Ni la más escandalosa de las cifras logra evidenciar la crudeza de la realidad en la que viven millones de niños, situación que no es ajena a Medellín. Un breve recorrido por El Centro, El Poblado y Laureles, donde las calles son testigos ante la mirada indiferente de transeúntes, incluso autoridades, es suficiente para evidenciar cómo niños, niñas y adolescentes sufren explotación sexual y económica, instrumentalización para la comisión de delitos y una larga lista de vulneraciones a las que son sometidos mientras se les llama el “futuro de la sociedad”.

Una noche de viernes de abril, propios y turistas recorren la Calle 10 de El Poblado en Medellín, popular por su ambiente y vida nocturna. Allí, en el mismo sitio, los semáforos y las aceras se convierten en camas improvisadas y salas de juegos para quienes descalzos, sucios, hambrientos y, en ocasiones, semidesnudos, extienden su pequeña mano a la expectativa de un billete o una moneda que reciben con ansias para entregar a las mujeres que los acompañan.

Algunos niños sostienen los materiales con los que sus madres fabrican collares, aretes y artesanías para la venta, otros bailan al compás de ritmos autóctonos indígenas, entre ellos, un bebé que apenas se sostiene en pie, imitando a un grupo de ocho infantes quienes no superan los siete años.

Observándolos, un policía se acerca deprisa hacia ellos y una mujer joven al percatarse, corre hacia el bebé bailarín y lo alza en brazos, tal vez pensando que el uniformado reclamaría por qué el pequeño baila en la calle por dinero a altas horas de la noche, sin zapatos ni abrigo. Sin embargo, el hombre increpa a las mujeres porque el sonido del bafle “está muy duro”, aun siendo imperceptible en medio del ruido de fondo que acompaña la rumba de ese sector, ignorando por completo la situación en la que se encuentran los infantes.

Pasos más adelante, en la misma calle, una larga fila de mujeres llama la atención. Se ven tan jóvenes que el maquillaje y la ropa no logran ocultar que no son mayores de edad. Algunos hombres las custodian, otros las observan y, aunque es un secreto a voces en la ciudad, todos saben para qué están allí. “Una requisa por favor”, dice una agente de policía a dos jovencitas que deambulan en inmediaciones del Parque Lleras, en silencio y con pánico evidente, muestran el interior de sus bolsos y sus documentos de identidad. La uniformada asiente y sin comprobar la veracidad de los mismos, continúa su camino como si su deber terminara allí.

Esto ocurre mientras un pequeño de aproximadamente once años se acerca con chicles, cigarrillos y bombones a un grupo de adultos, su rostro, además de sueño y cansancio, refleja frustración. “¿Mono, me va a colaborar?”, pregunta a un hombre mientras extiende la caja donde exhibe sus productos para la venta, acción que acompaña de un gesto que espera una respuesta positiva, pero es ignorado.

Y así, como “jugando” en un bosque lleno de lobos, niños, niñas y adolescentes, de distintas edades y orígenes, deambulan entre adultos, delitos y peligros por distintos sectores de Medellín. Varios minutos de recorrido por alguna de esas zonas son suficientes para evidenciar el crudo reflejo de una sociedad que ignora e invisibiliza a su niñez, hasta el punto de normalizar las múltiples violencias a la que es sometida.

Aunque al momento de la publicación de este artículo (22 de abril de 2024) el panorama en el sector de El Poblado podría haber experimentado cambios debido a las medidas anunciadas por el alcalde Federico Gutiérrez a principios de este mes, como el control en los horarios de los establecimientos comerciales, en respuesta a los casos de abuso y explotación sexual a menores que involucran extranjeros, la problemática persiste y se desplaza hacia otros lugares en Medellín.

Sin embargo, acorde con analistas, estas medidas muestran debilidades en su coherencia y efectividad cuando los detenidos son puestos en libertad. El caso más reciente ocurrió en El Poblado, donde un turista chino fue encontrado en un apartamento con una menor de 14 años quien portaba una cédula falsa; el hombre argumentó no entender el idioma, lo que fue suficiente para que el juez lo dejara en libertad. En otro caso, un ciudadano estadounidense logró escapar del país después de ser detenido por ingresar a un hotel con dos menores de edad, su liberación se debió a una inconsistencia durante el proceso de captura. Estos incidentes, ocurridos entre marzo y abril de este año, subrayan fallas en el sistema que impiden la aplicación y el seguimiento de las medidas anunciadas.

Radiografía de un cuento de terror para niños

La lista de la tipificación de los delitos contra los menores en Colombia parece sacada de la ficción. La explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes (conocido como ESCNNA por sus iniciales) es uno de los más recurrentes que sufren los pequeños en Medellín y otras ciudades del país. A la instrumentalización para la guerra, el microtráfico, la mendicidad y delitos se suman otros flagelos de los que no se salvan ni bajo su propio techo, como la inasistencia alimentaria, la violencia intrafamiliar y el abuso, los actos sexuales, entre otros.

“La ESCNNA es un delito y una de las peores violaciones contra los derechos humanos de niños, niñas y adolescentes. Ocurre cuando una persona o un grupo de personas los involucra en actos sexuales para satisfacción propia o de otras personas, a cambio de algún beneficio, dinero o regalos”, explica Sandra Sánchez Álvarez, secretaria de Inclusión Social y Familia de Medellín.

Esta problemática social está ligada a una cadena delictiva que inicia con el explotador-inductor y continúa con el explotador-cliente, el explotador-proxeneta y explotador-beneficiario (quienes habitualmente son familiares o personas cercanas).

“La sociedad ha generado unos roles de género que han definido que es la madre la que tiene que asumir el cuidado de los menores, en ese momento se olvida que los cuidados y la necesidad de protegerlos es una función colectiva y social donde el Estado cumple un liderazgo. En algunos casos, las mismas familias saben cuál va a ser el futuro, que no es muy positivo para hijos e hijas, y no intervienen en cambiar ese rumbo, sumado al rol del Estado que ha abandonado totalmente a la sociedad, donde la única forma que tienen la familias de asegurar su futuro económico es reproducir fuerza de trabajo y reproducen sociedades que culturalmente aceptan que niñas sean explotada sexualmente y niños explotados para la muerte. No se cuidan a los hijos, sino que se ponen en peligro para asegurar la economía familiar”, explica sobre este fenómeno la profesora de la Facultad de Ciencias Humanas y Económicas de la Universidad Nacional de Colombia Sede Medellín, y experta en cuidado, Laura Carla Moisá Elicabide.

Todavía hay una concepción de que los niños, las niñas y los adolescentes son objetos, seres incapaces y por esto el adulto considera que puede hacer con ellos lo que sea, comenta Lina Marcela Estrada Jaramillo, abogada, especialista en Derecho de Familia y profesora de derecho de infancia y adolescencia de la Universidad de Antioquia y la Universidad Pontificia Bolivariana.

“De hecho, tuvimos que hacer una norma que prohíbe el maltrato físico, esto no debería ser así, debería partir de una responsabilidad así de clara: ¿si yo no puedo agredir a un adulto, por qué sí puedo hacerlo con un niño? Todavía hay una creencia de que los niños son objetos: lo pongo aquí, decidido acá y vulnero inclusive sin tener en cuenta sus derechos. Esa concepción de ser sujeto de derechos parte desde la familia y ahí también tenemos un problema que precisamente se está viviendo en la ciudad de Medellín con la explotación sexual comercial, donde las autoridades se están dando cuenta que alrededor de la familia hay un asunto por intervenir. Pero también estaríamos hablando de la falta de colaboración y armonía del sistema”, agrega la magíster en Derecho y candidata a doctora en filosofía.

La ESCNNA está relacionada con la prostitución, la pornografía, el turismo con fines sexuales, trata de niños, niñas y adolescentes con fines sexuales y explotación sexual por parte de grupos armados. Se presenta en entornos físicos o digitales, en contextos de viajes y turismo, zonas de frontera, corredores carreteables, fluviales y en territorios donde hay actividades de minería o grandes obras de infraestructura.

No es coincidencia que, en Medellín, la explotación sexual y comercial se dé principalmente en los sectores más turísticos. “Si hablamos de lugar de ocurrencia, las zonas identificadas están en las comunas 10 (La Candelaria) Centro de Medellín, la 14 (El Poblado), comuna 11 (Laureles – Estadio) y la comuna 13 (San Javier). Los lugares de procedencia de las víctimas son la comuna 10, seguida por la comuna 1 (Popular) y la comuna 8 (Villa Hermosa)”, explica la Secretaría de Inclusión Social de Medellín.

La funcionaria agrega, que, actualmente, la diversificación de las formas de contacto entre explotadores y víctimas hace que sea más difícil la identificación y ubicación de los casos de explotación sexual de niños, niñas y adolescentes, ya que además de la vía pública y los establecimientos de divertimento (bares, discotecas, etc.), se están usando las redes sociales y plataformas digitales como punto de contacto con las víctimas.

No existe en Medellín una caracterización que recoja la cifra exacta de los menores en riesgo de ESCNNA. Según las autoridades, esta es una problemática que no cuenta con una sola fuente de identificación, las cifras de casos y riesgos provienen de múltiples fuentes como el Sistema Nacional de Vigilancia en Salud Pública, el Sistema de Alertas Tempranas de Medellín, la Fiscalía General de la Nación, la Policía Nacional y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Sin embargo, las medidas y controles parecen cortos al igual que las cifras, que son un subregistro de la realidad, pues en la mayoría de los casos no hay denuncias o no hay una atención oportuna para las víctimas. Para tener un panorama más amplio de lo que ocurre con la niñez del país sobre este tema, este medio consultó en reiteradas ocasiones al ICBF, sin embargo, no obtuvo respuesta al respecto.

Normas, mitos y afirmaciones irracionales

Este tipo de violencia se ha naturalizado en la sociedad, al punto de llegar a imaginarios que excusan y argumentan que niñas, niños y adolescentes se someten a estas situaciones por su propia voluntad, que el principal factor para que un menor sea víctima de explotación sexual es la falta de dinero, el consumismo o la pobreza, y que las niñas y niños se prostituyen porque les gusta, quieren y saben lo que hacen.

Los niños y las niñas son vulnerables a la manipulación económica y el chantaje afectivo, a la intimidación y la amenaza, a la seducción y el engaño. De acuerdo con el ICBF en su portal web, afirmar que ellos eligieron ser explotados es ignorar las numerosas formas de violencia y opresión que se ejerce contra ellos. “El único responsable de la explotación sexual comercial de niñas y niños es el explotador; por eso, el eventual consentimiento de las víctimas está totalmente viciado y carece de validez”.

“Para el caso de niños no podemos hablar de prostitución, se habla de explotación sexual. Uno de los asuntos más frustrantes para mí como abogada de familia e infancia es que hay una norma en el ordenamiento jurídico que permite que a los 14 años los niños y las niñas se puedan casar. De hecho, hemos promovido acciones ante la Corte, en este momento hay varios proyectos de ley, pues eso supone que, si puede celebrarse el matrimonio, pueden tener relaciones sexuales, lo cual es súper desafortunado y somos solamente dos países en América Latina que aún continuamos con esa norma. Es un asunto de armonizar el derecho penal con el derecho de familia, de manera que se pueda aumentar la edad a los 18 años y toda relación con un menor de 18 años sea considerada un delito, así la persona adulta diga que hay un consentimiento”, señala la abogada Lina Estrada.

Al respecto, Rosa Elizabeth Guio Camargo, profesora de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional de Colombia sede Bogotá, comenta que esta discusión se basa en el tema del consentimiento, pues se considera que partir de los 14 años puede haberlo por parte del menor de edad.

“Ese es un escenario en el cual tenemos que trabajar y revisar, porque tampoco podemos negar la parte sexual de las personas menores de edad, todas las personas por el hecho de ser seres humanos somos seres sexuales, pero una cosa es cuando la sexualidad se desarrolla en ámbitos de equidad, de respeto y de autonomía, y otra cosa cuando se desarrolla en escenarios de violencia y manipulación, donde el factor económico es determinante para el ejercicio de la sexualidad, entonces son dos escenarios diferentes”.

Pero, ¿qué ocurrirá en seis meses (tiempo que duran las medidas tomadas por la administración municipal) con la ocurrencia de la ESNNA en El Poblado y otros sectores de la ciudad? De acuerdo con la Secretaria de Inclusión, “se evaluarán las medidas y se definirá si es pertinente continuar con ellas. Se seguirá haciendo énfasis en acercar a la población víctima a la oferta institucional que se tiene desde el Distrito por parte de la Secretaría de Inclusión Social y Familia, la Secretaría de las Mujeres, la Secretaría de Seguridad y Convivencia y demás entes territoriales”.

En procura de una vida digna para los más pequeños, son necesarias distintas acciones urgentes, de acuerdo con las fuentes entrevistadas. Entre ellas, la creación de políticas públicas que permitan materializar todos esos derechos que ya están en papel, propiciar entornos protectores y de cuidado como apoyo a las familias y que ofrezcan a los niños espacios seguros y el disfrute de sus derechos fundamentales. El rol de los adultos, las autoridades y los medios de comunicación es clave, a través del uso del lenguaje apropiado para no minimizar los delitos por medio de expresiones despectivas y denunciar ante cualquier situación sospechosa. Lo anterior, sumado a la capacitación constante a las autoridades policiales y demás entidades del Estado que abordan estos temas son esenciales para avanzar hacia un verdadero cambio.

(FIN/JRDP)

22 de abril de 2024