El Acuerdo de Escazú, según Unicef, es una herramienta para la protección del medio ambiente y los derechos humanos. Foto: tomada de bit.ly/3Df4LQa

Recientemente el país ratificó su intención de unirse a este esfuerzo. Analistas explican su alcance que, en varios casos, exponen, refuerzan estrategias a las que el país ya le ha apostado. Asimismo, comentan los desafíos de su implementación, las ventajas y las oportunidades para la participación. 

El Acuerdo de Escazú busca vincular a los estados de América Latina y el Caribe para desarrollar el mandato del décimo principio de la Declaración de Río de Janeiro, de 1992. El fundamento es desarrollar derechos de acceso en tres asuntos ambientales que son: la información (para que sea abierta), la participación y la justicia, siendo este último aspecto “un tema muy debatido, por todo lo que ha representado la afectación a la vida y a la integridad de los defensores de derechos humanos ambientales”, de acuerdo con Carlos Alberto Zárate Yepes, profesor del Departamento de Geociencias y Medio Ambiente de la Facultad de Minas de la UNAL Medellín.

El propósito lo explica otro docente: Jorge Eduardo Vásquez Santamaría, de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Católica Luis Amigó, quien afirma que, con el Acuerdo, se busca revisar el ordenamiento jurídico interno para actualizarlo y poner en un mismo nivel a los países de la región al desarrollar las figuras de información, participación y justicia ambiental.

Asimismo, comenta que puede mejorar las disposiciones de los tres derechos de acceso en los que se basa, “ya que en Colombia no está bien definido ni de forma completa qué entendemos por información ambiental. El Acuerdo de Escazú trae un concepto muy claro que nos va a llenar ese vacío al hablar, por ejemplo, de designar un órgano independiente para evaluar el acceso a ella. Si se atiende ese mandato, se fortalece la institucionalidad”. 

Como él, José Humberto Gallego Aristizábal, profesor de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad de Caldas, llama la atención sobre la pertinencia de propender por veedurías ambientales y por la protección en relación a sus planteamientos. También, indica que el Acuerdo de Escazú evita que se “siga haciendo un desarrollo a costa de los servicios ambientales que oferta el entorno, destruyendo el suelo, el agua y la biodiversidad”. 

Temores vs. ventajas

Frente al Acuerdo de Escazú hubo oposiciones por temores que manifestaron algunos de los congresistas con respecto a la participación de entidades internacionales en las decisiones internas sobre el desarrollo, proyectos y actividades. No hubo antes avance frente a la Corte Constitucional, pese a que había un aval presidencial que se dio en 2019 con la firma del entonces mandatario Iván Duque Márquez. 

“Al Acuerdo se le atribuyen muchas amenazas, pero varios de esos temas ya estaban instalados en nuestras leyes y reglamentaciones”, dice el profesor Vásquez Santamaría, acerca del supuesto argumento de que la información quede a disposición del mundo, lo cual es falso. 

Adicionalmente, menciona que se ha hablado de que la ratificación puede abrir posibilidad de litigio a nivel internacional con Nicaragua por el diferendo fronterizo que se tiene con San Andrés: “hay una cantidad de argumentos que versan sobre cuestiones que, a lo largo de estos años se han venido contradiciendo para mostrar que (el Acuerdo de) Escazú no puede ser una amenaza para el sector productivo, ni pretende dejar la información al descubierto por completo y que no tiene pretensiones descabelladas, porque tiene un articulado muy concreto”. 

Ahora, con el Acuerdo ratificado en Colombia, el temor puede ser que se revierta. Según el profesor Zárate Yepes, no hay riesgo de que ocurra. Tampoco, de que quede a la deriva la protección de ambientalistas, pues ante amenazas y atentados, el país estipuló estrategias de defensa antes de adherirse. Lo que viene, dice, es la contribución a que se lideren mecanismos de justicia ambiental para que ellos desarrollen sus actividades en salvaguardia del medioambiente: “Si no, existiría las posibilidades de acceder a mecanismos y tribunales internacionales ante un no cumplimiento efectivo”, explica. 

Lo que sigue 

El próximo paso es la revisión por parte de la Corte Constitucional que emite un concepto, según el docente de la UNAL Medellín, para quien lo siguiente es desarrollar el Acuerdo de Escazú “en concreto” a través del gobierno o de la legislación en el Congreso. En ese sentido, considera fundamental retomar los debates que ya se dieron en ese espacio, teniendo en cuenta los mecanismos existentes, como la acción de cumplimiento o de tutela, o que el artículo 79 de la Constitución Política de Colombia indica que “todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano. La ley garantizará la participación de la comunidad en las decisiones que puedan afectarlo”.

Otros aspectos que destaca son los consejos y comités de participación, desde los cuales los ciudadanos pueden hacer control sobre la planeación en temas ambientales, pero también para estar informados. 

Entre los asuntos claves del trabajo que debe iniciarse, sugiere, es realizar un análisis comparado de lo que facilita el Acuerdo de Escazú en los tres temas en los que se fundamenta con respecto a la legislación vigente: “Colombia tiene muchos desarrollos en información y participación, pero hay que estudiar su efectividad, considerando que, en términos de progresividad, se debe retomar de manera positiva lo que ya existe en el país”. 

Para el profesor Gallego Aristizábal, la ratificación del Acuerdo de Escazú es muy importante porque da cabida a la participación de comunidades, considerando que, “a veces no se tienen en cuenta las condiciones locales, porque obedecen a un orden centralista. Ese es el gran reto: poder conciliar, dialogar tanto sobre la inversión externa como de las particularidades locales en cuanto al manejo territorial”. 

Incipiente

De 33 países potenciales, 25 se han acogido y solo 14 lo han ratificado (Antigua y Barbuda, Argentina, Bolivia, Colombia, Ecuador, Guyana, México, Nicaragua, Panamá, San Vicente y las Granadinas, Saint Kiss y Nevis, Santa Lucía y Uruguay). Las naciones que han firmado el Acuerdo de Escazú, también se han sometido a dinámicas de polarización o retrasos, como ha sido el caso de Chile, o el de Perú, donde incluso no se ha logrado aprobación, pese a que, como explica el docente Vásquez Santamaría, es una nación clave por la actividad extractiva y la problemática de contaminación que se presenta en su selva amazónica. 

“No puede sonar menospreciante, pero algunos que han aprobado son países muy pequeños del Caribe en los que, de pronto, las problemáticas ambientales no tienen tanto auge en tanto que son territorios pequeños con recursos limitados”, agrega al referirse que, hasta ahora, no se puede percibir un gran impacto o esperar alguna enseñanza, pues es muy pronto para eso. 

Lo que está en juego actualmente son los bienes y servicios ambientales, entonces se entiende que hay países que le han dado cierta trascendencia e importancia para que se sigan manejando en los territorios, según Gallego Aristizábal. Expone los ejemplos de Panamá o Bolivia, y considera que existen las bases suficientes para generar la posibilidad de potenciar la oferta en esos ámbitos con base en desarrollo sostenible en América Latina y el Caribe. 

Trabajo pedagógico

“Hay una gran distancia entre lo que se legisla y lo que se aplica en Colombia. Hay obligación de que haya capacitación y educación sobre lo que significa el Acuerdo de Escazú y, en ese sentido, a través del conocimiento y la concienciación sobre las posibilidades que brinda, las comunidades y las organizaciones contribuyen a su cumplimiento”, considera el docente Zárate Yepes. 

Expone que, un reto en relación a lo que mencionó anteriormente, es que el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible idee y lleve a cabo talleres, plan de acción e indicadores para que el Acuerdo se efectúe con éxito, así como, según él, se ha hecho con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, por citar un ejemplo. 

Tanto el Estado como las organizaciones sociales, ambientales y a la academia tienen el deber de divulgar el Acuerdo y explicar cómo se articula con lo que estaba establecido en Colombia y facilitar su comprensión en la población, según el profesor Vásquez Santamaría, quien cree que se trata de una herramienta para quienes se movilizan en pro del ambiente. “No se nos puede quedar en un mar de normas, esto se tiene que aterrizar”, recalcó. Adicionalmente, planteó que la ciudadanía también debe tener un rol importante, en tanto que en ella está incluido el sector productivo. En esos asuntos, coincidieron los analistas, están los retos durante la implementación. 

(FIN/KGG)

24 de octubre de 2022