Tras inconformidades que le generó al gobierno colombiano el Informe anual del Alto Comisionado de las Naciones Unidas (ONU) para los Derechos Humanos sobre este tema en Colombia y cuyo documento fue presentado recientemente en Ginebra (Suiza), expertos coinciden en que la labor del Estado es reconocer lo que sucede en el país y velar por políticas públicas que garanticen la protección de los derechos humanos.

El miércoles 4 de abril la canciller colombiana Claudia Blum hizo las más recientes objeciones al Informe sobre el cual manifestó que “no es un diagnóstico integral ni actualizado que identifique tanto retos como logros existentes”. Criticó que no se mencionan progresos en materia de derechos políticos, económicos, sociales y culturales, lo que, según el Gobierno, genera “apreciaciones sesgadas sobre el compromiso del país en esta materia”.

El informe presentado por el relator especial, Michel Forst, señala que en 2019 hubo 36 masacres en el país que implicaron la muerte de 133 personas, la cifra más alta desde 2014. Antioquia, Cauca y Norte de Santander fueron los departamentos más afectados. Defender los derechos humanos en Colombia se sigue considerando como una labor de alto riesgo, según La Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (ACNUDH), que documentó 108 asesinatos de líderes, de los cuales el 75 % ocurrieron en zonas rurales y que representaron un incremento del 50 % en comparación con los de 2018.

Asimismo, señala el incremento en la respuesta militar a situaciones de violencia e inseguridad y que, pese a la existencia de protocolos que regulan la participación del Ejército, no fueron del todo aplicados en diferentes contextos, similar a lo que expone sobre el Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD), acerca del cual insta al Estado a investigar sobre uso excesivo de la fuerza y recomienda su transformación.

Menciona también casos de corrupción por parte de la Policía y propone fortalecer la capacidad institucional y transferir la supervisión de esa institución al Ministerio de Interior. Ese argumento en específico causó molestia al Gobierno por considerarlo, como lo manifestó el presidente Iván Duque Márquez, “una intromisión en la soberanía del país”.

No es la primera vez que se da un “choque” entre el Estado y la ONU, ya había sucedido durante el mandato de Álvaro Uribe Vélez, según el profesor Gustavo Puyo Tamayo, del Departamento de Ciencia Política de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales de la UNAL Sede Bogotá, quien comenta que en ese momento se llegó a un acuerdo y la organización internacional cambió a la persona que estaba al frente del ACNUDH.

Precisamente la canciller Blum se pronunció sobre la manera en que se abordan ciertos temas en el informe presentado por Forst. En comunicado dirigido a medios de comunicación, Blum se quejó de que otros órganos de la ONU han reconocido el fortalecimiento de la democracia y los avances en derechos como salud, educación y la reducción de índices de pobreza, pero “el Informe de la Alta Comisionada los ignora”.

Ahora bien, lo que llama la atención, continúa el profesor Puyo Tamayo, es que esto se dé nuevamente “con el mismo gobierno de Uribe, pues es clara la tendencia política del Estado actual”. Es un hecho, asegura, que en Colombia se están matando a los líderes sociales y alude a que en ocasiones los gobiernos utilizan críticas para desviar la atención. Hay dos estrategias claras que usan: una es la de la negación y la otra, la de la distracción, que es lo que según él parece estar pasando en este caso.

Para el académico, el derecho internacional y los fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos lo que terminan indicando es que los gobiernos son culpables por acción o por omisión.

Antes de la presentación del Informe en Ginebra, Forst hizo la siguiente reflexión: “aunque no siempre nuestras posiciones han coincidido, hemos trabajado con mutuo respeto y hemos tenido la oportunidad de aportar nuestra asistencia técnica basada en reconocer la importancia y el valor de la aplicación de las normas y estándares internacionales de derechos humanos al momento de enfrentar los grandes desafíos que tiene Colombia”. Esa relación respetuosa la reconoció también Duque Márquez.

Para el profesor Pedro Pemberthy López, del Departamento de Ciencia Política de la Facultad de Ciencias Humanas y Económicas de la UNAL Medellín, “el gobierno, así como el Centro Democrático u otras fuerzas políticas que defienden la negación de los derechos en Colombia, deben preocuparse por revertir la dolorosa situación social en la que nos encontramos”.

El Gobierno colombiano y la ONU suscribieron un acuerdo el 29 de noviembre de 1996 con el que se estableció la Oficina de la ACNUDH, que se abrió en 1997. Más tarde, en octubre de 2019, el presidente Duque Márquez renovó el acuerdo para la continuidad de la Oficina de la ONU en Colombia hasta 2022, de ahí la necesidad de resolver las diferencias.

En ese sentido, en lugar de críticas el Gobierno debe propender por “unas sanas políticas de real protección a la ciudadanía, a los campesinos, mujeres y a toda forma de expresión ciudadana que reivindique los derechos”, añade el profesor Pemberthy López.

Otra razón para restablecer la relación entre el Gobierno y el organismo multilateral es la implementación del Acuerdo de Paz, un aspecto que destacó la Procuraduría General de la Nación para instar al diálogo a ambas partes.

“Un punto, y quizá por eso es que el Gobierno lo ha cuestionado tanto, es que en el ámbito que pareciera estar más blindado el Proceso de Paz es en su dimensión internacional. Tanto la Oficina del Alto Comisionado como la Misión ONU de Verificación suponen que el Estado tiene una especie de auditoría externa respecto de los ritmos de ejecución del Acuerdo”, expone José Alberto Toro Valencia, docente de la Escuela de Derecho de la Universidad Eafit.

El rol de la Procuraduría General de la Nación es importante en tanto que puede propiciar la comunicación como ente de promoción y defensa de los derechos humanos de cara al Acuerdo, pero también, identificar su rol como autoridad disciplinaria en la implementación, lo cual hace parte de sus obligaciones jurídicas. En ese sentido es difícil que las críticas trasciendan, de acuerdo con el profesor Toro Valencia, además porque explica que la ONU simplemente hace recomendaciones que se traducen en sugerencias.

Aunque es una opción básica, el docente Pemberthy López, concluye que el Gobierno debe “entender que no puede hacer lo que quiera a espaldas de los colectivos sociales, tiene que propender por buscar la unidad del país, lo que significa comprender y respetar formas ideológicas y de pensamiento diversas que dentro de la democracia se deben enriquecer, pues los colectivos humanos no son uniformes”.

9 de marzo de 2020