Luego del Acuerdo de Paz investigadores científicos lograron acceder a zonas a las que antes no se podía. Foto: tomada de bit.ly/3Lalbec.

Para varios analistas y académicos, el Gobierno ha errado al no efectuar el Acuerdo de Paz de manera integral. El reto, además de ese, es buscar con otros actores armados lo mismo que se logró con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), pues mientras existan grupos al margen de la ley habrá riesgo para quienes investigan y defienden la naturaleza.

---

Recientemente líderes ambientales del país han manifestado estar a la espera del trámite en el Congreso de la República para que se ratifique el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe (Acuerdo de Escazú), adoptado en Escazú, Costa Rica) en 2018 como el primer tratado ambiental para la región, de acuerdo con la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal).

En Colombia el Acuerdo de Escazú se firmó en diciembre de 2019 y desde ese momento se comprometió a ratificarlo, pero no se ha hecho. Se espera que esta semana se abra el debate del proyecto en la Comisión Segunda del Senado. Ante la demora varios líderes ambientalistas han manifestado su descontento y estar a la espera, teniendo en cuenta que existe el riesgo de que el país se quede por fuera del pacto, como lo manifestó recientemente a Caracol Radio el vocero de la Fundación Movimiento Ambientalista Colombiano, Camilo Prieto.

El Acuerdo, se ha venido expresando, ofrecería “más soporte al cuidado necesario que requieren los líderes ambientales, especialmente los que defienden una causa común a la humanidad, como el equilibrio de los ecosistemas y el mantenimiento de la biodiversidad”, como lo comenta Felipe Calderón Valencia, en su artículo El Acuerdo de Escazú y los líderes sociales en Colombia, publicado en marzo de 2021 en Open Edition Journals.

Ha sido, entonces, la ocasión para la reflexión sobre la seguridad de quienes realizan investigación científicas y labores en campo. Si bien hay riesgos asociados a las funciones y a la naturaleza misma, la violencia y el conflicto armado son algunos de los principales, según analistas y académicos.

“Hay un problema de fondo en el que tiene que ver el Estado, tanto del gobierno anterior como el actual, que es no haber cumplido adecuadamente la tarea que debía hacer”, dice Alejo Vargas Velásquez, profesor del Departamento de Ciencia Política de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales de la UNAL Bogotá, y director del Centro de Pensamiento y seguimiento al Diálogo de Paz.

Se refiere al cumplimiento del Acuerdo de Paz con las FARC. Dice que se suponía que, cuando los frentes de la insurgencia abandonaran los sitios en los que operaban y se concentraran en lo que en su momento se denominó las zonas veredales de transición, el Estado tenía la responsabilidad de iniciar la presencia en los territorios que estuvieron bajo el control de los ilegales. “Me parece que eso no se hizo. Solo de manera parcial durante el anterior gobierno”, asegura.

Para él, el hecho de que varios sitios entraran en disputa por distintos grupos ilegales y de crimen organizado, impulsó a que “se empezara a dar una situación parecida a la del pasado o, en algunos casos más graves, por lo que me parece que hoy día, los profesionales ambientales, del sector agrario y líderes sociales están en tanto riesgo como lo estuvieron cuando hubo conflicto armado de las FARC en varias regiones”.

Gonzalo Andrade, director del Instituto de Ciencias Naturales de la UNAL Bogotá, entidad que lleva 86 años funcionando para estudiar la flora y la fauna del país en expediciones, por lo que constantemente visitan zonas de importancia biológica en las que también hay conflicto armado que ha conducido a situaciones de riesgo en el trabajo. Según el académico “En el año 2000, incluso, un grupo de profesores estuvimos secuestrados por el ELN (Ejército de Liberación Nacional) en el nororiente antioqueño durante tres días por estar haciendo este tipo de actividades”, cuenta.

El biólogo zoólogo Wilmar Bolívar, profesor del Departamento de Biología de la Universidad del Valle ha desarrollado las labores de campo e investigación, sobre todo, en el suroccidente colombiano, donde, en algunas zonas, incluso ha habido restricciones de acceso por campos minados, lo cual ha sido una de sus grandes preocupaciones. Con el Acuerdo, dice, “los riesgos disminuyeron un montón, pero en este sector han vuelto las disidencias a poner en cuestión lo que hacemos”.

Con él coincide el ingeniero de minas y metalurgia Camilo Sánchez González, actual profesor ocasional del Departamento de Minerales y Materiales de la Facultad de Minas de la UNAL Medellín, quien ha laborado en zonas del Bajo Cauca durante a lo largo de su ejercicio profesional, comenta, ha sufrido señalamientos por su labor en campo.

Expresa que: “la situación actual del país es muy compleja en temas de seguridad. Hay zonas del país donde la corrupción y el poder de grupos armados nos perjudica directamente y a nosotros como profesionales de campo no nos queda más que echarnos la bendición para trabajar en lo que nos apasiona. La vida allí implica riesgos e incomodidades que tenemos provistos y que debemos enfrentar”.

El temor es no solo ir a un sitio y que estén presente unos actores armados, sino “todos”, interviene de nuevo el profesor Bolívar. Sobre la protección, él menciona que deben tomar las medidas básicas como anunciar en las estaciones de Policía más cercanas la salida de campo y el número de participantes en la misma. También realizar listas de chequeos y preparar protocolos. No obstante, añade el profesor Andrade, eso no siempre es suficiente.

La reflexión que debe quedar, de acuerdo con el académico, es que existe un conflicto armado que aún no está solucionado en Colombia, pese a que se hizo un proceso con las FARC, pero al que no entraron los demás grupos, y eso está pendiente, y en tanto no se dé los riesgos se seguirán presentando.

Agrega que “aún quedan bosques minados y es otro tipo de riesgos que estamos corriendo, porque para estudiar la biodiversidad debemos internarnos en ellos y en las áreas protegidas, y esto lo hacemos a pie y con los diferentes instrumentos que usamos, pero eventualmente podríamos pisarlas. Afortunadamente no ha sucedido y espero que no nos suceda nada”.

Que la situación se solucione, insinúa, es tan urgente como generar conocimiento y levantar información sobre la biodiversidad del país con utilidades distintas, entre ellas, la declaración de nuevas áreas protegidas, lo que, afirma, es de hecho un compromiso al 2030. Realizarlo es para él fundamental, teniendo en cuenta que Colombia es un país rico en especies de plantas, aves o mariposas, por citar algunos ejemplos que los ubican en los primeros puestos de diversos ránquines.

El profesor Andrade hace un llamado para que el próximo gobierno tome el tema en cuenta, pues expresa “que, si vemos los debates de los actuales candidatos, no se están presentando soluciones a la problemática ambiental ni sobre cómo continuar realizando expediciones que permitan identificar la biodiversidad”.

El docente Vargas Velásquez concluye que el camino para hacerle frente a la inseguridad y a los riesgos a los que se enfrentan tanto profesionales como defensores ambientales es “retomar seriamente la implementación integral del Acuerdo de Paz”.

(FIN/KGG)

25 de abril de 2022