrodescendientes.

Para la antropóloga, historiadora y especialista en etnología, Ximena Pachón, este es un tema que en el país ha sido poco estudiado y registrado y cuya información de la que se dispone es reducida y frágil.

“Muchos de los antropólogos, sobre todo en Chocó, señalan que han oído al respecto, también se ha ubicado esta práctica dentro de un grupo muy pequeño de las comunidades indígenas Emberá. Es un hecho del que se tiene registro hace relativamente pocos años, lo que ha sido una limitación para adelantar acciones, aunque las que ahora se están haciendo indudablemente son muy importantes”, señala la profesora del Departamento de Antropología de la Universidad Nacional de Colombia Sede Bogotá.

La existencia de la ablación en el territorio colombiano se describió en el 2007, específicamente en las comunidades indígenas Emberá de los municipios de Pueblo Rico y Mistrató, Departamento de Risaralda, a raíz de la muerte de una niña, de acuerdo con el Ministerio de Salud (MinSalud), según detalla el Informe para la ponencia del primer debate del Proyecto de Ley No. 239 de 2024, documento redactado en septiembre de 2024.

Actualmente existen dos proyectos de ley de la Cámara de Representantes en torno a este tema, ambos de este año. El primero (N° 082/2024 radicado en julio) busca "modificar los artículos 12, 13 y 43 de la Constitución Política y penalizar la mutilación genital femenina y establecer disposiciones para su atención y abordaje". Este primero, acumulado en el Proyecto de Ley (N° 239 de 2024 radicado en septiembre) pretende "dictar medidas para prevenir, atender y erradicar la ablación o la mutilación femenina en todo el territorio nacional donde se realice esta práctica para garantizar los derechos de las niñas y las mujeres indígenas de la gran nación Emberá y se dictan otras disposiciones". 

Aunque en Colombia no hay registros exactos sobre el número de niñas y mujeres a quienes se les ha realizado esta práctica en el país, según MinSalud se estima que dos de cada tres mujeres Emberá han sufrido mutilación genital femenina.

Desde el 2011 hasta el 2021, se conocieron 141 casos de mutilación genital femenina en poblaciones indígenas de Pueblo Rico, Risaralda, según MinSalud. Por su parte, entre enero y noviembre de 2023, el Instituto Nacional de Salud de Colombia (INS) reportó la detección de 89 casos principalmente en niñas entre 0 y 5 años, pertenecientes en un alto porcentaje a comunidades indígenas del país. A su vez, entre enero y abril de 2024, se registraron 30 casos en Risaralda, además de dos casos en Bogotá.

De acuerdo con datos de Medicina Legal, también se tiene conocimiento de seis casos ocurridos en diferentes años en Mistrató (Risaralda); Chocó; Andes y Medellín (Antioquia); Anserma (Caldas) y Toro (Valle del Cauca). De acuerdo con los testimonios aportados por lideresas Embera al Ministerio del Interior, es muy difícil conocer una cifra real sobre las muertes como consecuencia de la práctica, debido a que estos hechos se reportan con poca frecuencia, puntualiza el Informe para el primer debate del Proyecto 239.

Debido a que ni el Ministerio de Salud ni el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) tienen datos específicos sobre la MGF en sus informes estadísticos nacionales, es fundamental que, de ser aprobado el Proyecto de Ley, se contemple que estos actores recopilen y formulen boletines en este sentido para visibilizar y contribuir al establecimiento de líneas base que permitan un acercamiento y avances para la eliminación de la mutilación genital femenina en Colombia.

“Una práctica socialmente aceptada y valorada” 

El Informe de la ponencia del Proyecto de Ley 239 hace referencia a que la mutilación genital femenina ha sido una práctica socialmente aceptada y valorada en el pueblo Embera.

“Incluso, las mujeres la habían asumido, hasta ahora, como algo natural, en particular las adultas mayores, consideran que forma parte de su orgullo y su ser integral como mujeres y la interpretan como una ‘curación’. Esta se realiza por creencias basadas en mitos, rituales, tradiciones y desconocimiento médico de la sexualidad y derechos reproductivos que infligen dolor y, en gran parte de los casos, hasta la muerte por falta de atención, infección, desangramiento, entre otros”, expone el documento.

“Mi nombre es Francia Elena Giraldo Guasorna, soy líder mujer Embera Chamí del resguardo unificado sobre el río San Juan, municipio Pueblo Rico, Risaralda, gobernadora de la vereda El Porvenir. […] Traemos algo que nos viene aquejando durante muchos años, a pesar de que dicen que es cultura, para mí como mujer Embera no es cultura, la ablación de la niña Embera, la mutilación del clítoris. Yo sé que por expresar esas palabras acá se me puede venir el mundo encima, pero a mí no me importa, porque yo quiero que como mujer Embera esa práctica algún día se pueda acabar, porque esto está violando el derecho de la mujer Embera y para mí esto no debería seguir pasando. Como mujer Embera quiero venir y pedir la ayuda de ustedes, porque ustedes pueden y son capaces de colaborarnos para que esta práctica algún día se termine”, comentó una de las promotoras indígenas de la iniciativa 239 ante la Plenaria de la Cámara de Representantes realizada el 3 de abril de 2024. 

Por su parte, Yeny Andrea Tascón, mujer indígena del pueblo Chamí, consejera de mujer y género de la Organización Indígena de Antioquia (OIA) y quien participó en la construcción colectiva del Proyecto de Ley No. 239, relata que la ablación se practicaba en Antioquia (según decían las mayoras o adultas mayores) para que la niña al crecer no tuviera deseos de buscar muchos hombres, que fuera una mujer para un solo matrimonio y que no estuviera de pareja en pareja. Gracias al diálogo y a la construcción colectiva, esta logró erradicarse en el departamento, enfatiza.

“Ellas decían que 'arreglaban' a las niñas desde sus primeros días de vida con ese propósito. Esto se hacía tan al interior de la familia que ni siquiera el papá se enteraba de lo que le ocurría a la niña. Aunque es una práctica promovida por las mayoras, los hombres también tienen que ver, cuando se radicó el Proyecto de Ley, la compañera Francia contó la historia de una niña a la que no se le hizo la ablación y cuando se casó, siendo adulta, el esposo la devolvió a la familia porque 'no estaba arreglada', haciéndola objeto de burla y de violencia al ser señalada y acusada, los hombres también tienen su parte para que esta práctica siga”, agrega Yeny Tascón.

Teniendo en cuenta lo anterior, la consejera de mujer y género de la OIA manifiesta que este Proyecto debe ir más allá de lo punitivo y de castigar con la cárcel. 

“Quienes hacen estas prácticas son las mujeres más adultas indígenas, por esto debemos reflexionar que mucho más allá de castigar, hay que hacer todo un ejercicio pedagógico y de acompañamiento a los procesos organizativos de las comunidades para garantizar la integridad mental y física de las niñas, que crezcan en entornos sanos, de cuidado y de amor, debemos pensar cómo replantear esas prácticas culturales con los adultos. Si este proyecto pasa, además el Gobierno Nacional y los gobiernos departamentales deben inyectar recursos para hacer un acompañamiento real y efectivo que permita la erradicación de esta práctica”.

En ese sentido, Claudia Liliana Uribe Mejía, abogada y magíster en derecho penal, señala que las comunidades indígenas parten de un derecho colectivo; sin embargo, tienen claro que deben salvaguardar los derechos fundamentales individuales, por esta razón, cada jurisdicción indígena tiene posibilidades de corregir ciertas conductas o comportamientos que van en contravía de estos derechos.

“Aunque la mutilación genital hace parte de las costumbres para algunos pueblos, para tener su libre jurisdicción especial otorgada en el Artículo 246 de la Constitución Política de Colombia (que permite a los pueblos ser juzgados por sus propias autoridades y procedimientos), tienen que respetar los derechos fundamentales. Lo que significa que a la luz de este Artículo, tienen prohibido hacer la mutilación, pero, como esto puede ser interpretado de manera diferente por cada cultura, considero que estaría bien que haya una ratificación de esa prohibición de manera directa, que sea socializada y comprendida por los resguardos, que a veces no tienen esa interpretación a nivel constitucional”, argumenta la profesora y asesora del Consultorio Jurídico en temas de jurisdicciones indígenas de la Universidad de Antioquia.

De acuerdo con noticias publicadas recientemente por el Congreso de la República (10 de noviembre de 2024), el Proyecto de Ley No. 239 de 2024 está pendiente de la designación de ponentes para su primer debate en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes. Entre tanto, continúa la discusión ciudadana, de la que hacen parte algunas mujeres indígenas, sobre los límites que deberían tener estas prácticas consideradas culturales y socialmente aceptadas, que cruzan los límites de la violencia de género y el respeto por los derechos humanos.

(FIN/JRDP)

12 de noviembre de 2024