De Quibdó, Caucasia, Ayapel, El Bagre, Ituango, Segovia y Bello provienen las víctimas de desplazamiento forzado que llegan a Medellín. Foto: Esneyder Gutiérrez - tomada de bit.ly/3wL6IAk.

Entre mayo, junio y julio de 2022 aumentó en un 63% el desplazamiento forzado hacia la ciudad, según la Personería de Medellín que recientemente reportó 2349 víctimas. El primer mes fue el de mayor afectación para 912 personas; junio, para 795, y julio, para 642, de acuerdo con información de la Unidad Permanente para los Derechos Humanos de la Personería de Medellín. Durante el mismo periodo del 2021 el registro fue de 1438 desplazados. Acerca de la situación reflexionan académicos a partir de visiones como políticas públicas, derechos y paz total.

El desplazamiento a la capital de Antioquia se dio en mayo, junio y julio desde Quibdó, Caucasia, Ayapel, El Bagre, Ituango, Segovia y Bello, según la Personería de Medellín. Algunos motivos que lo generan, según cita el ente del Ministerio Público, son amenazas, desapariciones forzadas, vinculación de niños y adolescentes al conflicto perpetuado por grupos guerrilleros, paramilitares, delincuencia común y bandas criminales.

En el contexto intraurbano también se ha incrementado en un 17% durante el mismo lapso, con 425 víctimas, como también lo informó recientemente la Personería de Medellín. En este caso las zonas donde más se da este fenómeno son las comunas 13 (San Javier), 8 (Villa Hermosa), 1 (Popular) y 3 (Manrique). Las amenazas, enfrentamientos y atentados son algunas de las causas del flagelo ocasionado, igualmente, por delincuencia común, grupos guerrilleros y bandas criminales.

Al fenómeno Mónica Uribe Gómez, profesora del Departamento de Ciencia Política de la Facultad de Ciencias Humanas y Económicas de la Sede, la denomina como una “tragedia humanitaria”, dado que “el hecho de tener que salir corriendo de tu lugar ya representa la ruptura de derechos fundamentales”.

El desplazamiento, dice, ha permeado el país y, en el caso de Medellín implica el aumento de los asentamientos irregulares, por ende, los servicios básicos insatisfechos. Es, comenta, “una situación doblemente compleja para quienes llegan y para las (administraciones de las) ciudades que empiezan a habitar”.

Max Yuri Gil Ramírez, ex coordinador Regional Antioquia – Eje Cafetero de la Comisión de la Verdad, investigador en temas de violencia y actual docente del Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia, manifiesta que Medellín también es una ciudad expulsora de población: “ha sido el emblema de desplazamiento intraurbano y la cara urbana de personas que deben abandonar sus barrios por los enfrentamientos de control de grupos armados ilegales”.

En ese sentido, aunque considera que la ciudad tiene “problemas” para recibir de manera digna a las víctimas del desplazamiento, afirma ha sido precisamente esta situación la que ha hecho que Medellín implemente mecanismos institucionales y sociales para atenderla, aun cuando se superpone la necesidad de atención humanitaria de emergencia, sumado a indicadores de pobreza e inequidad. “Es un desafío, pero hay que hacerlo a mediano plazo”.

Al respecto, la profesora Uribe Gómez manifiesta que, como ciudadanos, no importa el lugar en el que se resida, lo que significa un gran reto en el campo de las políticas públicas y especialmente en el de las políticas sociales, en el sentido en el que debe darse una atención de protección para las personas que llegan y garantizarles que, mientras logran algún empleo, puedan acceder a servicios básicos como vivienda, alimentación o que sus hijos puedan ingresar a los colegios y a programas de restaurantes escolares.

En Medellín, comenta Gil Ramírez, hay políticas públicas para atender a la población desplazada y programas y proyectos Gerencia de Desplazamiento, Unidad Municipal de Víctimas y destaca que actualmente a través de la Subsecretaría de Derechos Humanos y de la Secretaría de La No Violencia se dan las condiciones para hacerlo: “Sabemos que se requieren recursos, pero hay que buscar la forma de aunar esfuerzos y cooperar internacionalmente”. La experiencia de la ciudad, añade, no parte de cero. Para él, lo fundamental es decisión política.

Por su parte, Daniel Castaño Zapata, profesor de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de la Universidad de Medellín, considera que se trata de un asunto complejo, multicausal y multidimensional y, por tanto, no puede pensarse solo de forma legal o militar, por ejemplo, “porque sí hay violencia, pero hay Estado y si hay estructura socioeconómica, una población no se desplaza”.

El docente opina que la responsabilidad de asumir el desplazamiento también tiene que ver con los demás ciudadanos. “Los sujetos que son desplazados tienen previamente vulnerados los derechos y ahí hay una ruptura social”, dice. Ejemplifica con el caso de Bojayá: “La comunidad había hecho nueve solicitudes de protección y habían generado alertas tempranas al Estado, que no hizo presencia, ocurrió el combate, murieron más de 50 personas y nosotros como sociedad central solo miramos y dijimos: ay, juemadre, como si fuese el uno lógico de la ecuación”.

“Avanzar hacia una paz grande”

El desplazamiento forzado es la modalidad de violencia que más víctimas ha dejado históricamente en el país: cerca de siete millones y medio, según Gil Ramírez. El fenómeno social genera un profundo impacto en grupos familiares, comunidad y en la sociedad en general y se ha relacionado con la intensificación del conflicto armado y de los enfrentamientos violentos entre estructuras insurgentes o entre grupos armados por el control de corredores o rentas que pueden ser microtráfico, extorsión o minería. “Eso muestra que terminar de pacificar de manera negociada nuestro país y la posibilidad de dedicarnos a construir una sociedad en paz es aún un reto grande”, afirma.

Si bien para él es importante propiciar la negociación con el Ejército de Liberación Nacional (ELN), expone que el aprendizaje de la construcción de paz en Colombia muestra que procesos de paz parciales o solo con algunos grupos a armados tienden a ser inestables, como pasó en el 1991, con la desmovilización de paramilitares o el proceso de paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). En ese sentido, considera que es válida la propuesta de paz total que ha impulsado el gobierno nacional y las ideas de diálogos y acuerdos humanitarios regionales.

Para Castaño Zapata, el panorama de lo que denomina una paz holística involucra a la “cadena de producción de la violencia”. No obstante, “No podemos negar que la precariedad socioeconómica es uno de los elementos de vulneración y la idea de paz total liga el concepto de pobreza con el de guerra y eso es inconveniente porque implica la aceptación tácita de la hipótesis de que hay violencia donde hay guerra, y eso es falso estadística y sociológicamente”.

La docente Nubia Janeth Bedoya, del Departamento de Sociología de la Facultad de Ciencias Humanas de la UNAL Bogotá, no piensa igual, dado que menciona que el desplazamiento es un hecho violento que se comporta de manera cíclica dentro de la dinámica del conflicto armado que enfrenta aun el país y que lo ha acompañado desde hace más de 70 años, afectando la condición económica de las zonas rurales y ambiental de algunos sitios en Colombia, así como la perspectiva de futuro de los jóvenes.

La paz total, dice, depende del concepto: “si la propuesta actual está circunscrita en desarmar a la población civil, a los actores armados o a fuerzas para-estatales, es posible lograr una disminución de la violencia armada, pero en una amplia acepción de su definición seguirá siendo una quimera mientras los territorios azotados por la guerra y entregados a las grandes corporaciones multinacionales como Ituango y zonas de Antioquia como Urabá, para la explotación minero energética, de gas o petróleo, monocultivos, saqueo de la biodiversidad, daño ambiental, sigan estando atravesadas por la violencia y el acoso económico sobre la población”

En ese sentido, considera que “la paz total puede ser un símil de la felicidad: pueden ser momentos o etapas de las sociedades que logran temporalmente una convivencia armónica, que pasa por hablar de equidad, no de pobreza, ni discriminación, respeto a los derechos y su cumplimiento”. Lo destacable para ella es que el país y sus organizaciones avanzan en la reclamación de los derechos, y eso significa “abrir una gran puerta en la que el riesgo de violencia, desterritorialización y muerte se intensifica porque los intereses económicos y territoriales de los dueños del capital en Colombia que dieron origen a la guerra siguen vigentes”.

Los retos, finaliza, continúan siendo el esclarecimiento de la verdad respecto a la cruda violencia que vivió el país y con ella, la garantía de no impunidad como requisito indispensable de la no repetición. Que el abandono de la inversión pública y estigmatización de los territorios desaparezca. Se hace necesario que el país reconozca la condición de derechos sobre el territorio, la capacidad productiva de los campesinos, de los pescadores quienes, con su labor en los grandes ríos, podrían recuperar su capacidad de proveer alimentos y aportar para mitigar la inseguridad alimentaria.

El país debe pensar procesos piloto hacia la reconfiguración de territorios que desde los procesos de apropiación comunitaria, con importantes recursos de inversión en tecnología, en capacidad técnica y financiera, se constituyan en espacios para la vida, que atraigan a los jóvenes y que permitan mitigar el desplazamiento forzado, poniendo a prueba formas comunales de construir paz.

(FIN/KGG)

5 de septiembre de 2022