Latinoamérica sufre actualmente una coyuntura de crisis política caracterizada por diferencias y matices. La ciudadanía ha demostrado su descontento en Bolivia, Chile y Ecuador, y en Colombia se prepara para hacerlo el próximo 21 de noviembre.
La situación de inconformidad en Chile se originó a inicios de octubre con protestas para rechazar el aumento del precio del pasaje del metro en Santiago, medida que quiso imponer el presidente Sebastián Piñera. Por su parte, el motivo de las manifestaciones en Bolivia fue inicialmente la cuestionada victoria de Evo Morales y, después, el Golpe de Estado que se dio en ese país, mientras que en Ecuador cesaron las jornadas de movilizaciones el 15 de octubre luego de que el presidente Lenín Moreno anulara el decreto 883 que establecía el alza del precio del diésel y la gasolina.
El profesor Édgar Ramírez Monsalve, del Departamento de Ciencia Política de la Facultad de Ciencias Humanas y Económicas de la UNAL Medellín, hace un recuento y una aproximación tanto a lo que cada caso ha significado y a las implicaciones que ha representado.
Sobre Chile, asegura que lo que se puede captar es que el modelo neoliberal “que se presentaba como un oasis o como ejemplar” generó un proceso de acumulación para sectores pequeños -un 10 %-, en tanto que el grueso de la población se mantuvo por fuera del crecimiento de capital financiero. Los agravantes fueron alternancias políticas de derecha y de izquierda con connotaciones autoritarias y la permanencia de una constitución impuesta desde la dictadura de Augusto Pinochet.
En ese sentido, piensa que las movilizaciones tuvieron que ver con ampliar el espectro democrático, pero también de exigir mayor participación en políticas públicas de beneficio y reparto de logros económicos de la sociedad chilena, pues hay sectores con pobreza y miseria absoluta.
Las reclamaciones en Bolivia, por su parte, comenzaron a ser lideradas durante la coyuntura electoral por sectores de élites excluidas desde hace 14 años de la dirección del Estado. La convocatoria se hizo a través de “sentimientos religiosos”, dice el profesor, para reclamar por una apertura democrática en segunda vuelta.
Asegura que “hay, evidentemente, un gobierno de las multinacionales con un vivo interés por el extractivismo minero y, al verse aislado de ese mercado por directrices de Evo Morales, presionó desde Santa Cruz y La Paz a que las fuerzas militares le quitaran el apoyo al presidente, quien renunció presionado saliendo del país y se generó una situación de crisis política muy compleja en tanto que otros sectores comienzan a movilizarse para mostrar que lo que ocurrió fue un Golpe de Estado que transgrede espacios democráticos”.
Explica que en el caso de Ecuador, el presidente Lenin Moreno, siguiendo directrices del Fondo Monetario Internacional, trató de bajar subsidios a transportadores, en lo que se vio afecta la población. “Pero a su vez con su discurso neoliberal trató de imponer medidas que fueron contrarrestadas, protestadas y que llevaron a cuestionar la actual política económica. No solo salió de gobernar de Quito a Guayaquil sino que hubo movilización de estudiantes e indígenas que exigieron derogación”.
De otro lado, en Colombia la reforma pensional propuesta por el Gobierno, es uno de los últimos hechos que ha indignado a la población colombiana. Lo que se puede interpretar hoy en Colombia, según el profesor Ramírez Monsalve, es “que el modelo del Uribismo comienza a tener inflexión. Pasa de ser dominante y exclusivo durante ocho años, a tener quiebres durante el gobierno de (Juan Manuel) Santos y actualmente, a plantear cuestionamientos muy serios cuando se analiza, por ejemplo, lo que está ocurriendo con los acuerdos de La Habana o con los estudiantes”.
La muerte de -al parecer- 18 niños en un bombardeo de las fuerzas armadas en Caquetá, fue otra razón que ha motivado el rechazo del gobierno de Iván Duque y, en consecuencia, la planificación de una manifestación convocada por ciudadanos del común, así como universitarios, indígenas e incluso artistas.
Participación y represión
La ciudadanía actualmente está tomando un rol activo en la política, según Giovanny Areiza, politólogo y docente de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Antioquia, quien argumenta que si bien las redes sociales lo han facilitado, también han representado una manera de desinformación, en el sentido en el que “la política no es algo fácil de entender”.
Para la historiadora María Luisa Restrepo, una de las dos fundadores de Ciencias Sociales a la calle -una iniciativa para acercar a la ciudadanía a la historia, ciencia política y la economía- es claro que “si algo conecta a lo que pasa en Chile, con lo que pasó en Bolivia, lo de Ecuador con respecto al “Paquetazo” y con lo que viene sucediendo en Colombia –que es interesante desde el punto de vista del Plebiscito por la Paz- es el rol predominante de la ciudadanía como fuerza política, es también una respuesta al descreimiento de las fuerzas y partidos políticos tradicionales”.
Añade que ejercer la ciudadanía es una manera de reconocimiento de los derechos. En el país la exigencia por su cumplimiento y las movilizaciones también datan de varios años como lo ilustra el liderazgo de María Cano, quien a comienzos del siglo XX recorrió Colombia reclamando dignificación de las condiciones de los trabajadores.
Sin embargo, la participación activa de la ciudadanía en contra de causas que considera injustas ha sido sujeta a represión en muchos casos, pues como explica el profesor Areiza, el hecho de que se esté en su contra representa el debilitamiento de las instituciones.
Hace alusión, por ejemplo, al Golpe de Estado en Bolivia y al accionar de las fuerzas militares en Colombia que implicó la muerte de niños en un bombardeo, lo que sumado a otros hechos, ocasionó la renuncia del entonces ministro de Defensa, Guillermo Botero.
Las fuerzas militares, según el profesor Ramírez Monsalve, son parte del respaldo de cualquier democracia, pero “en el caso de Colombia la situación es peculiar pues bajo la categoría de orden público turbado se han cometido desmanes, abusos de poder de los que el país tiene una larga historia, incluso antes de lo que se llamaba Estado de Sitio hasta hoy, cuando el Gobierno que no se responsabiliza de la seguridad de los colombianos”, agrega.
Al respecto, la historiadora Restrepo, considera que la represión más cruenta fue la de 1928 con la Masacre de las Bananeras. En ese entonces el Ejército liderado por el general Carlos Cortés Vargas, reseña la Revista Credencial Historia, les disparó a huelguistas y a trabajadores de la United Fruit Company que rechazó las peticiones del sindicato de trabajadores que exigía aumento de salario y descanso dominical remunerado, entre otros. “El Presidente de la república felicitó al general Cortés Vargas por haber salvado al país de la anarquía”, se lee en el artículo publicado en www.revistacredencial.com
Restrepo añade que también hay casos recientes como la protesta que a finales de septiembre realizaron estudiantes de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas para rechazar la corrupción en la Institución. El Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD) de la Policía Nacional lanzó gases lacrimógenos y bombas de aturdimiento a los manifestantes.
Garantías
Específicamente en Colombia, “pensar y actuar distinto, en oposición, desde una perspectiva alternativa e incluso contradecir a quienes están en el ejercicio del poder político es riesgoso. El país tiene larga y fatídica tradición de usar la violencia. La democracia colombiana es más formal que real”, asegura el profesor Ramírez Monsalve.
Esto pese a que con la promulgación de la Constitución Política de 1991 se habló de pasar de una democracia representativa a participativa. Una de las situaciones en las que se evidencian actitudes autoritarias “son expresiones que el también exministro de Justicia (Guillermo Botero) lanzaba contra la movilización social, aun cuando esta se debe garantizar; llenan de calificativos a quienes tratan de protestar. Levantan entonces esos fantasmas del terrorismo, la subversión, el comunismo o el castrochavismo”, agrega.
En general, la democracia está debilitada en Latinoamérica según el profesor Areiza, pues argumenta que antes se entendía como valor o cuestión filosófica desde la administración de lo público y se ha convertido en algo meramente procedimental que hace referencia a las elecciones la mayoría de las veces.
Pero, además, el de personas que llegan al poder y para aferrarse a él tratan de hacer reformas en la Constitución es otro aspecto que influye, como refiere, ha ocurrido con Colombia o Venezuela, Ecuador o Bolivia, aunque uno de los elementos importantes de la democracia es la alternancia.
La política no es unidireccional, son luchas y correlación de fuerzas, según el docente Ramírez Monsalve. Sin embargo se ha evidenciado que las organizaciones políticas han respondido frente a las crisis que se han registrado en las naciones y para el profesor Areiza, garantizar la democracia por parte de los gobiernos debe partir de permitir la movilización y de tomar medidas más incluyentes, pues “la percepción de exclusión es la que impulsa a la gente a la calle”.
18 de noviembre de 2019