El articulado fue, recientemente, aprobado en segundo debate por el Congreso de la República. Analistas comentan sobre las ventajas, las desventajas, los desafíos y las implicaciones de hechos como el no haber tenido en cuenta análisis macroeconómicos. Si bien académicos destacan que es la propuesta con un mayor enfoque en mejorar el bienestar de los trabajadores, también consideran que genera un aumento en los costos, lo que puede llevar a empleadores a generar condiciones laborales informales.

La reforma laboral fue aprobada en segundo debate con 88 artículos en la Cámara de Representantes. Foto del Ministerio del Trabajo.

Entre los cambios de mayor impacto está la jornada diurna, que ya no iría hasta las 9:00 p.m., sino hasta las 7:00 p.m., lo cual significaría un beneficio de recargo para quienes laboran en esos horarios, considera Ricardo Moreno Álvarez, profesor del Departamento de Economía de la Facultad de Ciencias Humanas y Económicas de la UNAL Medellín. Específicamente, ese es, para él, un beneficio que recuperan los trabajadores, ya que se había perdido con las reformas realizadas durante del primer mandato de Álvaro Uribe Vélez.

Otras de las ventajas de la reforma laboral aprobada en segundo debate son: el recargo de domingos y festivos, que actualmente son del 75% y se espera escalar al 100% en 2027; los contratos de aprendizaje como los del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), que pasan a ser laborales, lo cual “representa un impacto positivo en la medida en que se otorga mejor remuneración y condiciones como la posibilidad de sindicalizarse”, explica.

“Los contratos de término fijo no se podrán generar de manera indefinida, su límite será de cuatro años y, cuando se cumpla ese periodo, automáticamente pasarán a ser a término indefinido, al cual la reforma le da prioridad”, añade. Las ventajas serán mejores prestaciones y derecho a beneficios como lo son las indemnizaciones. En ese sentido, trabajadores de plataformas de reparto, como Rappi o Uber, harán parte del marco contributivo y los empleadores deberán asumir el 60% de sus aportes sobre las horas trabajadas, y eso, dice, es importante porque ahí había un vacío.

Otros de los puntos positivos de los que habla el docente son los pagos al sistema de seguridad social, que ya no se harían sobre el salario mínimo así se gane menos, ahora estaría permitido hacerlo sobre ingresos inferiores, para microempresas y trabajadores por cuenta propia. También, destaca el profesor Moreno Álvarez, otro beneficio sería la creación de la licencia remunerada por matrimonio por tres días, aumento de la licencia de paternidad a cuatro semanas, permisos para asistir a citas médicas programadas o de urgencia y para faltar al trabajo, incluso, en casos en que las mujeres padezcan ciclos menstruales incapacitantes o por endometriosis diagnosticada.

La actual reforma es progresista y lo ha sido más que las anteriores. Así lo considera, a lo cual agrega que esta es la que más ha avanzado en ese sentido, porque esta vez “va de cara a mejorar las condiciones de los trabajadores, más que la de empleadores. Tiene claro que el trabajo no se considera simplemente una mercancía o factor de producción, sino que tiene que ver y debe estar alineado con la vida misma”.

Los beneficios también serían para el Estado, de acuerdo con Adriana María Flórez Laiseca, directora del programa de Economía de la Universidad del Quindío, porque se podría tener más control del mercado laboral, facilitando, por ejemplo, la creación de políticas públicas que incentiven la formalización de empleos en sectores que tradicionalmente han operado en la informalidad, especialmente los de comercio y servicios; además fortalecería el sistema de seguridad social, ampliando la base contributiva.

Lo que no es tan bueno

En general, para el docente Moreno Álvarez, las medidas anteriores son para aplaudir, no obstante “están enfocadas en los trabajadores formales y esa es una limitación o un efecto negativo, porque en gran parte de los artículos ha dejado de lado al sector informal, que puede crecer tras la reforma, es una posibilidad”.

Esto, expone, puede ser un problema, teniendo en cuenta que “Colombia tiene una inercia estructural muy grande; es decir, es difícil transitar del sector informal al formal”. Explica que un argumento que se ha defendido mucho por parte del Gobierno es que, al robustecer las condiciones laborales del sector formal, más personas se van a animar a participar en este. Para él, en ello hay algo de cierto, pero considera delicado que quien es trabajador informal tiene un riesgo del 90% de probabilidades de continuar siéndolo durante el año siguiente. Es decir que la estructura de los segmentos laborales parece no moverse mucho en el tiempo.

Por el contrario, para Flórez Laiseca la reforma representa un avance significativo para la protección de quienes han estado desamparados laboralmente, en especial aquellos que se encuentran en sectores de bajos ingresos, con bajos salarios o ligeramente superiores. Es decir, quienes devenguen menos de dos salarios mínimos, como puede ser el caso de trabajadores de restaurantes, cafeterías, del sector transporte o de plataformas “en el que hay tanta informalidad”, considera que “se mejora el bienestar, la estabilidad y se promueve la formalización de empleos”.

En cuanto al artículo relacionado con plataformas como Rappi o Uber, Óscar Joaquín Coy Fernández, docente de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de La Sabana, reconoce que hay polémica, porque se busca proteger al domiciliario, pero genera dudas el hecho de poder elegir entre un contrato de trabajo y uno de prestación de servicios con unas mismas características, lo que pareciera no ser técnicamente adecuado.

Flórez Laiseca retoma el tema para explicar que algunos trabajadores se podrían perjudicar, por ejemplo, “muchos de los domiciliarios de aplicaciones y plataformas prefieren el esquema actual, ya que la reforma restringe su autonomía laboral sin ofrecer mejoras salariales sustanciales. Además, aquellos que evitan la afiliación a la seguridad social para conservar subsidios como el Sisbén, que es muy común, podrían verse obligados a cambiar su situación laboral, lo cual podría afectar su ingreso neto, por tanto, están dispuestos a trabajar en las condiciones que les impongan”.

En otra vía y a criterio de Coy Fernández, es un inconveniente la eliminación del artículo que traía cambios en las indemnizaciones por terminación sin justa causa de contratos laborales, que preocupaba al sector económico porque, a su juicio, se cercenaba la productividad.

Ese artículo es sensible, explica, “porque el sector productivo se mueve entre lo que rinde financieramente y lo que se necesita operativamente. Si esa balanza se desequilibra, se puede, coloquialmente, echar mano de las indemnizaciones cuando ya no se requiera de alguien. Entre más altas sean, más costoso sale mover su esquema para funcionar. Este no es un punto positivo para los sindicatos y sectores de trabajadores asociados”, dice.

Al respecto, Flórez Laiseca manifiesta que la reforma aprobada en segundo debate establece normas claras en cuanto a reducir el riesgo de futuras demandas de los empleadores hacia los trabajadores: “claramente, esto va a incrementar costos y brindará un marco legal más transparente y uniforme en cuanto a la contratación”. No obstante, advierte que, como para los empleadores se elevan los costos de manera considerable, es posible que se afecten las microempresas y también aquellos sectores dependientes de mano de obra en horarios nocturnos, fines de semana o festivos, como en la hotelería, el transporte o la industria de la salud, lo cual podría incentivar a que se incurra en prácticas informales o se reduzcan las oportunidades de empleo.

Acerca de los contratos a término fijo, retoma Coy Fernández, que se ha tratado de “bombo político”, según él “no se necesita una reforma laboral para restringir la prestación de servicios, porque ya se hace así jurídicamente, lo que se necesita es una reforma a la administración de justicia para que haga cumplir lo que la ley vigente exige”.

Desafíos

En el mercado laboral hay retos como la automatización y es algo que los trabajadores deberían tener presente, de acuerdo con el profesor Moreno Álvarez, dado que es un asunto que no está muy claro y ante el cual debe haber información, garantías y beneficios.

La informalidad es uno de los grandes desafíos, coincide el docente Coy Fernández. En ese sentido refiere que el costo de tener un trabajador con todas las garantías de ley resulta alto en un país como Colombia, sobre todo para los emprendimientos. En torno a esto está el salario mínimo que, según él, es muy bajo para unas regiones y alto para otras. “$1’300.000 es muy bajo para vivir en Bogotá, pero en una ciudad intermedia y más pequeña, como Mocoa por ejemplo, tal vez alcance de manera digna mucho mejor. Eso aísla la posibilidad de que podamos tener una economía formal”.

A su criterio, “la reforma laboral debe ser una oportunidad técnica, jurídica, económica y profesional para reconocer que, en materia laboral, es una falacia aquello de que todos tenemos que estar en una sola bolsa”. Propone, además, que lo conveniente es atraer la mayor cantidad de contribuyentes para obtener capital para financiar la reforma pensional, además de “dar conversaciones atrevidas, porque ojalá fuéramos un país con un ingreso per cápita altísimo”.

Para el Gobierno, el reto más grande es la implementación equitativa en un país como Colombia que tiene altos niveles de informalidad, de acuerdo con Flórez Laiseca. Para ella, pensar en un ente de supervisión similar a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) podría ayudar a vigilar el cumplimiento de estas nuevas normativas; de lo contrario, no tendría sentido. Además, tiene la obligación de crear políticas de incentivos para la formalización del empleo en sectores que dependen de bajos costos laborales”.

Adicionalmente, una gran debilidad que se debe tener en cuenta, sobre lo que hay que pensar, es la falta de estudios macroeconómicos que dejan sin peso las decisiones: “No haber considerado esta posibilidad y haberla aprobado así en el Congreso, claramente, va a generar implicaciones complejas. Si la reforma pasa es altamente probable que haya restricciones”.

(FIN/KGG)

18 de noviembre de 2024