En el año 1993 una reforma pensional buscó superar deficiencias del sistema de pensiones en Colombia, pero no fue aprobada en su conjunto y quedó el régimen mixto actual, que comprende el de Ahorro Individual con Solidaridad (RAIS) y el de Prima Media (RPM), que es el que se pretende atacar con la restructuración que estudia el Gobierno.

Aunque no hay hasta el momento un documento oficial desde septiembre se ha ambientado el tema, los puntos de la reforma se vienen tratando desde hace varios años. En esencia, se resume en dejar un solo régimen: el de ahorro individual, es decir que la pensión depende del ahorro de cada persona y los manejos financieros de estos dineros por parte de los fondos privados de pensiones.

La profesora Laura Moisá Elicabide, del Departamento de Economía de la Facultad de Ciencias Humanas y Económicas de la UNAL Medellín, explica que la propuesta del Gobierno es similar a la de la Asociación Colombiana de Administradoras de Fondos de Pensiones y de Cesantías (Asofondos), que ha sugerido acabar con el Régimen de Prima Media (RPM) el modelo de la Administradora Colombiana de Pensiones (Colpensiones) y transformarlo en un fondo más de capitalización individual. La opción supone pagos más altos de los cotizantes en los aportes mensuales de pensión, dado de pasarían del 16 % al 20 %.

Juan Carlos Gutiérrez, profesor del Departamento de Finanzas de la Universidad Eafit está de acuerdo con el planteamiento, pues afirma que, por ejemplo, “los millenials en los próximos 30 años si se quieren pensionar tienen que ahorrar más o menos el 45 % del salario en países desarrollados. Nosotros estamos hablando de apenas el 16; hay que subir las cotizaciones. Si eso se hace, estamos avanzando”.

Otras alternativas las han planteado la Asociación Nacional de Instituciones Financieras (ANIF) y la Fundación para la Educación Superior y el Desarrollo (Fedesarrollo).

Gutiérrez explica que la primera entidad prefiere que se haga una reforma con ajuste a los parámetros del sistema pensional como el incremento a la edad de pensión a 65 años y reducir la tasa de reemplazo que es la mesada pensional en proporción del salario promedio.

Adicionalmente, reducir la pensión sustitutiva, incrementar cobertura en pensiones mínimas, fortalecer el programa Colombia Mayor y hacer una reforma estructural laboral que reduzca la informalidad en el sistema colombiano. Por su parte, Fedesarrollo propone un esquema de pilares que implicaría que, quienes reciban más de dos salarios mínimos podrían estar en un fondo de pensión privado.

El académico considera que todas las posibilidades tienen aspectos positivos y negativos, pero para que avancen es importante que tanto el Ministerio de Hacienda y Crédito Público como el del Trabajo se alineen en torno a cómo diseñar la propuesta de reforma, la cual debe hacerse con base en tres criterios: cobertura, equidad y sostenibilidad.

Precisamente con base en esos aspectos Rodrigo Alonso Paniagua Grisales realiza una investigación en torno a la reforma pensional. Él, economista y estudiante de la Maestría en Economía de la UNAL Medellín, considera que “si lo que se pretende solucionar es la cobertura en materia pensional, las propuestas de los gremios económicos, especialmente la de Asofondos, va justamente en contravía”.

En cuanto a equidad, afirma que lo indispensable es desligar la pensión del trabajo: que sea una pensión universal, no contributiva y que sea asignada a los colombianos cuando cumplan determinada edad para asegurarles una vida digna.

Riesgos de la privatización

La que se plantea, según la profesora Moisá Elicabide, “es una reforma que tiene toda la ideología fuerte de flexibilización y privatización, de dejar al mercado cumplir la función que debería cumplir el Estado, por lo que es vinculada a lo que se hizo en Chile en los 80 y que ahora vemos cuáles son sus consecuencias”.

El modelo de pensiones de Chile fue impuesto durante la dictadura de Augusto Pinochet. Consiste en que los contratados realizan mensualmente aportes del 10 % de su sueldo a cuentas individuales de ahorro manejadas por entidades financieras privadas.

Durante el último mes en ese país se han registrado protestas cuyos motivos incluyen el descontento por pensiones de montos inferiores al salario mínimo actual mientras que los fondos de pensiones aumentaron en un 70 % sus beneficios entre enero y septiembre de este año en comparación con el mismo periodo del 2018, según información de la Revista Portafolio.

El porcentaje de aportes de ahorro individual en Chile ha representado un error, según el profesor Gutiérrez: “no es de extrañar que, con cotizaciones tan bajas se obtengan tasas de reemplazo del 35 %. Si cotizas por lo bajo, no puedes esperar pensiones altas”.

Según la profesora Moisá Elicabide, el de Chile es un ejemplo del fracaso de ese modelo pensional y, por tanto, un riesgo para el de Colombia, cuyo modelo es similar. Para ella, el verdadero desacierto es que “en este país tenemos la costumbre de subsidiar a los ricos, no a los que lo necesitan, y el sistema de pensiones está, más o menos, haciendo eso”.

Argumenta que la estructura pensional que se quiere imponer en Colombia “va totalmente en contra de lo que es el concepto de pensión en una sociedad civilizada, pues está vinculada al trabajo en un país donde solamente entre el 30% y el 40 % de la población tiene un trabajo estable”.

Sobre algunas figuras laborales se refiere Paniagua Grisales, quien expone que quienes trabajan bajo contratos de prestación de servicios tienen mayores problemas, dado que no cotizan o lo hacen en bajos porcentajes.

“Ellos terminan teniendo contratos de seis u ocho meses que luego puede que no sean renovados. En ese sentido, no pueden aportar por mucho más tiempo y por tanto no pueden cumplir, por un lado, con el aporte individual exigido en los fondos privados o, por el otro, con el número de semanas mínimas en el régimen público. ¿Al final a qué se llega? A que esas personas lo único que pueden esperar recibir es la devolución de sus aportes y, quizá, en algunos casos a intereses de ajustes por inflación en el RPM. Lo sustancial es que no se pueden pensionar, explica.


Optar por el beneficio colectivo

Para el estudiante de Maestría en Economía de la UNAL Medellín, si bien en Colombia hay más jóvenes que puedan aportar al régimen, es fundamental que los impuestos se asignen de manera más eficiente, que se combata la corrupción y que, a partir de los gravámenes que pagan los ciudadanos se pueda obtener financiación para la pensión universal no contributiva.

Lo que supone la reforma propuesta es una contradicción, pues busca vincular una política de condiciones básicas de vida a una cuestión económica de mercado, según la profesora Moisá Elicabide. Lo que se debería hacer en el país, sugiere, es un régimen generalizado en el que personas en edad de pensionarse tengan derecho a tener un ingreso básico garantizado que les permita vivir dignamente: “la política de pensiones debe ser de corte social”.

Hay regímenes públicos como el de Brasil, pero el anterior a la reforma, que asegura una base de cotización y cuando los empleados se van a pensionar se traza un tope (más o menos a términos actuales unos 3’000.000 de pesos colombianos). “A partir de ahí los que tenían mayores ingresos podían utilizar fondos privados”, explica la profesora Moisá Elicabide, para quien ese sistema podría funcionar en Colombia.

También es importante, concluye Paniagua Grisales, mejorar la educación, el conocimiento de las personas para permitirles ser más productivos en el contexto de la Cuarta Revolución Industrial: “Hay que capacitar en asuntos tan importantes como el internet de las cosas o la analítica de datos, pues la robotización traerá nuevos empleos”.

12 de noviembre de 2019