Se aproxima Semana Santa, una época históricamente crítica por el tráfico de especies, una de las actividades ilícitas más dañinas y lucrativas en el mundo. Académicos alertan sobre los impactos a los ecosistemas y los riesgos del contacto de los humanos con la fauna silvestre, sobre lo cual ha hecho un llamado, incluso, la Organización Mundial de la Salud.

Algunas de las especies silvestres más extraídas de manera ilegal están en peligro de extinción. Foto de Corantioquia.

Durante marzo, corporaciones autónomas regionales han informado sobre el decomiso de treinta metros cúbicos de madera de especies como nogal, cedros, abarcos, eucaliptos y comino, sin permisos requeridos para su comercialización, incautados en Jericó. En la vía Caucasia-Montería una persona fue capturada por transportar 50 metros cúbicos de madera teka. En Yarumal se incautaron especies forestales de comino y cedro. En Donmatías, 400 bultos de carbón vegetal fueron confiscados por no contar con la documentación que respalde su origen. Estos hechos evidencian el problema del tráfico ilegal de especies en el país, especialmente, en Antioquia.

El departamento está entre los cinco con mayores índices de deforestación en Colombia. Según Global Forest Watch, plataforma de información y monitoreo sobre el estado de los bosques, la región perdió 134 kilohectáreas de bosque primario húmedo entre 2002 y 2023, y entre 2001 y 2023 se disipó la cobertura arbórea de 592 kilohectáreas, lo que equivale a una disminución del 12% desde el 2000.

Sin embargo, la razón de la deforestación no obedece a la extracción de madera, sino a la expansión de la frontera agrícola, principalmente, de acuerdo con Juan Carlos Sierra Mondragón, docente del Departamento de Ciencias Forestales de la Facultad de Ciencias Agrarias de la UNAL Medellín. “Es a lo que comúnmente se le llama ‘engordar tierras’ y es que tumban el bosque, le cultivan pasto, cercan, meten una vaca y ya. Ahí no hay producción ni de carne ni de leche. Lo que se hace es apropiarse de tierras para luego venderlas”.

“También tenemos pequeños colonos que van entrando al bosque natural cambiando el uso del suelo. O sea, pasamos de bosque a pequeños cultivos, generalmente de maíz, plátano o yuca para suplir necesidades alimenticias, pero no es tan significativo en la deforestación”, añade.

Según el docente, la necesidad de producir madera se generó desde hace 50 años en Antioquia, no obstante, dado que el país es rico en especies forestales, lo que se empezó a hacer y se continúa realizando es extraerlas con el problema de que no hay información certera sobre la demanda de madera, lo que contribuye a un alto grado de informalidad que puede estar por el 40%.

En el Valle de Aburrá, entre febrero del 2022 y el mismo mes del 2023, el Área Metropolitana del Valle de Aburrá decomisó más de 240 metros cúbicos de madera de 28 especies forestales traficadas de manera ilegal. “Esta cantidad equivale a 17 camiones llenos de madera y alrededor de $259.211.170”, detalla la entidad en uno de sus comunicados. Entre las especies arbóreas más sobreexplotadas están el cedro, el roble y el pino pátula, cuyas poblaciones han disminuido.

En general, las especies que más se trafican son las que tienen mayor demanda en carpintería o ebanistería, como el roble, que prácticamente está vedado, y el cedro, mientras que el abarco, por ejemplo, es una especie muy utilizada en construcción, como destaca el profesor Sierra Mondragón. Las bondades de estas maderas, explica, es el valor que toman porque no se tuercen ni se rajan, “se dejan trabajar muy bien y por eso son tan apetecidas”.

Los esfuerzos normativos y la avidez de un mercado potente

El tráfico de fauna silvestre está tipificado como delito, como se establece en la Ley 2111 del 2021. Los artículos 329 y 330 hacen alusión al manejo ilícito de especies exóticas y a la deforestación, con prisión de entre 48 y 108 meses, y 60 y 144 meses, respectivamente.

Hay normativa, convenciones y tratados internacionales con los que se busca hacer prevención y control en el mundo, como la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES, por sus siglas en inglés) o el Consorcio Internacional para Combatir los Delitos contra la Vida Silvestre.

Además, en el caso colombiano, la Policía Nacional inauguró el Laboratorio de Identificación Genética Forense de Especies Silvestres, el primero en Latinoamérica, y las corporaciones autónomas regionales realizan esfuerzos para prevenir y atender los casos.

Pese a las iniciativas, los casos de tráfico ilegal se siguen dando y es el cuarto delito más lucrativo, después del tráfico de personas, armas y narcóticos, según la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. Los esfuerzos no son suficientes para atender el problema, al cual se suma la dificultad de judicializar, dado que es difícil demostrar las ocurrencias del delito, según la bióloga Juliana María Martínez Garro, docente e investigadora de la unidad académica de Ecología, Medicina Veterinaria-Zootécnica y Biología de la Universidad CES.

Las especies más afectadas suelen ser reptiles, primates, felinos y anfibios. Estos últimos son atractivos en el mercado de las mascotas y el coleccionismo, sobre todo en Europa y Estados Unidos, como lo menciona Andrew Crawford, profesor del Departamento de Ciencias Biológicas de la Universidad de los Andes: “entre más raro el animal, más costoso es y, por lo general, quieren lo que es diferente. Esa es la tragedia, porque son los más vulnerables a la sobreexplotación”.

En el tráfico ilegal de especies influye la demanda internacional, de acuerdo con la profesora, quien expone que actualmente es común el tráfico de partes corporales de animales que, por lo general, en el caso colombiano, se extraen del Amazonas y del Pacífico colombiano.

Una de las especies más afectadas es el jaguar, cuyas partes son comercializadas en el mercado asiático para preparaciones de la medicina tradicional china o como símbolos de estatus, en reemplazo del Tigre de bengala (Panthera tigris), una de las especies en vía de extinción más amenazadas.

Así como en la medicina, las especies traficadas son diversas y empleadas en prácticas muy distintas que van desde la tenencia como mascotas o incluso las prácticas espirituales. Crawford, cuenta que, en el caso de los anfibios, hay ranas venenosas a las que se les estresa para extraerles sustancias que son demandadas en rituales.

El académico recuerda el caso de Marcela Alcázar, una actriz mexicana que murió en diciembre del 2024 tras consumir kambó, un ungüento ancestral que utiliza veneno de rana y que según la tradición contribuye a erradicar adicciones, problemas físicos y emocionales. La sustancia le fue suministrada durante un retiro espiritual.

Al docente Crawford le preocupa que, para Colombia, hay estudios que desde 2020 han alertado sobre el uso, con fines alucinógenos, de la sustancia que secreta la rana mono (Phyllomedusa bicolor), nocturna y arbórea que habita en la cuenca del Amazonas. El “servicio” se ha ofrecido en rituales en Cali, Bogotá, Rionegro y Quindío.

Otro caso cercano es el fallecimiento de una persona por rabia en Jericó por la manipulación de fauna silvestre (un mamífero), según alertó recientemente la Secretaría de Salud en Inclusión Social de Antioquia.

Como lo demuestran estos hechos, las implicaciones y los daños que causa el tráfico ilegal de especies es numeroso, con afectaciones a las personas y a la naturaleza. Al respecto, la docente Martínez Garro llama la atención: “Nos deberíamos preocupar siempre por conservar nuestra biodiversidad, que es una de las cosas más importantes que como país tenemos”. No obstante, “solo nos interesamosen estos temas cuando, como humanos, nos afecta por el cambio climático o por la proliferación de algunos animales que no nos gustan mucho, como consecuencia de desbalances en los ecosistemas por tráfico ilegal de otras especies. Por ejemplo, por el tráfico de felinos y aves rapaces, los roedores proliferan y se nos vuelve un problema”.

¿Cómo superar o mitigar el tráfico ilegal de especies?

En el caso de la madera, para el profesor Sierra Mondragón, hay que pensar en ideas que mitiguen la situación y no solo que la prohíban. En ese sentido, se deben pensar estrategias que permitan incorporar al sistema productivo a dueños de territorios ubicados en los bosques con la compra a precios justos de sus productos.

“El reto más grande es la gobernanza forestal”, dice. Considera que el desafío principal es lograr el gobierno sobre los bosques naturales, “pero si nosotros no podemos acceder a esas zonas, van a seguir siendo de alta deforestación”.

Por su parte y con respecto al tráfico de fauna, la docente Martínez Garro comenta que hace falta investigación que nos permita reconocer nuestros recursos naturales, además del fortalecimiento de procesos de apropiación social del conocimiento, para transmitir a las comunidades la importancia de cuidar y preservar los recursos naturales: “Es súper importante enfocarnos mucho en las nuevas generaciones para cambiar prácticas culturales como comer ciertos tipos de especies”.

Para el docente Crawford ese también es el camino, y habría que orientar principalmente a niños en las comunidades locales para que reconozcan la biodiversidad, fomentar el orgullo por la diversidad de la fauna y la flora de sus territorios, y para que reconozcan los riesgos de la extinción de las especies. Esto, dice, ya ha demostrado ser efectivo en ciertos lugares. Se trata, según él, de aplicar esos aprendizajes exitosos.

(FIN/KGG)

25 de marzo de 2024