La ley colombiana cuenta con un régimen sancionatorio a quien se le compruebe negligencia por dejar destruir un bien de interés cultural.  Foto: tomada de Presidencia de la República.

propósito del reciente hallazgo de dos nuevas embarcaciones cerca de la zona de naufragio del Galeón San José, hundido en 1708 y descubierto en 2015, considerado uno de los mayores patrimonios sumergidos encontrados en el mundo, se abre el debate sobre el manejo de este tipo de descubrimientos relacionados con la historia de nuestro país por su valor económico y cultural.

Los barcos fueron encontrados a mil metros de profundidad en el mar Caribe, según dijo en una rueda de prensa el presidente Iván Duque, que además presentó ante el mundo las primeras imágenes de las embarcaciones que contienen vajillas chinas casi intactas, cañones de bronces, maletas, vasijas, lingotes y monedas de oro.

Y aunque en el primer descubrimiento en el 2015 se aseguró que era patrimonio de los colombianos, la disputa legal por este tesoro ha impedido que sea extraído, pues España afirma ser el dueño ya que eran barcos pertenecientes a la Armada Española, protegidos por las Naciones Unidas; también la empresa norteamericana Sea Search Armada reclama propiedad sobre parte de este, debido a que el gobierno de Juan Manuel Santos se lo prometió como forma de pago por el importante hallazgo.

Todas estas disputas políticas y jurídicas se ahorrarían si el Galeón San José no fuera visto solo como un hallazgo material y monetario, sino reconocido por su importancia histórica-cultural, como lo afirma Gilda Wolf Amaya, docente de la Escuela de Construcción de la Facultad de Arquitectura de la UNAL Medellín:

“Estos son hallazgos muy inconvenientes, porque con la tecnología que tiene el país es imposible sacarlo, pero, además, ¿para qué hacerlo? ¿Cuál es el beneficio cultural de sacar ese galeón? Puede que exista uno económico, pero es relativo, porque si sacan dos monedas una se la tendrán que dar a quien tenga la tecnología suficiente para extraerlo, haciendo una enorme fortuna a costas de un patrimonio que no es suyo. A mi modo de ver sería mejor dejarlo hasta que el país lo pueda sacar, que encuentre la mejor manera tecnológicamente para hacerlo, porque lo que ha pasado con nuestro patrimonio es que cualquiera se apropia de él”, dice.

Según la docente, la valoración económica no compensa el nivel cultural que ese naufragio tiene, pues sumergido es evidencia de las formas de vida, de la construcción de barcos, de las técnicas de navegación de la época. Por su parte, Luis Felipe Saldarriaga, profesional universitario de patrimonio material del Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia –ICPA- asegura que el valor patrimonial del Galeón es tan alto que merece la pena sacarlo, protegerlo y dar la pelea jurídica internacional por su propiedad:

“Al estar subacuático ya es patrimonio declarado, y tiene un valor especial si se deja ahí, pero ¿por qué privarnos del disfrute de poder extraer esos bienes, y que se conserven en la Nación?, pues científicamente e históricamente van a aportar mucho a todo lo que es nuestra identidad, allá sumergido nos estamos perdiendo de grandes descubrimientos culturales, que tiene que ver con la sociedad, la economía, y la idiosincrasia de la época; la idea es que salga y pueda ser estudiado por investigadores de muchas ramas”, dice Saldarriaga.

Al extraer el tesoro Colombia tendría que empezar procesos jurídicos para demostrar su propiedad sobre él, y según Luis Felipe Saldarriaga “ahí hay que aplicar todo el derecho y legislación internacional sobre patrimonio cultural, el régimen jurídico que pueda ayudar a salvar ese patrimonio y defenderlo como nuestro. En todo proceso hay un trámite jurídico, y si no lo asumimos como país, en un futuro podría llegar otra nación o entidad, sacar el tesoro y hacerse responsable”.

Hallazgos arqueológicos, ¿una piedra en el zapato para los constructores?

El tema de los hallazgos patrimoniales tiene aristas que llegan hasta la constitución del 91, donde las actividades sobre los territorios empiezan a estar condicionadas y por ende todo lo que se descubra en ellos pertenece a la Nación.

En esa ruta, las constructoras juegan un papel muy importante en el tema. “En la construcción se da mucho que encuentran vestigios arqueológicos enterrados y por no parar el proceso no se informa a las autoridades competentes, o solo se le toman fotografías para que quede un registro y se continúa el proyecto porque este ya está vendido. El asunto monetario ha destruido mucho el patrimonio de la ciudad, destruyen obras valiosas, transforman el paisaje cultural de las calles para llenarlas de edificios que supuestamente cumplen la norma, pero la Curaduría no interviene”, dice Gilda Wolf Amaya.

Sin embargo, según registros de la Agencia Nacional de Infraestructura, en los proyectos de construcción 4G han sido hallados 2.487.469 objetos o vestigios arqueológicos, aproximadamente en 420 lugares del país, recuperando principalmente vasijas, hachas, fragmentos cerámicos, piezas completas, líticos, orfebrería, elementos óseos humanos y de fauna, entre otros; no obstante, queda la inquietud por cuál sería la cifra real si las constructoras informaran de todos los descubrimientos que realizan.

“En la industria de la construcción ocurre mucho sobre todo en las obras de infraestructura en vías, carreteras, túneles, oleoductos, y aunque en la comunidad tiene un sentido de pertenencia por ese tipo de bienes, cuando se presenta un hallazgo de manera repentina en la ejecución de la obra, deben reportarlo a la autoridad competente en 24 horas, pero esto no se hace porque si el objeto tiene valor, generalmente lo saquean, como lo hacen los guaqueros, que practican una actividad ilícita”, agrega Saldarriaga.

Entre tanto, todos los descubrimientos de cerámica, restos o demás vestigios arqueológicos deberán ser informados al Instituto Colombiano de Antropología e Historia -ICAH, que cuenta con un Protocolo de Hallazgos Fortuitos para proteger todo el patrimonio arqueológico como bien de interés cultural.

Este protocolo involucra bienes muebles e inmuebles de carácter arqueológico, y los hallazgos fortuitos en actividades como agricultura, adecuación de infraestructura doméstica y en proyectos que no tengan la obligación legal de implementar un programa de arqueología preventiva, tales como construcción, parcelación o urbanismo, cambio o mantenimiento de redes de servicios públicos domiciliarios, mantenimiento de infraestructura urbana, proyectos de rehabilitación, mantenimiento o mejoramiento de la red vial.

“En la línea del patrimonio urbanístico y arquitectónico, tenemos una muy buena legislación que permite que se siga actualizando una política para el manejo del patrimonio cultural en Colombia, pero con vacíos notorios, pues la desventaja es que tenemos un sentimiento de apropiación, pero prima más lo económico, sobre todo cuando hay comunidades que para sobrevivir no cuentan con los recursos suficientes para proteger el patrimonio cultural y natural, y por ende la comunidad atenta contra ellos, pero bajo una necesidad de sobrevivir”, explica Luis Felipe Saldarriaga.

Por ejemplo, si una persona de pocos recursos dueña de un inmueble declarado bien de interés cultural no puede conservarla, y aún no ha sido declarada oficialmente pueden demolerla por las mismas cuestiones económicas. Pese a esto, cuando el bien está declarado en cualquiera de los ámbitos (municipal, distrital, departamental o nacional) el Estado tiene la obligación de otorgarle beneficios a sus propietarios como la excepción de impuesto predial, descuento al impuesto a la renta, y disminuir el estrato para que los servicios públicos sean más baratos; pero salvo por unas pocas excepciones, en la realidad no se aplican estos incentivos, dejando un vacío en el manejo concreto de algunos bienes de interés cultural.

¿Colombia está conectada con su patrimonio?

Según Gilda Wolf Amaya el patrimonio es más amplio que lo edificado, es casi que una emoción, es lo que la gente valora, y en la medida que lo valora quiere transferirlo a las generaciones venideras, es la posibilidad de sentirnos ligados, identificados como un grupo humano que tiene unos asuntos patrimoniales que lo unen, y aunque el país es ampliamente rico en este tema, sus propios habitantes no le dan la importancia que merece.

“Aquí hay poca valoración de lo propio, es un complejo de inferioridad donde no consideramos de valor lo que realmente hemos construido a través del tiempo, como por ejemplo los barrios locales, donde hay gran cantidad de elementos valioso como prácticas, personajes, historias, lugares, una cantidad de cosas que están en territorio y no se aprecian en el sentido de lo patrimonial, sino que se desconocen y se desvalorizan de muchas maneras”, explica Wolf Amaya.

El poco aprecio por el patrimonio propio contrasta con la normativa vigente, pues hay unos lineamientos desde la Nación, a partir de la Ley General de Cultura 397 de 1997 que establece lo que tienen que hacer las entidades territoriales en Colombia para la salvaguardia del patrimonio cultural, que incluye desde el reconocimiento jurídico, su sostenibilidad, divulgación y todo lo que tiene que ver con la protección y apropiación.

Frente a esto, Luis Felipe Saldarriaga menciona que el Estado “debería incentivar la participación comunitaria para que haya mayor apropiación y usos del patrimonio, y más sabiendo que la legislación está enfocada en ese sentido, porque todo lo que se hace en los instrumentos de ordenamiento territorial tiene que ser con participación comunitaria, entonces cuando hablamos de planes especiales de manejo y protección para estos patrimonios indiscutiblemente tiene que haber por mandato legal participación de la comunidad”, concluye.

(FIN/DQH)

5 de julio de 2022