Reciente deslizamiento en San Antonio de Prado. Foto: tomada de Carcaol Radio - bit.ly/3RXvyWk.

Recientemente en San Antonio de Prado, corregimiento de Medellín, a causa de un deslizamiento de tierra, murieron dos personas. El abogado Mauricio Urquijo ha dicho a medios de comunicación que, previamente, la comunidad entregó información a la Alcaldía de Medellín para alertarla sobre lo que podría ocurrir, pero no obtuvieron respuesta. ¿Hasta qué punto son las administraciones responsables de los desastres? ¿cómo deben actuar y cómo relacionarse con los ciudadanos para evitarlos? Analistas lo explican.

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Uno de los principales problemas en la gestión del riesgo, de acuerdo con Édgar Cano Restrepo, profesor de la Escuela de Construcción de la Facultad de Arquitectura de la UNAL Medellín, radica en la ausencia de control. Según el académico, “aproximadamente un 45% de lo que se construye en el país no tiene licencia, ni permiso, sino que son apropiaciones que se hacen de forma ilegal. Ahí hay falta de control por parte de las autoridades. Básicamente las inspecciones se hacen para quejarse de algo”.

En ese sentido, esencialmente se trata de un problema de planeación, dice. “Eso se sabe desde hace muchísimo tiempo, lo que pasa es que en la implementación de los planes las autoridades son muy pasivas”.

Hay que tener en cuenta que Colombia tiene una política pública para la gestión del riesgo, que es la Ley 1523 del 2012, que estipula que esa es una tarea de todos: El Estado, los entes territoriales, las instituciones o centros de investigación, por ejemplo, pero también los sectores público y privado, y las comunidades. No obstante, “esa responsabilidad mayor está coordinada desde los municipios”, afirma el geólogo y doctor en geografía Rogelio Pineda Murillo, docente del doctorado en Desarrollo Sostenible de la Universidad de Caldas.

Y continúa con que raramente un riesgo es una probabilidad futura de pérdidas y daños que se materializa en un desastre sin que antes dé indicios de lo que puede pasar. Es decir, cuando se da un movimiento en masa, este no se genera de manera súbita o repentina. Se dan, según él, por un relacionamiento inadecuado del hombre con el entorno.

Responsabilidades marcadas

Pineda Murillo está de acuerdo, expone, con que “hoy se implementen a través de sentencias, juzgados, cortes, sanciones, demandas o posibilidad de cárcel para los responsables directos de la gestión del riesgo cuando este se materialice en el desastre, porque es posible mitigarlo”. De eso, añade, se deben encargar los alcaldes, los consejos municipales dedicados a la labor de la prevención, las corporaciones autónomas regionales, los gobernadores de los departamentos.

La gestión del riesgo para los alcaldes del país, considera, “es un tema que les genera resistencia. Coloquialmente como decimos: una papa caliente, porque demanda recursos humanos, técnicos y financieros, y a veces piensan que es mejor esperar a que las cosas no pasen y si ocurre, reaccionan a eso. Ese es el problema. Lo otro es que los recursos a nivel nacional se mueven de forma expedita para atender desastres y no para prevenirlos, que es lo más grave. Si invertimos en investigar y adquirir datos podemos hacerlo”.

Por su parte, José Fernando Olarte Osorio, coordinador de la Maestría en Desarrollo regional y planificación del territorio de la Universidad Autónoma de Manizales, expresa: “Evidentemente en un Estado social de derecho como en el que estamos constituidos, en el que hay un sistema de gobierno con unos entes competentes de orden nacional y territorial caben responsabilidades en lo que tiene que ver con la identificación, planeación y gestión de la forma de ocupar el territorio, y la obligación es hacerlo”.

No obstante, manifiesta que el de la gestión del riesgo es un proceso joven en el país, “pues casi que después de los eventos que se dieron en el país en 2011 es que se viene a tener mayor juicio y acercamiento”. Adicionalmente, que el deber ser no es que la responsabilidad recaiga solo sobre las personas que están en los cargos públicos, porque también está en quienes deciden hacer las ocupaciones inadecuadas.

Relacionamiento con la comunidad

Cano Restrepo considera que para que se fortalezca el relacionamiento entre la comunidad y las autoridades locales se debe fomentar la educación. Sin embargo, plantea que ese no es el único acompañamiento necesario, sino que hay otros que deben darse y proponerse desde aspectos más estructurales que incluso se han perdido. Se refiere, por ejemplo, al Instituto de Crédito Territorial (ICT) y el Instituto Nacional de Vivienda de Interés Social y Reforma Urbana (Inurbe). Expone que, con iniciativas como estas (que se liquidaron hace varias décadas), se le podría dar la oportunidad de trasladar de zonas de riesgo a población vulnerable.

Lo que ha hecho falta, de acuerdo con Pineda Murillo, “ha sido articularnos”, menciona, “el doliente de la gestión del riesgo debe escuchar a los grupos de socorro, porque los grupos de bomberos dan alertas de lo que puede pasar y también la misma comunidad. Y si no, ¿qué estamos haciendo?”, se pregunta. “Esto es una responsabilidad de todos. ¿Cómo pasa lo de Armero, donde mueren miles de personas. Eso es un asunto de negligencia del Estado”, añade.

A eso también se refiere Arias, quien menciona que “hay poca credibilidad de la comunidad hacia las administraciones y esta no ha sido gratuita, sino el producto de años. Los desastres que se generan en un país como el nuestro y que están asociados al clima tienen causas estructurales. Las mayores afectaciones que se dan cada temporada de lluvias son, típicamente, en las poblaciones de mayor pobreza y vulnerabilidad a las que en muchos casos no se les da prioridad”.

Retos para la gestión de riesgo

Para el profesor Cano Restrepo, al momento de construir se debe ser más rigurosos con las compensaciones ambientales, “porque estamos convirtiendo las ciudades en un lugar impermeable, ya no tenemos tanta grama que pueda absorber el agua que está cayendo. Necesitamos drenajes”.

Pineda Trujillo expone, por su parte, que la Ley 1523 del 2012 “se está quedando en el papel y no está incidiendo adecuadamente en el territorio para prevenir o reducir desastres. Si bien hay instrumentos de control, como menciona la docente Arias, estos no son operativos ni se han implementado adecuadamente “porque las prioridades en un país como el nuestro en muchos casos terminan en siendo económicas, entonces claramente el cuidado de la vida no está en el centro y eso se materializa en las tragedias que tenemos cada temporada de lluvias”.

Olarte Osorio ve en los planes de ordenamiento territorial una oportunidad para comprender el territorio y en ese sentido hace la invitación a conocerlos y a actualizarlos.

Para hacer una gestión del riesgo efectiva y entre todos, añade Arias, “hay que reconocer que las personas que habitan el territorio tienen un conocimiento importante y en muchas ocasiones termina siendo más acertado que visiones técnicas. Es necesario establecer un diálogo en el que se prioricen zonas para realizar intervenciones. Es fundamental la comunicación para mejorar la credibilidad”.

(FIN/KGG)

25 de julio de 2022