Los conflictos que actualmente ocurren en el mundo, como los de Sudán, Libia, Siria, Ucrania, Yemen y Afganistán, posicionan en la agenda pública información sobre las guerras, como la participación de mercenarios en escenarios de confrontación bélica. Académicos dan una mirada al surgimiento de esta actividad que se presta para la violación de los derechos humanos y el Derecho Internacional Humanitario por intereses absolutamente económicos.

La cancillería presentó un proyecto de ley para prohibir el mercenarismo. Foto de Memorial - International Volunteers for Ukraine.

En plataformas de empleo como Jooble se encuentran ofertas laborales que buscan cooptar interesados en trabajar en unidades oficiales de las fuerzas armadas de Ucrania y en cuya descripción mencionan el ofrecimiento de alimentación, alojamiento, equipamiento y entrenamiento militar, incluso para quienes no tienen ese tipo de experiencia. Los sueldos anunciados oscilan entre $11.500.000 y $18.000.000.

“Vi la convocatoria por redes sociales y luego un documental. Así me convencí. El riesgo allá es igual al de Colombia, solo que pagan mejor. Aquí me ganaba $1.800.000 y allá $14 millones, además yo sabía que eso me abriría muchas puertas después”, le contó al diario El Colombiano el mercenario Audel Rojas Beltrán, quien participó en el frente de guerra en Donbás, en Ucrania.

Al 24 de febrero de 2025, al menos 184 colombianos murieron tras tres años de guerra entre Rusia y Ucrania, según informó el Ministerio de Relaciones Exteriores a través de la Embajada de Colombia en Polonia al diario El País, de Cali.

¿Quiénes se pueden considerar como mercenarios? En la Norma 108, de la base de datos del Derecho Internacional Humanitario Consuetudinario del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), se lee que el concepto de mercenario tiene “una definición muy restrictiva, porque requiere que se cumplan todas y cada una de seis condiciones”.

Esas consideraciones que menciona el documento señalan que una persona no nacional ni residente en un territorio controlado por el conflicto se le reclute, a nivel local o en el extranjero, para combatir y tome parte en las hostilidades, animada específicamente por una retribución económica, no como enviado a una misión oficial como miembro de fuerzas armadas.

El concepto de mercenarismo está en “una zona gris”, en tanto que su definición es difícil, comenta Mauricio Reyes Betancourt, profesor de la Facultad de Derecho de la UNAL Bogotá, quien explica que el término suele usarse para descalificar a personas que se vinculan legítimamente a ejércitos regulares por convicción, en condiciones similares a las de los soldados del país al que se unen y a empresas de seguridad reconocidas que cumplan con el Derecho Internacional Humanitario.
Los mercenarios, enfatiza, son personas que se dedican a esto por un interés estrictamente económico y se caracterizan por no depender de un mando responsable ni cumplir el derecho de los conflictos armados; a su vez, no son tratados como prisioneros de guerra en conflictos internacionales.

A lo anterior, destaca Reyes Betancourt, estos combatientes en caso de ser capturados no pierden su derecho al debido proceso, además se les debe garantizar la integridad personal y la vida puesto que tienen el status de combatientes.

El conflicto de Ucrania es uno de los más mediáticos y la participación de colombianos calificados como mercenarios ha llamado la atención. No obstante, el docente advierte que connacionales quienes se vinculan como soldados regulares al unirse a ejércitos legítimos y regulares en condiciones iguales a las de los nacionales de esos países, no deben ser considerados como mercenarios, distinto a lo que ocurre con aquellos que participan de manera individual y sin estar insertos en un mando responsable como ocurrió con los colombianos acusados del asesinato del presidente de Haití en 2021.

Mercenarismo: asunto de vieja data

Históricamente, las guerras se habían hecho con mercenarios, quienes no tienen tratamiento de prisioneros de guerra. Reyes Betancourt explica que así ha sucedido desde el inicio de los estados contemporáneos con las monarquías europeas.

Según el docente, los reyes usaban mercenarios, sobre todo suizos, al ser los mejores preparados, pues hacia los años 1200, cuando Suiza buscaba su independencia, el país logró un ejército moderno para ese entonces. Con las guerras napoleónicas y con la Ley Leva en masa promulgada en 1793, se estipuló el reclutamiento masivo con la obligación de que los franceses entre 18 y 25 años fueran vinculados al ejército, a lo que se sumó una gran participación de suizos.

“Ahí aparece el concepto que hoy tenemos de servicio militar obligatorio y la idea de que los soldados luchan por su país y que es el ciudadano, originalmente de la Revolución Francesa, el que lucha por su país”.

De manera simultánea se empezaron a desarrollar armas de largo alcance y a incrementar las muertes de los soldados, “lo que hizo que no se viera natural hacer guerras con mercenarios. Por el contrario, se empezó a ver muy mal y a discriminarse entre soldado regular, militar regular y reclutado versus los mercenarios que luchaban por dinero y no por su país o una causa. Ahí se inició una gran división”, explica.

Comenta también que la figura del mercenario reapareció de nuevo durante las guerras de descolonización de África durante las décadas 50 y 60 del siglo pasado.

Exmilitares colombianos, de los más apetecidos

En Colombia, el mercenarismo se ha hecho más frecuente después de la Posguerra Fría, es decir, después del 11 de septiembre de 2001, de acuerdo con Olmer Muñoz Sánchez, docente de la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad Pontificia Bolivariana, quien llama la atención sobre la predilección de países en conflicto por vincular a exmilitares colombianos como explícitamente lo ha solicitado Arabia Saudita que, incluso, hace contrataciones legales como escoltas a personas que se pensionan muy jóvenes, incluso de 45 años.

El docente explica que esto tiene que ver con la profesionalización militar, pues hasta la década del 90, el Ejército colombiano estaba relativamente equipado y con capacidad para defender la soberanía, pero era demasiado débil en la visión estratégica y táctica.

“Evidentemente, después de una gran cooperación con Estados Unidos, el nivel de profesionalización del Ejército Colombiano fue aumentando cada vez más su capacidad de utilización técnica, hizo más efectivo su despliegue en zonas agrestes del país e ingresaron a algunos de los grandes campamentos de paramilitares y del ELN (la organización guerrillera Ejército de Liberación Nacional), cosa que no había logrado hacía muchas décadas”, dice.

Además de capacidad operativa y táctica, el Ejército nacional cuenta con entrenamiento especial, experiencia en conflicto interno y se ha mantenido, contrario a lo que ocurre, por ejemplo, en Argentina, cuyo ejército fue desmontado paulatinamente después de la dictadura. Según el profesor, otras ventajas tienen que ver con que es uno de los ejércitos latinoamericanos mejor formados en derechos humanos, acciones ofensivas, defensivas y operativas de rescate, además ha logrado procesos de formación y cualificación académica a generales y coroneles que incluso han estudiado doctorados.

La formación, agrega, “no solo ha sido operacional, sino también para desarrollar conocimientos sobre fenómenos como la delincuencia organizada transnacional, narcotráfico, tráfico de personas, tráfico de migrantes y, por supuesto, explotación ilegal de yacimientos de minerales y de petróleo”.

El reconocimiento ha llevado al Ejército colombiano a compartir el conocimiento adquirido, de acuerdo con el docente, con policías y miembros de las fuerzas armadas de países como México y Perú.

Mercenarismo y derechos humanos

Pedro Piedrahita Bustamante, profesor del Departamento de Ciencia Política de la Facultad de Ciencias Humanas y Económicas de la UNAL Medellín, expone que “los mercenarios cumplen roles determinantes en el desarrollo de las guerras, sobre todo porque pueden cometer y desarrollar acciones bélicas que un Estado no podría realizar y que a la luz del Derecho Internacional Humanitario están prohibidas”. En ese sentido, “al hacer el trabajo sucio”, se presta para violaciones sistemáticas a los derechos humanos.

De esa manera, añade, se evidencia un fenómeno generado por el mercenarismo, que la polemología, el estudio científico de los conflictos, ha denominado privatización de la guerra. Así mismo, se da una asimetrización de la guerra; es decir, hay una desventaja estratégica al darse una gran diferencia en cuanto a recursos militares, políticos y económicos que obliga a ambos bandos a emplear estrategias atípicas.

Las reglas para la guerra empezaron a surgir, sobre todo, al final del siglo XIX, posterior a la Primera y Segunda Guerra Mundial, pero en el marco de la Organización de las Naciones Unidas es donde se han generado los protocolos para humanizar los conflictos, según el docente, “para que, a pesar de ser una tragedia, existan normas que eviten sufrimientos innecesarios que se pueden cometer”. A partir del siglo XX entra en apogeo del Derecho Internacional Humanitario.

Precisamente, en procura del respeto a los derechos humanos en contextos de guerra, existe la Convención Internacional contra el Reclutamiento, la Utilización, la Financiación y el Entrenamiento de Mercenarios de Naciones Unidas que entró en vigencia en 2001. No todos los Estados la han firmado, entre ellos está Colombia, según Andrés Macías Tolosa, investigador de la Facultad de Finanzas, Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad Externado de Colombia y miembro del Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre mercenarios.

Una “oportunidad” en el mercado laboral

El Grupo de Trabajo sobre la utilización de mercenarios de Naciones Unidas ha ampliado el espectro de revisión de denuncias y actividades relacionadas con qmercenarismo, así como también con las compañías militares y de seguridad privada que operan en diferentes contextos, al tratarse de actores que con frecuencia usan armas y que pueden potencialmente violar los derechos humanos y la libre autodeterminación de los pueblos, buscando evitar las vulneraciones.

No obstante, esto no frena la situación. “Para un Estado es muy complejo controlar qué hacen sus ciudadanos por fuera de su país, porque no le puede prohibir a una persona que salga de la nación a trabajar mientras todo sea legal”, afirma Macías Tolosa. Lo que sí pueden hacer los gobiernos, añade, es reglamentar las compañías militares y de seguridad privada que sirven de intermediarias, porque no hay una regulación clara, a excepto del Código Internacional de Conducta para Proveedores de Servicios de Seguridad Privada (ICoCA), que es una iniciativa basada en la autoregulación. En ese sentido, dice que ese es un gran reto: ¿cómo regular a dichas compañías?

El mercenarismo está asociado a dos aspectos: conflictos de otras escalas que se empezaron a presentar y a procesos de paz, dado que después de ellos hay disminución de ejércitos nacionales como desmovilización de grupos armados ilegales o de resistencia, una población flotante con capacidades y habilidades muy específicas que deciden convertirse en mercenarios por considerarlo una oportunidad laboral y económica, de acuerdo con Piedrahita Bustamante.

Soluciones estructurales

El canciller Luis Gilberto Murillo radicó ante el Congreso de la República un proyecto de ley cuyo propósito es prohibir el mercado del mercenarismo en Colombia, prevenir el reclutamiento, el financiamiento y entrenamiento, y tipificarlo como delito. Para el docente Piedrahita Bustamante esto es parte de un sesgo jurídico que es “creer que las normas van a resolver los problemas, es un ilusionismo jurídico”.

El asunto es analizar, según el docente, el contexto del país, pues dadas las décadas de conflicto, hay exmilitares en retiro que ven el mercenarismo como una gran oportunidad de ejercer aquello para lo que fueron “entrenados y conocen muy bien. El Gobierno nacional está desconociendo estas dinámicas”.

A su criterio, cumplir con el Acuerdo de Paz y las garantías a los reinsertados y desmovilizados, así como revisar las condiciones de soldados y policías en retiro, deben ser los ejes más importantes. En general, “hace falta mayor diagnóstico de la problemática para formular iniciativas”.

(FIN/KGG)

10 de marzo de 2024