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Según especialistas en estudios de género el análisis va desde la vulneración de los derechos de las mujeres, el entendimiento de la concepción de feminismo e igualdad de género, las repercusiones de un Estado militarista y el hecho de desvirtuar el Acuerdo de Paz.
Promover la vinculación de más mujeres a la fuerza pública es uno de los propósitos de la creación de una mesa de trabajo anunciada por la Vicepresidencia de la República para promover la equidad de género en las instituciones militares, según comunicado.
Estephany Guzmán González, historiadora de la UNAL Medellín y magíster en Estudios de Género de la Sede Bogotá, cree que los ejércitos, por su naturaleza, son patriarcales y que ejercen violencias de ese tipo manifestadas, por ejemplo, en la “cosificación” de la mujer.
Sobre la propuesta menciona que, algunas de quienes ingresan a la fuerza pública pueden hacer preguntas al interior de las instituciones, pero el panorama general es que callen por miedo o que otras lo asuman como parte de la obligación de recibir órdenes. Además, que de promoverse su vinculación es posible que principalmente lo logren mujeres de bajos recursos como es el caso de una gran parte de hombres militares.
Según el informe del 2014 Servicio Militar Obligatorio en Colombia: Incorporación, reclutamiento y Objeción de conciencia de la Defensoría del Pueblo, solo en el caso del Ejército, el 54,40 % soldados bachilleres; 69,48 % de regulares y 54,13 % soldados campesinos eran de estrato 2, mientras que de estrato 6 había 0,01 % bachilleres y 0,17 % regulares.
Mensaje equívoco
“¿Qué significa la equidad de género en la fuerza pública?”, se pregunta Guzmán González y argumenta que engrosar el número de mujeres en un ejército no quiere decir que se vaya a practicar menos violencia en su contra.
Para la profesora Diana Salcedo López, directora de la Liga Internacional de Mujeres por la Paz y la Libertad (Limpal) y docente de la Facultad de Derecho y Ciencia Política de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, la intención de promover la vinculación de más mujeres a la fuerza pública envía un mensaje equivocado.
“Con esto lo que buscan es incorporar falsas lecturas del feminismo al pretender hacerle creer a la sociedad que igualdad es que haya la igual cantidad de mujeres y de hombres en el Ejército o que estemos en los mismos rangos. Es una falsa retórica”, asegura.
Vulneraciones
La Fiscalía General de la República, al hacer una revisión nacional desde 1987, encontró que hay 544 involucrados en casos de delitos sexuales en 506 hechos de los cuales se han estipulado 162 condenas.
En 2019 la teniente de la Policía Kelly Sierra denunció haber sido abusada sexualmente por un capitán. También lo hizo público la capitana del Ejército Maritza Soto, quien además manifestó haber sufrido acoso laboral por parte de un coronel.
Ambas situaciones demuestran “cómo está atravesado el machismo en las instituciones y la permisividad de prácticas de violencia de género al interior de la fuerza pública”, según Alejandro Parra, licenciado en Ciencias Sociales, investigador social en Limpal y dinamizador pedagógico de la Acción Colectiva de Objetores y Objetoras de Conciencia.
Para él, la opción de promover la vinculación de más mujeres a la fuerza pública no toma en cuenta problemas actuales de ese sistema y que entre más se aumente la presencia militar en los territorios más se incrementan los índices de violencia contra las mujeres.
“El mejor ejemplo”, expone, “es que en octubre de 2019 se tomó la decisión de reforzar con 2.500 hombres el pie de fuerza en el Cauca ¿y qué tenemos unos meses después? Que empiezan a incrementarse las denuncias sobre violaciones contra mujeres. ¿Dónde?, en ese departamento. La relación es evidente, directa y tiene sustento estadístico”.
Asuntos de fondo
Para analizar el favorecimiento de la vinculación de más mujeres a la fuerza pública, Parra dice que debe tenerse en cuenta que Colombia es un país marcado tanto por el militarismo como por la militarización. Explica que el primer concepto se refiere a que el aparato militar se asume como un conjunto de valores reproducidos culturalmente.
De otro lado, la militarización tiene que ver con aumentos del gasto público en asuntos de defensa o de promoción de una visión favorable de las fuerzas militares.
Según el libro ¿Cuánto nos cuesta la guerra?, de Juliana Castellanos Díaz, en el 2002 los integrantes del pie de fuerza nacional fueron 313.406. Al 31 de agosto de 2019 el país tenía 475.959 efectivos de los cuales 266.606 son de las fuerzas militares y 185.840 de la Policía, según le dijo el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, al periódico La República.
El militarismo y la militarización, dice Parra, “tienen fuerte impacto en la vida y dignidad de las mujeres, porque no se ha analizado la responsabilidad de la fuerza pública al promover un sistema que, pareciera, da cabida al hecho de entender que, en algunos territorios, ellas no tienen derechos, por eso tenemos altos índices de violaciones de menores de edad en los que está involucrada la fuerza pública”.
Perspectivas
Para Carlos Alfonso Velásquez Romero, coronel retirado del Ejército, magíster en Estudios Políticos y profesor de cátedra de la Universidad de La Sabana, la promoción del ingreso de más mujeres debe darse solo para la Policía Nacional.
Esa institución, considera, “tiene campos de acción aptos para las condiciones específicas de las mujeres, a quienes se les facilitan más determinadas actividades que a los hombres; lo pueden hacer con más humanidad”.
Para Guzmán González, al haberse firmado el Acuerdo de Paz el ejército debería reducirse en número de personas e inversión, pero la intención en particular de la mesa de trabajo es robustecer las fuerzas militares.
“Para hacer una política de género”, dice, “lo que hay que hacer es transformar la estructura misógina”. Lo ideal, añade Ramírez Ramírez sería repensar los enfoques de la formación militar a fin de propender por el respeto y la desnaturalización de la fuerza.
(FIN/KGG)
3 de agosto de 2020