Para ser completamente aprobado, al proyecto de ley 038 del 2022 le hace falta un debate en la Cámara, dos en el Senado y finalmente la sanción presidencial. Foto tomada de: libretamilitar.co

A raíz de la aprobación en primer debate de la comisión constitucional de la Cámara de Representantes, de eliminar la libreta militar como requisito para acceder al trabajo, surgen diversas posturas sobre la utilidad de este documento en un país que, desde sus propuestas de gobierno, ya no ve la guerra como un fundamento, sino como una transición hacia la paz.

El servicio militar obligatorio hace parte de la Constitución Política en la ley 1861 de 2017, sin embargo, el proyecto de ley 038 de 2022 modifica este requisito de acceso laboral, que se suma a una serie de reformas que desde hace un tiempo se vienen planteando en el Congreso de la República sobre este documento, como las que permiten homologar esta situación en los cuerpos de bomberos, y la que excluye a las personas trans de realizar dicho proceso.

“La libreta es un documento que inicialmente tenía el papel de controlar que, al cumplir la mayoría de edad, los hombres prestaran el servicio militar. Sin embargo, el tema fue cambiando internacionalmente, dejando de ser obligatorio y volviéndose algo optativo en muchos países, que apostaron por la profesionalización de los soldados”, explica Alejo Vargas Velásquez, profesor titular de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la UNAL Bogotá.

Otra de las funciones de este documento es contar con una reserva de soldados para estar preparados ante un eventual confrontamiento internacional, pero como lo recuerda Vergas Velásquez, América ha sido el continente con menos conflictos interestatales, pues en el siglo XX no hay más de cinco enfrentamientos, la mayoría de baja importancia, lo que comparado con Europa pone en duda la necesidad de mantener una fuerza militar soportada en los hombres del país.

Una arista que surge en el tema es la recaudación de dineros que se hace con la libreta militar, que, según el estrato socioeconómico, las propiedades y otros factores cambia de valor, y podría ser una fuente importante de recursos para el país; sin embargo, organizaciones sociales como la Acción Colectiva de Objetores y Objetoras de Conciencia –ACOOC- recalcan que estos dineros no tienen ningún tipo de veeduría ni control:

“No es un tema de financiación, pues en este momento el Ministerio de Defensa tiene uno de los mayores presupuestos de la Nación en comparación con otros ministerios, de hecho, Colombia tiene el segundo gasto militar más alto de toda Latinoamérica por encima de Brasil. Adicionalmente los recaudos por libreta militar no entran a ser parte del presupuesto nacional porque van destinados a lo que el ejército llama libre destinación, y a esto no hay manera de hacerle un control público y ciudadano”, afirma Leonardo Rodríguez, politólogo y consultor de la Acción Colectiva de Objetores y Objetoras de Conciencia.

Un debate entre la modificación y la eliminación

Una de las mayores dificultades que tenían los jóvenes respecto a la libreta militar era su prerrequisito para finalizar sus estudios de educación superior, aspecto que cambió con la reforma hecha por la ley 1861 de 2017, sin embargo, cuando se habla de acceso al campo laboral este documento sigue siendo un obstáculo, por lo que el reciente debate en el Congreso abre las puertas a un panorama diferente.

Los ajustes planteados actualmente son tres: el primero encaminado a que las personas que pertenecen a los 1, 2, 3 y 4 no se les exija la libreta como requisito laboral, segundo quienes sean declarados aptos también tendrán un plazo amplio para definir su condición, y la tercera es la ampliación de 18 a 36 meses de plazo para obtener el documento cuando ya se inició alguna contratación laboral.

Sin embargo, para Vanezza Escobar Behar, abogada y docente de cátedra de la Universidad de Antioquia, los ajustes que propone esta reforma no resuelven el problema de raíz y no eliminan las barreras para acceder al empleo:

“La primera modificación es la más interesante porque permite que las personas que prestan el servicio militar de estratos bajos, puedan acceder a un derecho fundamental como es el trabajo, sin embargo, a mi juicio no debería ser un requisito en ninguna situación porque hablamos de derechos fundamentales. Además, la discusión debe ser más amplia, pues en gobiernos como el de Santos se prometió la eliminación total de la obligatoriedad y nunca se cumplió”, dijo.

Para Leonardo Rodríguez de ACOOC, el panorama también debería cambiar por completo pues asegura que “es un requisito que impide el reconocimiento, ejercicio y goce de derechos como, por ejemplo, la educación, el trabajo o las libertades fundamentales como la conciencia, más cuando vivimos en un país que tiene una serie de complejidades en términos sociales, sin contar que es un mecanismo de control para las juventudes colombianas, y esto es muy complejo”.

Aunque el profesor Vargas Velásquez también está de acuerdo en que deje de ser un requisito para el acceso a trabajo y educación, asegura que no debería ser eliminada totalmente pues, “en campos laborales como el de la seguridad o en instituciones civiles y del Ministerio de Defensa podría seguirse pidiendo, pues tiene una relación lógica con los cargos a desempeñar”, explica.

Servicio social para la paz, ¿una alternativa viable?

Tras convertirse en un requisito que limita el acceso a los derechos de muchos jóvenes, el servicio militar obligatorio y su comprobante, la libreta militar, están en miras del nuevo gobierno, que en su política de paz total ha realizado una nueva propuesta: el servicio social para la paz, una alternativa de 12 meses y ocho modalidades que reemplazaría la incorporación militar.

Este servicio promovería la alfabetización digital en zonas rurales y urbanas, trabajo con víctimas del conflicto armado, la promoción de la política pública de reconciliación y convivencia, además de servir como una refrendación al cumplimiento de los Acuerdos de Paz, con un enfoque de reconciliación, convivencia y no estigmatización, con una protección a la naturaleza y la diversidad, así como la promoción de la paz étnico-territorial.

“No es un cambio de raíz, pero sí es una diferencia, de no tomar las armas por reclutamiento forzado legal y quizá perder la vida en el proceso, además sería vital para acabar con la humillación que se vive en los procesos de socialización militarista, que, aunque no se preste el servicio militar el hecho de tener una libreta que los acredite como disponibles para la fuerza pública es un tema a nivel simbólico muy importante”, comenta la docente Escobar Behar. Esta alternativa que a simple vista parece mucho más favorable para las juventudes que no ven en el servicio militar un camino, tiene, según la Acción Colectiva de Objetores y Objetoras de Conciencia, un componente que sigue siendo problemático: la obligatoriedad.

“Esto sigue siendo una respuesta que no está a la altura del contexto y de la historia del país, pues al seguir siendo visto como un requisito para la juventud, no plantea una de las conversaciones más importantes y es que la obligatoriedad no tiene sentido, si justamente el servicio militar no debería tener un carácter obligatorio, un servicio para la paz mucho menos”, agrega Leonardo Rodríguez.

En esta misma línea el Servicio Social para la Paz le estaría agregando la obligatoriedad a las mujeres jóvenes, lo que según Rodríguez profundizaría enormemente las inequidades de género que ya existen en el país, sin contar que la propuesta no tiene en cuenta a la comunidad LGBTIQ+ que ha tenido que soportar violencias muy fuertes en el marco del servicio militar obligatorio.

Al finalizar el año de este servicio, los jóvenes recibirían la libreta militar, o un documento análogo que certifique el aporte social, “si la intención es desmilitarizar la vida para seguir construyendo paz deberíamos empezar por el lenguaje, un servicio de carácter civil no debería tener ninguna injerencia militar”, explica Para Leonardo Rodríguez de ACOOC.

Frente a este servicio quedan dudas respecto a ¿cómo se financiará el proceso?, ¿se certificará como primer empleo? ¿qué entidad sería la encargada de tramitar estos certificados?, ¿quién velará por la seguridad de los jóvenes en los territorios del servicio social?, ¿se respetará la autonomía territorial de las comunidades? y una de las más importantes según Rodríguez, “si ya hubo en freno en los derechos de los jóvenes teniendo como requisito la libreta militar, ¿quién garantiza que no pasaría lo mismo con el nuevo certificado?”, concluye.

(FIN/DQH)

18 de octubre de 2022