Según la FAO el 65% de las personas está en riesgo de inseguridad alimentaria aguda en países en los que hay conflictos armados. Foto: Syngenta - tomada de bit.ly/3L9Qfef

Más allá de la reciente polémica generada por el informe de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), el Estado debe analizar causas estructurales y propender, por ejemplo, por regular importaciones y fortalecer el sector agrario en el país, según académicos.

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Con el informe Puntos críticos de hambruna. Alertas tempranas FAO – PMA sobre la inseguridad alimentaria aguda. Perspectivas de febrero a mayo, se advirtió sobre la situación de riesgo, en esta materia, de Etiopía, Nigeria, Sudán del Sur y Yemen, y en América Latina: Haití, Honduras y Colombia.

Según el documento, en 2020 aproximadamente el 65% de las personas que vivieron bajo inseguridad alimentaria aguda está en países en los que hay conflictos armados. También influyen las crisis sociopolíticas, los altos precios de los alimentos y el bajo poder adquisitivo.

Luego de la publicación del informe, la canciller y vicepresidenta de Colombia, Martha Lucía Ramírez, solicitó retirar a Colombia del mapa y rectificar información por considerar que desconoce el trabajo del Gobierno colombiano que, mencionó, está orientado a aumentar la oferta y producción de alimentos, fortalecer cadenas de valor y minimizar riesgo de desabastecimiento o escasez.

Tras el reparo, el representante de la FAO, Alan Jorge Bojanic, expuso que el informe buscaba llamar la atención, pero que tenía vacíos y que sería injusto no reconocer los esfuerzos que la presidencia ha realizado en cuanto a la seguridad alimentaria.

Asuntos estructurales

Para León Darío Vélez Vargas, estudioso del tema y profesor del Departamento de Ciencias Agronómicas de la Facultad de Ciencias Agrarias de la UNAL Medellín, la situación está condicionada por la ausencia de empleos que, en contexto de pandemia en 2020, se reflejaron en 509370 micronegocios cerrados, de acuerdo con el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE).

Sin embargo, esta coyuntura no es nueva, dice al referir la encuesta Pulso Social del DANE, de 2021, que indica que el 88,9% de las familias colombianas consumían tres comidas al día antes de la pandemia y para diciembre del 2021 esa cifra se redujo al 69,1%, “lo que significa que 14’399043 personas comían dos veces al día, 1’445075 personas se alimentaban una vez al día y 154828, menos de una”, explica.

La expansión de cultivos como los de aguacate hass, caña de azúcar y de aceite de palma para exportación han ocupado territorios que antes se dedicaban a la producción de alimentos de la canasta familiar, según él, y que desplazan la mano de obra dedicada a la agricultura.

Considera que se trata, entonces, de un problema estructural, y en eso coincide Sara Del Castillo, profesora del Departamento de Nutrición Humana de la UNAL Bogotá y coordinadora del Observatorio de Soberanía Alimentaria y Nutricional, quien habló sobre el tema en el programa de radio Análisis UNAL. Allí expuso que la situación de hambre es prevalente en el país, aunado al incumplimiento del Acuerdo de Paz, cuyo punto 1 tiene que ver con la Reforma Rural Integral estipulada para integrar regiones, contribuir a erradicar la pobreza y promover la igualdad.

Carestía

Para Piedad Roldán Jaramillo, decana de la Facultad de Ciencias de la Nutrición y los Alimentos de la Universidad CES, aun sin tener en cuenta las cifras, hay situaciones sociales que se dan en el país y que son identificadas como las causas de la situación de hambre y de inseguridad alimentaria en hogares y regiones con “vulnerabilidades altísimas”.

Entre esas condiciones a las que se refiere está el contexto social y económico que, en Colombia, “no es fácil, pues en este momento está marcado por la carestía de los alimentos, lo que significa un riesgo altísimo en la seguridad alimentaria”, dice al citar uno de los aspectos.

En la base del hambre está la pobreza extrema, agrega, lo que se ve reflejado en la inseguridad alimentaria y representa una deuda social.

Como los profesores Vélez Vargas y Del Castillo, considera que se trata de un problema asentado en razones estructurales, y ante la reclamación de la canciller Ramírez, menciona que reconoce que se han implementado estrategias como una política pública, un plan de salud pública que se está actualizando y que otras organizaciones distintas al Estado han hecho esfuerzos, “pero estos siguen estando en la superficie y de forma desarticulada”.

El Programa de Alimentación Escolar (PAE), expone, es un ejemplo de lo que menciona anteriormente, en la medida en que existe la iniciativa, pero no se hace una vigilancia y un control estricto de los actores involucrados, “y entonces empiezan a pasar cosas tan deplorables como el hecho de que cosas tan básicas no lleguen en las condiciones de calidad y cantidades necesarias de acuerdo a requerimientos nutricionales de los niños”.

Llama la atención, también, sobre la Encuesta Nacional de Situación Nutricional (ENSIN 2015) que informa que el 54,2% de la población colombiana vive en inseguridad alimentaria, y que el 10.8% de los niños menores de 5 años en Colombia tienen desnutrición crónica, “lo que significa que en el país tenemos más de 500 mil niños menores de 5 años con esta enfermedad irreversible que les impide su adecuado crecimiento y desarrollo”, asegura.

Desafíos

Además de la generación de empleo y la limitación de las importaciones, el profesor Vélez Vargas, cree que un reto es estimular la producción para la canasta familiar, que tiene que ver con que, como dice, las regiones como el Cauca o el Catatumbo en las que había agricultura para el abastecimiento ahora hay cultivos de coca o cannabis (no necesariamente ilegales) que están provisionando a grandes empresas, mientras los campesinos con producción diversificada tienen problemas para hacerlo.

Asimismo, expone que para los años 70 y 80 se había desarrollado una institucionalidad muy importante para el agro, entre la que estaba el Instituto de Mercadeo Agropecuario (IDEMA), que almacenaba y compraba “las cosechas a precio de sustentación”, los sacaba al mercado cuando los precios de los alimentos aumentaban y aprovisionaban en caso de desastres naturales. La entidad fue liquidada en los años 90 con la apertura económica.

“En época de pandemia, por ejemplo, el IDEMA habría sido importante porque hubiese podido mitigar problemas de hambre que se han presentado”, añade.

“La agricultura campesina, familiar y comunitaria es la que produce más de la mitad de los alimentos que consumimos a diario porque los producidos por la gran industria son los que se van a exportación”, dice la profesora Lorena Mancilla López, de la Escuela de Nutrición y Dietética de la Universidad de Antioquia, de ahí que destaque la necesidad de salvaguardar a los campesinos y brindarles garantías.

Refiere que estudios realizados antes de la pandemia mostraron un panorama preocupante en materia de seguridad alimentaria porque el 67% de los hogares, de Antioquia (exceptuando Medellín), aproximadamente uno de cada siete, fueron clasificados como en riesgo de inseguridad alimentaria.

Las cifras que entrega la FAO, dice, no están tan alejadas de la realidad. “La situación del país y del departamento es dramática, y se recrudeció con la pandemia. Además, expresa que Antioquia es un departamento que cuenta con datos más recientes, teniendo en cuenta que desde el 2015 el país no ha generado más información al respecto.

En cuanto a los retos que se deben asumir señala como uno de ellos la eliminación del Impuesto al Valor Agregado (IVA) a los alimentos ya que considera “castiga a las clases bajas y medias”, y una más es incentivar la producción de alimentos e impulsarla desde una política pública para evitar que se den cadenas largas entre productores y consumidores, y reevaluar usos del suelo, dado que la ganadería extensiva está desplazando la agricultura.

Ponerle la lupa al tema de la inseguridad alimentaria en el país es fundamental, así como analizarlo más allá de la polémica generada a raíz del informe de la FAO, según la docente Roldán Jaramillo, para quien el hecho de que Colombia sea retirado del documento no representa un paso adelante, sino “negar el problema, como si eso lo solucionara”.

(FIN/KGG)

7 de febrero de 2022