La restitución de tierras y viviendas no es suficiente para una reparación integral de las víctimas de desplazamiento forzado en Colombia, así lo evidencia una investigación realizada en la UNAL Medellín que analiza, desde la legislación nacional y la experiencia de cinco familias desplazadas en Antioquia, la concepción del retorno y la entrega de inmuebles como mecanismo de restitución. Sin embargo, se estaría desconociendo algunos elementos intangibles y simbólicos esenciales que también fueron arrebatados, como prácticas de subsistencia cotidianas ligadas a un hábitat construido por distintas generaciones.

Entre el 12 y el 14 de junio de 1988, 13 mineros y un adolescente fueron secuestrados, torturados, asesinados, desmembrados y arrojados al río Nare en San Rafael. Vivienda de la vereda. Foto cortesía de Daniela Lopera.

San Rafael es uno de los municipios donde el 95% de su población es víctima del conflicto armado interno. Desde 1985, más de 15 627 personas de todas las generaciones han sido víctimas de amenaza, despojo, tortura, asesinato y diversas violaciones a los derechos humanos. De ellas, cerca de 11 563 (el 74%) fueron desplazadas de sus hogares por la guerra durante las décadas de los ochenta, los noventa y los dos mil de acuerdo con la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las víctimas (UARIV), situación que convirtió a esta localidad del Oriente antioqueño en un pueblo fantasma.

Historias como las de las familias Giraldo García, Buriticá Rincón, Cuervo, Salazar Torres y Taborda García, habitantes de la Vereda El Topacio, retratan esta tragedia sistemática que para ellas inició en 1988 con la masacre de 14 mineros, entre ellos sus hijos, padres, hermanos y esposos, en el campamento artesanal Los Encenillos de esta zona rural. Un éxodo que por más de 30 años los llevó a transitar distintos territorios del departamento, huyendo de la violencia y el desarraigo, para luego retornar a los terruños que tiempo atrás llamaron hogar.

La situación de San Rafael y otros lugares de Colombia que parece macondiana, la inquietud constante por darle una resignificación a la vivienda desde la arquitectura más allá de un espacio u objeto inerte y el interés por entender cómo se concibe este lugar tras el retorno de los desplazados, fueron las razones que llevaron a Daniela Lopera Avendaño, estudiante de la maestría en Hábitat de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional de Colombia Sede Medellín a la investigación Del hábitat despojado a la vivienda restituida al habitante retornante: trayectorias durante el desplazamiento forzado. Caso San Rafael, Antioquia.

A 2020 se registraron en el país 8 553 416 víctimas del conflicto armado, con 7 967 965 expulsadas forzosamente de sus territorios porque su vida, integridad física, seguridad o libertad personales fueron vulneradas o se encuentran directamente amenazadas, según datos de la agencia de la ONU para refugiados ACNUR y la Red Nacional de Información (RNI). Según la investigación, esta situación representa un despojo material y simbólico de los lugares o territorios donde se ejercía un uso, propiedad, ocupación y/o tenencia.

“Esta curiosidad viene desde el pregrado, siempre me llamó la atención la vivienda porque me parecía un objeto físico lleno de afectividades, aunque es estático. Allí el hombre existe en él y lo carga a partir de una cualificación sociocultural que va elaborando. Desde la arquitectura, esos habitáculos son espacios que brindan seguridad y amparo, pero eso es algo que la población desplazada no tiene y en ocasiones habita en las marginalidades. Empecé a mirar esa otra cara de la realidad de Colombia y puse los pies sobre la tierra, vivo en un país que tiene historia y quiero ser parte de ella, hacer algo porque desde la arquitectura casi nadie aborda esa otra parte: ese espacio a partir de lo que el hombre construye”, comenta Daniela Lopera.

El estudio hace referencia a las vivencias del retorno de cinco familias habitantes de la vereda El Topacio de San Rafael, que durante treinta y cuatro años (1988-2023) se enfrentaron a acciones de despojo, abandono y el tránsito por distintos lugares de reasentamiento en territorios de acogida obligados, para finalmente realizar un proceso de retorno voluntario a su lugar de origen en el marco de la Ley 1448 de 2011 o Ley de Víctimas y Restitución de tierras. Además, incorpora la perspectiva de autores académicos e institucionales sobre el despojo, el desplazamiento forzado y el retorno.

Su ubicación estratégica en la zona de embalses y la realización de actividades mineras auríferas artesanales, agricultura, ganadería, pesca y otras en la cuenca del río Nare hizo del municipio de San Rafael un territorio atractivo para distintos grupos armados, convirtiéndolo en un campo de batalla para el Ejército de Liberación Nacional (ELN), las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), los grupos paramilitares y la fuerza pública, con la población civil en medio del fuego.

La arquitecta explica que la tesis se centra en tres puntos que hacen parte de una línea cronológica que los une. Primero, se presenta el “antes” del despojo, partiendo de la configuración territorial del hábitat minero artesanal aurífero, visto desde lo cotidiano en los patrones espaciales de la vivienda del origen, para entender qué es el hábitat despojado y qué pasa cuando se les saca de sus viviendas. Segundo, se aborda el desplazamiento forzado con unas reflexiones durante esas trayectorias recorridas, sus itinerancias como umbral de los distintos reasentamientos durante el despojo y, por último, se analiza el retorno voluntario a su lugar de origen.

“Este último para observar la estabilidad, la apropiación, la protección y la permanencia en los modos de ocupación de las viviendas, pues una vez que la población desplazada se establece, se va adaptando a sus necesidades, a la reconfiguración espacial y territorial de las casas, a las prácticas de sustento y a las relaciones de vecindad en ese retorno voluntario entre la memoria y el olvido. Ese hábitat es por lo que ellos regresan y a lo que se aferran, es un punto álgido debido a que la mayoría de la población vivía de la cotidianidad de la minería artesanal aurífera, pero ahora la realidad es otra”, señala Lopera Avendaño.

“Un drama que nunca termina”

Los protagonistas de esta investigación son cinco familias afectadas. Los Giraldo García, cuya historia es narrada por Patricia, una madre que perdió a sus tres hijos durante la masacre. De la familia Buriticá Rincón, Rosa narra cómo perdió a su esposo, uno de los catorce mineros asesinados. Por su parte, María Cuervo relata qué ocurrió con su hermano y su sobrino en el campamento Encenillos. La ocurrido a la familia Salazar Torres lo cuenta el padre, Libardo, quien enumera cómo su esposa e hijos sufrieron actos de violencia emocional, amenazas, insultos, intimidaciones y otras coacciones hacia ellos, además del saqueo de víveres y daños en la estructura física de su propiedad de sustento. Por último, la familia Taborda García, donde Alba (hermana de Patricia) describe cómo después de perder a su esposo asesinado en la masacre de 1988 partió de su municipio natal.

Según la tesis, el despojo en áreas estratégicas de recursos naturales no renovables en territorios rurales genera cambios materiales y simbólicos profundos, tanto en la población expulsada como en sus terrenos de residencia donde desarrollaban su proyecto de vida y ejercían prácticas para el sustento económico.

Las historias de las víctimas, sumado al análisis de la legislación colombiana al respecto, llevan a la reflexión sobre cómo se concibe la vivienda frente a la política pública del retorno que según esta, y la Ley 1448 de Víctimas y Restitución de Tierras y la Ley 2079 de 2021 que dicta disposiciones en materia de vivienda y hábitat, “hablan de esta como un artefacto que sirve para habitar y albergar al hombre, pero no la ven como esa ‘red’ donde se desenvuelve el sujeto, donde acontecen sus actividades cotidianas, donde él se forja en un lugar fijo en el espacio, donde se domina a sí mismo, al mundo y donde puede habitar y transformar”, expone Daniela Lopera.

Más que paredes y techo

Esta línea de tiempo cronológica no solo habla de cómo fue el desplazamiento, pues, de acuerdo con la investigadora, este se constituye según la política pública como la ida del campo hacía otro municipio, “pero no es solamente eso, si analizamos la política no le da sentido a lo que de verdad se le quita, el desplazamiento no es solamente una travesía, es la pérdida de aquello que nos configura como seres, es abandonar la vivienda, el terruño, el permanecer, el ser humano en un espacio social habitado, cohabitado y socialmente construido por ellos mismos”, agrega la futura magíster en Hábitat.

De acuerdo con la arquitecta Lopera, esta exploración permite visualizar situaciones semejantes en otros municipios de Colombia, donde también ocurre el desplazamiento del hábitat en zonas geoestratégicas por la explotación de recursos naturales no renovables y se restituye solo la tenencia a la vivienda como un inmueble. Una retórica discursiva del Gobierno con la que justifica la garantía del retorno a una situación habitacional similar previa a la del hecho victimizante, desconociendo que la vivienda rural despojada a la cual se retornó ya carece de esa forma de sustento y construcción social.

“Hay unos patrones espaciales en ese hábitat y la pérdida de estos es lo que más les ha dolido a estas familias cuando regresaron a sus tierras entre el 2016 y el 2018: esa articulación entre comunidad se fue disolviendo, porque no retornan en las mismas condiciones, cuando a uno le restituyen la vivienda no hay una restitución totalmente digna pues no se ocupa de otros factores más allá de lo físico, hace falta esa configuración que se hace con la comunidad, con el paisaje y con el territorio, esa reconstrucción del tejido social no se ha garantizado totalmente”.

Para la directora del trabajo de grado, Mónica Mejía Escalante, esta investigación representa una visión distinta en el ámbito de las ciencias sociales y la arquitectura sobre el espacio y el territorio, con un valor agregado debido a que presentar una mirada no solo de la arquitecta que diseña, sino de una profesional que busca comprender los fenómenos sociales, las violencias y las vulnerabilidades que sufrió esta población.

“Existen pocos estudios relacionados con desplazamiento que hacen una observación tan detallada sobre esas travesías, recorridos y dónde y cómo llegan a vivir estas personas. Después de estar con estas familias para hablar de este tema a profundidad, termina estableciendo, aun siendo arquitecta, que hay muchos asuntos sociales desde la experiencia y la vida de las personas que habría que tenerse en cuenta para estos procesos de restitución, además de los espaciales y lo relacionado con vivir en un lugar adecuado. Es muy interesante porque ausculta sobre esa política y genera unos criterios y unos planteamientos de lo que está sucediendo y por qué pareciera que los procesos de restitución de tierras, como algunos especialistas lo dicen, no están dando sus frutos porque la gente no vuelve”, agrega la profesora asociada a la Facultad de Arquitectura de la UNAL Medellín.

Para Daniela Lopera este trabajo la llevó a una reflexión personal y profesional profunda sobre su rol. “Los arquitectos debemos aprender a mirar la vivienda no solo como un artefacto físico que ayuda al hombre a vivir y habitar, sino como el lugar donde el habitante es y está, no solo desde su condición de morador, sino como quien configura las relaciones, el tejido social y habitacional. Para el caso del desplazamiento forzado debemos desaprender que la vivienda es un objeto en sí, e identificar cuáles son las necesidades que se presentan actualmente en el país en este tema para el retorno de la población despojada dese esa otra mirada”.

Proceso transitorio del sujeto desplazado retornante. Ilustración: Daniela Lopera Avendaño.

(FIN/JRDP)

8 de abril de 2024