En 1990 la OMS eliminó la homosexualidad de la Clasificación Internacional de Enfermedades. Foto: Pixabay.com

Analistas sugieren más compromiso desde instituciones y estrategias para promover la garantía de derechos a la población LGBTI, así como propender a erradicar la discriminación en la sociedad.

“Ser trans ‘públicamente’ es sumamente extenuante. Tenemos que ser expertas en feminismo, en teoría de género, endocrinología, psicología, sociología, genética, historia, derechos de la población diversa, religión, medicina, cirugía plástica, entre otras áreas, solo para defender el hecho de que existimos en el mundo”.

Así lo escribió recientemente Cristina Rodríguez Romero en su página de Facebook. Ella es comunicadora social – periodista transgénero y coordinadora de la línea LGBTI del Fondo Lunaria Mujer.
En la publicación añadió: “por favor, no invaliden nuestra existencia con sus prejuicios basados en la genética del siglo XV o en el libro que dice que una paloma fecundó a una mujer”.

Según Guillermo Correa Montoya, jefe del Departamento de Trabajo Social de la Universidad de Antioquia y doctor en Historia de la UNAL Medellín, en Colombia fue a partir de los años 70 cuando, por la aparición de distintos movimientos, se empezaron a dar cambios.

Fundamentalmente esas modificaciones correspondieron al ámbito jurídico. Expone que pasaron por la despenalización de la homosexualidad y la discusión de serie de derechos para ciudadanos(as) que eran catalogados como de tercera categoría, pues en la segunda estaban las mujeres. Esto se dio con la Constitución del 91.

Rodríguez Romero destaca que si bien Colombia es en la actualidad uno de los países que más ha avanzado en temas de diversidad sexual en el mundo por conquistas que ha logrado la comunidad LGBTI como la aprobación del matrimonio para parejas homosexuales e incluso adoptar, “curiosamente ocurre lo contrario a nivel social”.

Actualmente en el país las personas transgénero tienen la posibilidad de cambiar los componentes de sexo y nombre en sus cédulas, y aunque, según Rodríguez Romero es un procedimiento relativamente sencillo, depende más del funcionario que atienda la solicitud.

Tener un nombre masculino a pesar de proyectarse físicamente como mujer es difícil, por ejemplo, en casos como los del servicio de salud, donde se da que “llaman a un hombre pero la paciente es una mujer. Eso es incómodo para ella porque el personal administrativo y médico no está preparado para atender a las personas diversas”, agrega.

Vulneraciones

Las vulneraciones son de diferentes índoles. Una de las violencias son las policiales, como ocurrió recientemente en Medellín cuando agentes de la Policía retiraron del Metro a una mujer trans.

Según Colombia Diversa entre el 29 de marzo de 2008 y el 8 de julio del 2020 en el país se dieron 164 casos de violencia policial contra la comunidad LGBTI de los que hubo 188 víctimas.

Para Juan Antonio Zornoza Bonilla, profesor del Departamento de Ciencia Política de la Facultad de Ciencias Humanas y Económicas de la UNAL Medellín, llama la atención que a pesar de que se han venido adaptando normas entre las que está la tipificación de la discriminación como delito penal, “los instrumentos son insuficientes mientras no exista una política pública de sensibilización a la ciudadanía y a las autoridades públicas”.

El docente, quien trabajó en la formulación de la política pública LGTBI en el 2010, recuerda que en ese momento se instruía a personas de la Policía en derechos humanos y en inclusión social. La figura se llamaba oficial de enlace. Cree que ese esfuerzo o posibilidad pasó “como pasa el agua de un río. El asunto (de la discriminación) sigue vivo y hace falta compromiso institucional”.

Juliana Martínez Londoño, secretaria de las Mujeres de Medellín, dijo a través de un comunicado que “es clave que, desde la institucionalidad, de manera articulada y coordinada, creamos estrategias para la prevención y atención de las violencias basadas en género que sufren las mujeres trans de la ciudad, por ello nos reunimos para lograr alternativas que garanticen el goce efectivo de sus derechos en espacios públicos y privados”.

Rodríguez Romero tiene claro que, si bien hay acciones de visibilización como el hecho de pintar las cebras de colores, “el respeto debe ser inherente a la condición humana. No es que se gane o que alguien lo merezca más. Es para todo el mundo”, dice.

Los cambios, que como refiere antes el profesor Correa Montoya comenzaron siendo esencialmente jurídicos, no se han dado de manera homogénea. Según él, “los que se notan también están mediados por lo que esta sociedad permite, porque sigue siendo machista”.

Las mujeres trans, dice, tienen reconocimiento siempre y cuando ocupen lugares en la farándula nacional o en la academia, es decir, deben ser personajes reconocibles, pero si se trata de “chicas trans” pobres no, y el grado de violencia se concentra fundamentalmente en ellas.

En ese sentido, Rodríguez Romero cree “importante que la gente se entere que lo que pasa en Bogotá, Medellín y Cali no es lo único. En sitios como San Vicente del Caguán, Paz de Ariporo, Casanare o Arauca donde hay presencia de actores armados, ellas no solo están luchando contra la sociedad conservadora”, por lo que en esos casos no es lo mismo hablar de autonomía, diversidad y liderazgo.

No obstante, el profesor de la Universidad de Antioquia llama también la atención sobre la pertinencia de generar discusiones acerca de los hombres trans con niveles de problemas distintos. Además, que “hay que romper ese lugar de lo invisible para empezar a hablar de protección y de derechos”.

Pedagogía social para la garantía de derechos

La hiper-regulación, según el profesor Zornoza Bonilla, no soluciona nada y las políticas públicas no obedecen necesariamente a normatividades, sino a procesos para llevar a cabo acciones como la movilidad social y la educación.

Cree que mientras exista se garantiza la movilidad social, se evita la discriminación y se garantiza que los ciudadanos puedan exigir a los gobiernos lo que merecen y necesitan.

Correa Montoya, por su parte, considera que hay que disponer de múltiples líneas de acción: generar pedagogías sociales. “En la medida en que haya más posibilidad de representar a ese individuo que le resulta raro o particular y tenga más lectura de él termina por diluirse la violencia”.

La creación de “puentes” para garantizar los derechos, como la promoción de cupos en empresas y en la academia para la población de identidades diversas es también una de las sugerencias que hace, así como articulaciones con el arte y el fortalecimiento de las luchas de la comunidad LGBTI.

(FIN/KGG)

10 de agosto de 2020