Desde la campaña presidencial Gustavo Petro anunció su intención de gravar las bebidas azucaradas. Foto: bit.ly/3A4folZ.

Recientemente se ha hablado de modificar puntos expuestos con antelación en lo que concierne a recaudos que tramite el Estado, incluso en medios se dijo que se les impondría impuestos a las iglesias, lo que desmintió el ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo. Más allá de los anuncios, analistas reflexionan sobre lo que puede representar la estrategia. Para unos habría afectación a la ciudadanía en general y para otros no. Sin embargo, la explican y hacen llamado a la veeduría ciudadana.

Antes de iniciar el mandato de Gustavo Petro como presidente de Colombia se habló de obtener 50 billones de pesos y en la propuesta de reforma tributaria radicada se estipuló 25 como meta. Para Dora Elena Jiménez Giraldo, profesora del Departamento de Economía de la Facultad de Ciencias Humanas y Económicas (FCHE) de la UNAL Medellín, la reforma tributaria, tal como está planteada, es viable en el sentido en el que “no va afectar a la población menos favorecida, pues el objetivo es tratar de recaudar dinero de quienes tienen mayores ingresos”.

Adicionalmente, refiere que se espera eliminar algunos de los beneficios tributarios de los que gozaban las grandes empresas y establecer impuestos para organizaciones financieras y sector extractivo, “que en época de pandemia obtuvieron grandes beneficios, o sea que ellos ahora están en capacidad de pagarlos”.

Entre sus generalidades y propósitos, explica la profesora, la propuesta de la reforma (del gobierno) anterior derivó en el estallido social precisamente porque estaba generando más impuestos sobre la clase media, lo que causó inconformidad en la población. En esta se plantea recaudar ingresos, pero a partir de gravar a personas con salarios altos y a empresas, “entonces creo que tiene un mejor futuro”, afirma.

Robert Ng Henao, profesor del Departamento de Economía de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Medellín, cree, por su parte, que la reforma sí puede afectar a los ciudadanos, en la medida en que las tarifas de impuestos al carbono van a recaer incluso en derivados del petróleo y en gases para combustión, lo que significará un coletazo para quienes cocinan con gas natural e incluso con el propano.

La reforma es ambiciosa, de acuerdo con Óscar Manco López, profesor de la Escuela de Economía, Administración y Negocios de la Universidad Pontificia Bolivariana (UPB), y por ese solo hecho dice que, en realidad, “afectaría el bolsillo de todos”. No es tan optimista: “cuando una reforma arranca siempre se habla de que va hacia las personas de mayor poder adquisitivo. Sin embargo, son transversales, porque hay impuestos regresivos y progresivos”.

Hace énfasis en que, del grueso de la reforma se estima que van a ser 8 billones de recaudo de impuestos por parte de las personas naturales que devenguen más de 10 millones de pesos, monto desde el cual hay indicadores progresivos de renta.

El debate de los alimentos procesados

Para la docente Jiménez Giraldo, un argumento por el que hay reticencia ante la opción de gravar alimentos ultraprocesados y bebidas azucaradas, que son considerados como no saludables, puede ser porque, “como parte de nuestra cultura y hábitos consumimos ese tipo de productos”.

Ng Henao tiene algunos reparos con la estrategia en la medida en que expresa que la reforma “no toca para nada el IVA (Impuesto al valor agregado). Habría sido más interesante que se llegara a eliminar la exención en algunos productos de la canasta familiar de hogares de mayores ingresos, que lo que se está haciendo con los gravámenes saludables”. Da un ejemplo, también, acerca de plásticos de un solo uso, el cual celebra, pero a la vez invita a pensar en las inequidades regionales, ya que hay territorios en el país en los que no hay acueducto y, por tanto, deben comprar botellones, galones o bolsas de agua.

Por otro lado, para Manco López, adicional a la inflación, este tipo de impuestos puede encarecer los productos, “y eso puede generar un impacto en el bolsillo de los hogares. Es un impuesto indirecto, que no estamos viendo”.
¿Qué dicen los ciudadanos? A través de un comunicado publicado recientemente en el sitio web de la Confederación Colombiana de Consumidores, Luis Alberto Ávila, del Consejo Académico de esa entidad, planteó que “será muy importante que el nuevo Congreso de la República tramite este impuesto saludable”, que considera “como un mensaje positivo en la nueva política de salud pública”.

Asimismo, expone que es importante tener en cuenta las declaraciones tanto de la Organización Mundial de la Salud (OMS) como de la Organización Panamericana de Salud (OPS) acerca de los riesgos como la obesidad, el sobrepeso y la diabetes a los que conlleva el consumo de alimentos ultraprocesados y con azúcar añadida. En ese sentido, sugiere la realización de campañas educativas y propone crear o consolidar la transición empresarial para propender por la transformación de procesos productivos y estimular el consumo de materias primas saludables.
Dividendos y zonas francas

Los dividendos, según define el medio especializado Valora Analik en una nota publicada recientemente en su sitio web, “son contemplados como rubro independiente” además de otros tres que existen”. Se refiere a: salarios, pensiones y ganancias de capital.

En Colombia, menciona la profesora Jiménez Giraldo, el sistema tributario es complejo, contempla beneficios, exenciones y tarifas diferenciales, entre otros. Lo cual facilita la evasión fiscal. Por ejemplo, los dividendos que reciben las personas naturales solo pagan impuestos si superan cierto umbral. Por tanto, la idea es simplificar y eliminar esas excepciones para optimizar el recaudo, de acuerdo con la académica de la FCHE.

Resulta positivo para Ng Henao reconocer que se acogió parcialmente la propuesta de eliminar exenciones sectoriales y los tratamientos especiales en zonas francas que son, sobre todo, de carácter uniempresarial, a partir de 2023. Eso además de establecer metas de exportaciones, lo que considera como “supremamente interesante porque les devuelve el argumento con el que fueron creadas”.

También menciona que, en Colombia hay gran disparidad en las tasas efectivas de tributación entre los diferentes sectores de la economía: mientras las empresas que hacen parte del sector minero pueden pagar el 20%; las asociadas a comunicaciones, el 24%. “Lo que sí es cuestionable, aun bajo recomendaciones de la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos), es que la tarifa del impuesto de renta se mantenga en el 35% cuando ya el país había sido señalado desde múltiples frentes como una de las economías con la mayor tarifa en cuanto a impuestos corporativos”.

Al respecto, refiere información de la Asociación Nacional de Industriales (ANDI), que indica que “el porcentaje de tributación quedaría en el orden del 67.1%, lo que desmotivaría la inversión y la economía”.

Lo menciona porque considera que la reforma no solamente golpea la estructura de costos y gastos en los mercados financieros, sino que también generan desincentivos a la inversión de portafolios, pues “muchas personas naturales compran o venden acciones en la bolsa y hoy no tienen ni ganancia ni renta por esas utilidades”.

¿Incide en los desafíos fiscales?

La reforma se plantea por sí misma en escenario de desafío, según la profesora Jiménez Giraldo, quien afirma que debe entenderse que el país viene en recuperación económica del periodo difícil que le significó el confinamiento ante la covid-19, lapso durante el cual, dice, fue necesario aumentar el gasto público. “Por eso este gobierno tuvo que entrar a hacer una reforma tributaria para hacer el recaudo, porque si no hay recursos no se pueden ejecutar las políticas sociales que tiene planeadas”, explica.

La inversión y el endeudamiento son las fuentes principales para el funcionamiento de un Estado. En vista de que se deben financiar los planes de gobierno y para eso se presentan las reformas, explica Manco López. No obstante, añade, en el caso colombiano hay un déficit fiscal, que es el dinero que se gasta e ingresa, y que se estima es del 6%. “Nos estamos gastando más de lo que tenemos”, menciona. También que la propuesta que ya fue radicada busca reducir la brecha.

Lo fundamental, de acuerdo con la profesora Jiménez Giraldo, es que se debe destacar y tener en cuenta, que en estos procesos existe la posibilidad de la veeduría ciudadana, una opción para estar vigilantes.

(FIN/KGG)

22 de agosto de 2022