El paro minero inició el 2 de marzo. Foto: tomada de bit.ly/3G5PlP8.

El 2 de marzo inició el paro minero en la subregión como respuesta a la destrucción de máquinas de dragado minero por parte de la fuerza pública. De ahí se han derivado bloqueos que afectaron la movilidad, el comercio, la educación y el abastecimiento, y toques de queda. Gobierno y mineros se han reunido sin llegar a acuerdos. Académicos exponen sus argumentos acerca de que para mitigar la situación es necesario involucrar a esos actores, pero también a los privados e ir más allá de las acciones urgentes.

Aunque Caucasia ha sido el foco del paro minero y de la situación de orden público que se ha dado, esta se ha extendido también a Nechí. Precisamente una habitante de ese municipio cuenta que estuvieron confinados en toque de queda durante 15 días, y que hasta las droguerías las cerraron. Además, que el pueblo quedó incomunicado con los bloqueos de vías: “Hay mucho miedo y esto nos tiene muy perjudicados”.

En el territorio la situación es histórica y cíclica, según Max Yuri Gil Ramírez, docente honorario de la Facultad de Ciencias Humanas y Económicas de la UNAL Medellín. Sin embargo, eso no significa que los hechos se den de la misma manera, pero por su naturaleza, existen aspectos invariables como la ubicación estratégica por el acceso a la costa atlántica y al valle del Magdalena, y la riqueza minera, sobre todo en oro.

El modelo económico extractivista ha provocado daño ambiental y poco impacto positivo en las condiciones de vida de la población, de acuerdo con el académico, también profesor del Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia, quien llama la atención sobre los niveles de inequidad, miseria y de privaciones a la población. Y es que, el Bajo Cauca se ubicó como la subregión con menor calidad de vida del departamento, según un informe de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, publicado en 2021.

De acuerdo con Alejandro Restrepo Osorio, coordinador de la Línea de Investigación en Conflicto, Paz y Postconflicto de la Fundación Paz y Reconciliación (Pares), el paro minero expresa un conflicto social de carácter histórico entre las condiciones de vulnerabilidad de mineros artesanales e informales, además de la  instrumentalización de la población por parte del Clan del Golfo para defender sus intereses económicos ante las acciones de la fuerza pública, y que las mineras han acaparado tierras productivas cerrando espacios a mineros artesanales.

La habitante de Nechí narra que un elemento desencadenante fue que el presidente no asistió al territorio: “Por esos días mandaba al gobernador o alguien que trabajara con él, y los mineros querían que él viniera. Ellos hablaron y al día siguiente les estaban quemando las máquinas, entonces empezaron a bloquear y a quemar carros, ambulancias”.

Con ese hecho, comenta Restrepo Osorio, el gobierno tuvo acciones contundentes y se evidenció un viraje, que él califica como interesante, a la estrategia de seguridad y defensa del actual gobierno, “que está atacando valores estratégicos y económicos de los criminales. Y es precisamente allí donde le duele al Clan del Golfo: el dinero, que los hechos afectaron sus finanzas. Al Clan no le importa que maten jóvenes que reclutan por distintas circunstancias”. Para él, ha sido en función de esto que ellos han intentado presionar de distintos modos a los mineros para que continúen el paro, y que la situación también se refleja en distintos hechos de violencia.

Gil Ramírez llama la atención sobre cómo los argumentos y algunos hechos terminan mezclándose. Se refiere a que hay protestas legítimas de los mineros informales, y también ocurre que organizaciones armadas intentan coartar las movilizaciones y de volcar los supuestos intereses. El ejemplo que expone es precisamente el de la maquinaria, a la que se le denomina dragones, pues dice que “un pequeño minero no tiene la capacidad para comprar una draga de 1800 millones de pesos ni siquiera juntándose entre varios. En esa medida creo que lo que tiene que hacer el Estado es proteger y evitar la generalización y la estigmatización”.

Gabriel Ruiz Romero, coordinador de la Maestría en Conflicto y Paz de la Universidad de Medellín, menciona al respecto que, si bien la minería en el Bajo Cauca es fuente de grandes recursos para las organizaciones ilegales, también genera empleo para la población que no está relacionada con estos grupos, “entonces el problema es que no hay blancos y negros”, afirma.

Riesgos sociales

“Acá están vulnerando mucho los derechos de las personas. Y al gobierno como que no le importa. Acá es sálvese quien pueda y listo”, cuenta la habitante de Nechí.

Lo que se vive en el Bajo Cauca, según el docente Gil Ramírez, es una situación muy crítica que requiere de intervención integral ante las diferentes formas de violencias que se ejercen sobre la población civil, entre ellas masacres, desapariciones forzadas, desplazamientos, violencia sexual, reclutamiento de niños.

“Es un panorama muy difícil. El Estado ha desarrollado algunas intervenciones de choque ahora en medio de la crisis, pero si no se interviene de manera integral en el mediano y en el largo plazo, no va a hacer cambios significativos. O sea, es muy difícil pretender que funcionen medidas paliativas para resolver una situación crónica”. En concordancia, expone que aumentar el pie de fuerza no es el camino, y que la voluntad política debe ser la apuesta, para la intervención integral, legal y legítima, teniendo en cuenta que el diagnóstico está claro.

Los paliativos deben hacerse, pero no son suficientes, opina el profesor Ruiz Romero. Asimismo, las intervenciones de control territorial que el Estado “no tiene”. El asunto se complejiza, según él, porque si se le quiere quitar sostén a la minería, habría que garantizar formas de sustento económico para ganar legitimidad.

En el mismo sentido interviene Restrepo Osorio, al plantear que se espera que el Gobierno construya una respuesta para mineros artesanales informales, además de una estrategia en materia de política de seguridad “fuerte” para desmantelar estructuras criminales.

La responsabilidad, añade, también la tienen los gobiernos locales, que deben contribuir a la mediación entre los mineros artesanales y gobierno nacional, en la construcción de alternativas, pues según él, unas de las peticiones más importantes es la concesión de tierras productivas y formalización de su oficio. Adicionalmente, considera que debe haber un tercer actor involucrado. El sector privado extractivo “que ha explotado el recurso durante muchos años”.

La habitante de Nechí apoya esa postura: “Esta es una región muy desatendida por el Estado y siempre ha vivido de la minería, y si está parada, el pueblo está solo. ¿Qué queremos del gobierno ante esta situación? Que tengan en cuenta al Bajo Cauca”.

Hay algo más por analizar, según Restrepo Osorio, y es el hecho de que se pone en cuestión la paz total, dada la situación en el Bajo Cauca, porque “el Clan del Golfo habla de su voluntad de paz, pero no es tan cierta como lo ha afirmado discursivamente”.

(FIN/KGG)

10 de abril de 2023