Organizaciones defensoras de derechos humanos han denunciado el trato a prisioneros trasladados a megacárcel en El Salvador. Foto: Reuters. Tomada de bbc.in/3TqtkA7.

Luego de 87 homicidios el país centroamericano ha prorrogado 12 veces el Estado de excepción que instauró el presidente Nayib Nukele para enfrentar a la estructura de pandillas. La construcción de una megacárcel y el trato a las personas privadas de la libertad han sido denunciadas y aun así la mayoría de salvadoreños avala las medidas del gobierno. ¿Cuáles son los límites que tiene en su forma de manejar la situación?, ¿se puede legitimar la posición de los ciudadanos? ¿Puede Colombia tomar enseñanzas? académicos lo analizan y explican.

El Estado de excepción puede aplicarse en situaciones especiales según el derecho constitucional y, de acuerdo con Juan Antonio Zornoza Bonilla, profesor del Departamento de Ciencia Política de la Facultad de Ciencias Humanas de la UNAL Medellín, se instaura en estados con cierto déficit de capacidad institucional.

El Estado de excepción, ejemplifica, también fue acogido en Colombia entre las décadas del 50 y del 80: “tardamos 10 años más en conseguir una constitución que examinara los elementos y los problemas propios del sistema político al coartar los derechos civiles y las garantías ciudadanas”.

No obstante, los estados de excepción, dice, fueron situaciones que en su momento vivió el cono sur con las dictaduras de Argentina, Brasil, Chile, Uruguay y Paraguay, mientras que la coyuntura actual por la que pasan El Salvador y Honduras obedece a “otros síntomas y realidades”, menciona el docente, en tanto que se han generalizado fenómenos como el narcotráfico y la presencia de grupos armados ilegales que no tienen carácter exclusivamente político, sino de delincuencia común o lavado de activos.

En el manejo que los gobiernos de El Salvador y Honduras le dan a la situación hay errores, según Sebastián Rodríguez Cárdenas, profesor del Departamento de Ciencias Políticas y Jurídicas de la Universidad Autónoma de Manizales y estudiante de doctorado en Filosofía en la Universidad Sapienza de Roma, en tanto que precisamente por ser regímenes especiales, “no pueden convertirse en la normalidad”.

Populismo punitivo

Recientemente el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, anunció en Twitter que fue trasladado un segundo grupo de 2000 presuntos pandilleros a la megacárcel que se construyó en el país con capacidad para 40000 prisioneros. El sistema de reclusión ha sido criticado y denunciado por organizaciones defensoras de derechos humanos.

Este populismo penal es el camino fácil de los gobiernos totalitaristas, según el profesor Zornoza Bonilla, que puede funcionar temporalmente, pero que a largo plazo “es una bomba de tiempo, porque si se gastan recursos en este tipo de acciones: en hacer cárceles, en dispositivos de inteligencia y de seguridad, etcétera, se deja de invertir en servicios sociales”.

A pesar de ello, en el caso específico de El Salvador, su población apoya el gobierno de Bukele y sus políticas en contra de las pandillas, como lo dio a conocer el medio La Prensa Gráfica, cuya Unidad de Investigación Social realizó una encuesta que arrojó que el 91% de los salvadoreños aprueba la gestión del mandatario, mientras que el 6,9% no lo apoya y el 2,1% no respondió.

Sin embargo, la legitimidad sólo está garantizada hasta cierto punto, enfatiza el docente Rodríguez Cárdenas, porque “lo que no se negocia en los Estados de derecho son los derechos fundamentales”.

Por otro lado, con el accionar de Bukele se ha desdibujado el poder público, pues el poder ejecutivo, que es el del gobernante, está avasallando al poder judicial, “hay un desmedro”, como lo expone Raquel Ceballos Molano, decana de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad del Valle. Según ella, tendrá que ser la Convención Americana sobre Derechos Humanos la que sancione al país, instaure mecanismos de observancia, dé informes respectivos y es posible que, con el trato deshumanizado, el Estado sea llevado a ser sancionado en Tribunales internacionales de Derechos Humanos .

Violación de los derechos humanos

¿Hasta qué punto es posible que el pueblo legitime estas acciones? Si bien hay tratados internacionales de protección de derechos humanos, hay algunos líderes a los que eso no les importa, de acuerdo con el docente Zornoza Bonilla, quien pone como ejemplo a Donald Trump y Jair Bolsonaro.

Bukele, con sus medidas, está haciendo caso omiso a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, también llamado Pacto de San José de Costa Rica, que obliga a los países a observar la protección de derechos de todos los ciudadanos, independiente de la situación en que se encuentre, incluyendo a los que están pagando condenas, llama la atención Ceballos Molano.

La privación de la libertad en sí misma constituye el castigo, no sumándole condiciones de precariedad, expone Rodríguez Cárdenas, y el mundo tiene el principio “literalmente de hace siglos, no es una exageración, que existe por lo menos desde 1215”, de no instaurar tratos ni penas crueles, inhumanas o degradantes.

En concordancia dice que el problema de las medidas de Bukele “es precisamente que la cárcel pierde todo el contenido y el fin de la resocialización. No es en un ambiente pensado exclusiva y específicamente con el propósito de retribuir y castigar. Es comprensible, hasta cierto punto, el afán de la ciudadanía por ver que las medidas de seguridad funcionen, pero realmente esa idea de endurecer las penas y las prisiones no es efectiva, porque no se ve una genuina disminución”.

Aparte, añade, “acarrea problemas respecto a los derechos fundamentales de las personas detenidas, que son de especial protección. No pueden gozar de sus derechos como las personas del común y por lo tanto se les tiene que proteger en el marco de un estado de derecho, que se deforma cuando no se protege a los detenidos. Si la idea es simplemente pagar con la misma moneda: golpear a los que están golpeando, pues entonces estamos jugando al bullying, pero no a la lógica del estado”.

Adicionalmente de las violaciones a los derechos humanos, advierte sobre el riesgo de la expansión de la criminalidad a países como Honduras, lo cual considera que ha sido previsible y que ha hecho que el país reaccione con las mismas medidas represivas y se genere un efecto epidémico que, entre otras cosas, conlleva a la estigmatización.

Lecciones para Colombia

Las formas de violar los derechos humanos de las personas privadas de la libertad no son exclusivas de las medidas de Bukele. En Colombia, según Rodríguez Cárdenas, se dan otras maneras: “coexistir en una sobrepoblación carcelaria, en condiciones absolutamente insalubres, en situaciones de violencia física o psicológica, de no tener los medios para trabajar o estudiar son cosas que están sucediendo y que están lindando con la tortura”.

Para él, el aprendizaje se viene dando desde hace un tiempo. Prueba de ello es el Acuerdo de Paz, con el cual se ha cuestionado qué significa la justicia, que desde esta óptica ha equivalido a verdad. La lección más importante, llama la atención, ha sido ese cambio de paradigma en la resolución de conflictos, porque no se trata “de eliminar al otro sino de sentarse a negociar”.

En ese mismo sentido se expresa la docente Ceballos Molano, para quien el caso del mandatario de El Salvador, específicamente, es ejemplo de un gobernante que ejerce una autoridad por encima de los marcos legales nacionales e internacionales, “un referente de mucho riesgo para nuestros países, porque se pretende que también se adopten estos modelos”, aun cuando “Colombia acaba de pasar una etapa de la seguridad democrática que fue una propuesta de gobierno que dejó efectos adversos: con falsos positivos, torturas, desaparecidos”.

Para ella la reflexión debe ser más profunda que analizar la política de encarcelamiento. En ese sentido respalda la Paz total, pues cree que es una apuesta y un camino para que las personas que han delinquido se reinserten en la sociedad para aportar, crear e innovar desde los proyectos productivos en sus regiones.

El profesor Zornoza Bonilla, por su parte, considera que en general en América Latina se requiere “urgentemente” educación y formación ciudadana precisamente entorno a los derechos humanos y ante “el hecho de que hayan llegado líderes en los últimos cinco o seis años que se ríen de la Declaración Universal de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, que no es nueva”.

(FIN/KGG)

21 de marzo de 2023