La nueva Ley 2356, del 31 de mayo de 2024, que elimina beneficios y medidas sustitutivas a la prisión para los condenados o en detención preventiva por feminicidio, es un avance, pero no una solución mágica ni suficiente para disminuir o acabar con este delito que, en lo corrido de 2024, ha cobrado la vida de 453 mujeres y niñas en Colombia. Si bien endurece las penas, analistas aseguran que es necesario transformar las raíces culturales que perpetúan la violencia de género. La protección integral a las víctimas, un acceso efectivo a la justicia y otros derechos fundamentales son la clave para su prevención y disminución.

Además de sanciones legales severas, la educación y mejores oportunidades en materia de educación y empleo son fundamentales para prevenir este delito. Foto cortesía Freepik.es.

“A la cárcel señalado de prenderle fuego a su excompañera sentimental en un hotel de Medellín”; “Una mujer fue asesinada y descuartizada por su esposo en Antioquia”; “Por celos, hombre asesinó a madre e hija, en Risaralda”; “Hombre mató a su exsuegra en venganza con su ex, en Santander”; “Son 59 mujeres las que han sobrevivido a feminicidios este año en Colombia, Antioquia es el segundo departamento con más hechos de violencia de género”. Estos son algunos titulares de prensa que han ocupado la agenda informativa de los últimos cinco meses en el país y que evidencian la brutalidad y la frecuencia con la que las mujeres son asesinadas. Los hechos violentos suelen estar relacionados con el control, los celos y la venganza.

La impunidad, en muchos casos, agrava la situación y deja a las familias de las víctimas sin justicia, razón por la cual se expidió hace unos meses la Ley 2356, con el objetivo de eliminar beneficios en la pena para quienes sean condenados o estén cumpliendo detención preventiva por feminicidio. Sin embargo, este delito clama por acciones y soluciones estructurales más profundas como medidas de prevención, atención a las víctimas y acceso a derechos fundamentales para garantizar una vida libre de violencia de género.

De acuerdo con cifras de la Fiscalía General de la Nación, entre enero y junio de 2024 fueron asesinadas 453 mujeres en el país. Sin embargo, estos datos presentan subregistros, por lo que el número de víctimas de este delito podría ser mayor.

El feminicidio no es un fenómeno reciente, ni de ayer o de la época colonial, es mucho más antiguo, está arraigado y tiende a repetirse en diversos contextos y con muchas facilidades, explica la doctora en Historia y docente de la Facultad de Ciencias Humanas y Económicas de la Universidad Nacional de Colombia Sede Medellín, Ruth López Oseira, quien agrega que una transformación que acaba de ocurrir en la norma es muy difícil que ya esté generando cambios culturales.

“El patriarcado es la construcción de un sistema económico, material, político y simbólico en el cual los hombres tienen un dominio sobre las mujeres; esto no quiere decir que todos los hombres lo tengan sobre todas, pero si hay uno particular frente a sus esposas, hijas, novias o prometidas, con las que tienen una relación. Esa idea patriarcal de controlar la vida, el cuerpo y la sexualidad de ellas se da, particularmente, donde la construcción del honor masculino es un atributo de las familias, en sociedades con religiones monoteístas en el Mediterráneo, Europa, América, entre otros factores. Las mujeres llevan la deshonra cuando tienen un comportamiento que no es el adecuado, que no se alinea con ciertas características”, indica la profesora Ruth López.

La docente e investigadora en historia de las mujeres y el género, así como de teoría feminista, recalca que una cosa es cambiar la norma y otra las realidades sociales. Sin embargo, la ley puede contribuir a un cambio, pues en sí misma ya es la evidencia de que hay un sector de la sociedad que clama por algo distinto. “Pero las reglas no son la sociedad, ni un retrato transparente de la misma. Para que la sociedad cambie, la ley debe tener un funcionamiento interno, venir acompañada de otras transformaciones prácticas, pues entonces el fenómeno que está tratando de controlar, permanecerá”.

Según el Mapa Latinoamericano de Feminicidios (MLF), entre 2021 y 2024 en América Latina y el Caribe se han registrado 8.695 feminicidios. Esta cifra resalta la urgente necesidad de tomar medidas efectivas para proteger a las mujeres y erradicar la violencia de género, manifiesta la Cámara de Representantes de Colombia en un comunicado de prensa (mayo 2024) a propósito de la nueva Ley.

La Ley 2356 es una norma que, en términos de política criminal, más que la prevención, se centra en la ejecución de la pena. Es decir, hace referencia a la forma en la que se ejecutan las condenas de las personas que cometen este delito y excluye la posibilidad de obtener beneficios administrativos, señala Laura Shirley Ossa Silva, coordinadora del Centro de Atención en Género y Diversidad Sexual (CAG), de la Facultad de Derecho de la Universidad de Antioquia.

“Esta norma resulta importante como herramienta jurídica para la Fiscalía y, en este caso, para la reivindicación política de los movimientos sociales de mujeres que evidencian que hay una brecha importante. Aunque no basta con que se llegue a condenas y su ejecución, esto debería tener unas condiciones estrictas para prevenirlo. La norma no necesariamente tendría un efecto en la reducción del fenómeno al ser tan complejo y multicausal; no podríamos decir que existe una relación directa entre la ocurrencia de los feminicidios y la pena que se imponga, por más que endurezcamos las codenas y quitemos beneficios, hay que hacer intervenciones mucho más profundas de eso que es cultural, político y jurídico”, destaca la abogada Laura Ossa.

Para el Observatorio de Feminicidios Colombia, estas medidas son interesantes porque pasan del deseo a la iniciativa para enfrentar este delito. “Pero no creemos que dejando más personas en las cárceles o por más tiempo haya un cambio. Tenemos varias preguntas alrededor de nuestro sistema de justicia, precisamente porque que tiene muchos casos por resolver, los tiempos son muy lentos en comparación con los hechos violentos. Esto representa varios retos que implican que el sistema cambie, que haya capacitación a jueces, investigadores, la Policía; que se le inyecte dinero a esta situación. Insistiendo, por supuesto, que es importante que haya sanciones, que la justicia actúe, pero no es el punitivismo lo que va a resolver este asunto”, destaca Carol Rojas Garzón, coordinadora del Observatorio, perteneciente al Centro de Conocimientos y Acción Política de Republicas Populares.

Los feminicidios tienen una etiología o causas muy diversas, aunque la mayoría tienen que ver con las relaciones familiares, de pareja o por parte de algún desconocido. También, se persigue a las mujeres por su liderazgo en comunidades, al cuestionar el orden de un territorio, por violencia política y cuando desafían las normas de género. Este delito también puede ocurrir en escenarios donde la mujer es más vulnerable, como la migración y el conflicto armado.

Muchas causas, múltiples previsiones

Como se ha manifestado, hay múltiples factores sociales que son un caldo de cultivo para que se presenten más casos de feminicidio. Por lo anterior se plantea la pregunta “¿cuáles son las necesidades de protección que tiene cada víctima en particular? Tenemos instrumentos de valoración de riesgos pensados en genérico, que responden a una realidad europea o norteamericana, alejados de la colombiana. Los instrumentos permitirían, por ejemplo, a una comisaría de familia saber cuál es el riesgo en el que está una mujer cuya pareja o expareja pertenezca a un grupo delincuencial o a la guerrilla o el riesgo al que está expuesta una lideresa comunitaria; tendrá que considerar esa enorme diversidad que somos las mujeres que habitamos. En ocasiones, las medidas de protección son inocuas, es decir, con un documento no me puedo defender de una persona que está atravesada por el poder”, agrega Laura Shirley Ossa, investigadora de temas de género, mediación y resolución de conflictos.

Incentivar la coeducación es un tema clave para prevenir este delito de raíz, comenta la abogada Ossa Silva, que en diversos escenarios “se enseñe a los niños y adolescentes que todos somos iguales y que no pertenecemos unos a otros. Es necesario fomentar la construcción de masculinidades menos violentas que sean más cercanas y sensibles a las necesidades y los derechos de las mujeres”.

Una de las preguntas que debe plantearse el Estado es: “¿Se proporciona a las mujeres las condiciones sociales, materiales y judiciales que les permita alejarse tempranamente de una pareja violenta? Es necesario tener autonomía económica para tener autonomía personal, sin tener que recurrir a otra persona para sobrevivir. Si eso se arregla, crea un clima favorable para que disminuyan los feminicidios. Eso es una parte, la independencia material, pero también se requiere libertad espiritual, mental, cultural; podemos llamarla de varias formas, que las mujeres se valoren y respeten a sí mismas y digan ‘aquí no me puedo quedar’”, destaca la historiadora Ruth López.

En Colombia, las mujeres tienen menos incorporación al mundo laboral que los hombres debido a diversos factores, entre ellos, a su rol con las tareas domésticas, por las cuales no tienen remuneración y dedican menos tiempo a estudiar y a realizar actividades personales. También, tienen un índice más alto de desempleo y mayores niveles de precariedad por trabajo informal y salarios bajos, debido a que una gran cantidad de ellas están en sectores donde la informalidad es estructural, como los servicios de limpieza y las ventas por catálogo, detalla la investigadora en historia de las mujeres y el género de la UNAL Medellín, Ruth López.

La profesora de la UNAL reflexiona que la ley solo es la palabra sobre un papel. “¿Cómo vamos a pensar que un papel puede transformar la realidad? Las leyes tienen que venir con presupuesto, estrategias y responsabilidades y luego las sociedades tienen que hacer la veeduría para que esta se cumpla”.

Otro punto a tener en cuenta para prevenir este delito es la voluntad política de los gobiernos. La coordinadora del Observatorio de Feminicidios Colombia recalca que se pueden tener políticas muy interesantes, pero no se ejecutan.

“El Estado debe abrirse a expresiones más democráticas, más plurales, donde las mujeres estemos ahí, no solo para ser protegidas como víctimas, sino también para tener poder, y poder de decisión y acción, que permita aportar cambios de una manera estructural. Se trata de reconocimiento cultural, de redistribución de la riqueza y de erradicación de todas las formas de dominación y de sumisión hacia las mujeres. Creemos que allí hay grandes retos. Vemos con buenos ojos algunas medidas, como ampliar la concepción de feminicidio alrededor de la militarización, el uso de la vida y el cuerpo de las mujeres en el conflicto y no solo desde lo que se llama feminicidio íntimo. También nos parece interesante las mesas de alto nivel para la prevención de feminicidios, donde se ha reunido la institucionalidad para hablar al respecto”.

(FIN/JRDP)

20 de agosto de 2024