Antioquia, Cauca y Nariño son los departamentos donde más masacres se han registrado, según Indepaz. Foto: EFE - tomada de cutt.ly/nff9JKY

La búsqueda del control territorial por parte de grupos armados organizados está recrudeciendo de nuevo la violencia y las masacres en el país, según analistas. Plantean que la presencia integral estatal en los territorios y la movilización ciudadana por la vida deben ser opciones para buscar una salida.

Al 25 de agosto de 2020 ocurrieron 46 masacres en Colombia, según el más reciente informe del Observatorio de Conflictos, Paz y Derechos Humanos del Instituto de estudios para el desarrollo y la paz (Indepaz). Con ellas se intensifica la violencia que, si bien se había disminuido con la firma del Acuerdo de Paz, sigue latente en el país aun después de casi un siglo.

El 6 de diciembre de 1928 fueron asesinados cientos de obreros de la United Fruit Company que se congregaron en el ferrocarril de Ciénaga (Magdalena) para protestar ante la falta de derechos, la tercerización laboral y la falta de servicios hospitalarios.

El general Carlos Cortés Vargas, jefe civil y militar de la provincia de Santa Marta ordenó controlar la huelga luego de que los manifestantes se negaran a retirarse. El gobierno nacional de entonces anunció nueve muertos, pero testigos manifestaron que fueron unos 500, cuyos cuerpos fueron arrojados al mar por los militares. Es conocida como la Masacre de las bananeras.

Los escenarios de la violencia han cambiado desde los años 40, explica Óscar Calvo Isaza, profesor del Departamento de Historia de la Facultad de Ciencias Humanas y Económicas de la UNAL Medellín. Dice que algunos son más o menos comunes desde finales de los años 50. “¿Por qué si cambian los territorios y los contextos continúa la violencia?”, se pregunta.

La respuesta, agrega, no puede ser que exista algo así como una cultura de la violencia o una disposición nuestra a matarnos, y que la desigualdad, que es otro problema en Colombia, tampoco es explicación suficiente.

“El factor común es la presencia del Estado, de un poder que solo sabe relacionarse con la sociedad con la fuerza, que somete poblaciones insumisas a plomo, que no es capaz de establecer una legitimidad ni consenso sin el uso recurrente de la violencia”, asegura.

¿Se puede atribuir la agudización de la violencia y las masacres a factores específicos? A partir de la firma del Acuerdo de Paz, en 2016, la Fundación Paz y Reconciliación (Pares) ha hecho seguimiento a territorios donde había presencia de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

Ha evidenciado que en los sitios “quedó un vacío de poder que idealmente debía copar el Estado a través de presencia integral. Esto no sucedió y especialmente desde el 2018 se ha experimentado el fortalecimiento de grupos armados organizados”, dice Alejandro Restrepo, coordinador de la Línea de investigación en Conflicto, Paz y Posconflicto de Pares.

Expone que el ELN (Ejército de Liberación Nacional), la última guerrilla del país, tiene presencia en 167 municipios. El Clan del Golfo, grupo de crimen organizado sucesor del paramilitarismo, en alrededor de 211 y las disidencias de las FARC, en 113. En ese sentido, lo que hay actualmente en el país es, según él, una expansión de grupos armados organizados y un fortalecimiento de su control territorial en distintos lugares.

“Hemos notado cómo entre estructuras criminales se han estado disputando el control territorial, particularmente en la costa pacífica nariñense, el Chocó, el norte y el sur del Cauca, y el Bajo Cauca antioqueño, que sufre hoy una guerra entre el Clan de Golfo y los Caparrapos; cada uno de estos financiados o articulados, en el primer caso por el Cartel de Sinaloa y, en el segundo, por el Jalisco Nueva Generación, de México”, cuenta.

El gobierno colombiano ha insistido en que los hechos han sido perpetrados por causa del narcotráfico. Una de sus estrategias recurrentes, según el docente Calvo Isaza, ha sido atribuir el problema a amenazas externas. “Hace setenta años fue el comunismo, hoy es el narcotráfico, ¿mañana?”, cuestiona.

A lo sucedido el presidente Iván Duque Márquez se ha referido como “homicidios colectivos” y el alto Comisionado para la Paz, Miguel Ceballos, no lo califica como masacres, las cuales para la Organización de las Naciones Unidas se dan cuando tres o más personas son asesinadas por el mismo presunto perpetrador en el mismo lugar y momento.

Indistintamente de los términos, “la persistencia de las masacres es algo que debería avergonzarnos como sociedad, porque cada vez que se repiten estas escenas de terror, significa un fracaso de nuestro proyecto colectivo de nación, de la capacidad de reinventarnos y construir nuevos referentes de la vida en común”, agrega Calvo Isaza.

Para explicar la situación del país pone como símil un bucle temporal, una estrategia narrativa empleada en cine y televisión cuando los personajes experimentan un tiempo recurrente del que no pueden escapar. Es pasado, presente y futuro al mismo tiempo.

“Estamos en un bucle”, dice al citar a sus estudiantes de Historia, quienes así lo afirmaron durante un debate sobre el tema que generaron en clase.

Según informe del Comité de Integración Social del Catatumbo, solo entre el 1 de enero y el 30 de junio, se dieron 72 violaciones de Derechos Humanos y de Derecho Internacional Humanitario. ¿Hay manera de frenar esta situación? Para su control el gobierno ha manifestado la intención de aumentar el pie de fuerza militar en los territorios.

“Ya somos una sociedad militarizada, con una de las fuerzas militares más numerosas y poderosas de América. ¿Eso nos ha traído más paz, mejor convivencia? No, punto. Nos hemos acostumbrado a los pelotones militares en los campos, en las calles de las ciudades, a ver helicópteros artillados desplegados sobre manifestaciones ciudadanas. A los colombianos eso nos parece normal, pero no lo es”, llama la atención el profesor.

La estrategia de la militarización además de ser errada ha mostrado “casi que un desconocimiento de la realidad del país”, afirma Restrepo, pero también ha evidenciado “señalamientos de que las víctimas de las masacres pertenecieron a grupos armados organizados o a narcotráfico sin ninguna investigación seria”.

Tener en cuenta el contexto del pasado en un momento como el actual tal vez pueda significar un esfuerzo por mantener viva la memoria y quizás la Historia ayuda a identificar la insatisfacción para llevar al cambio, pero es solo un recurso entre otros, según el docente Calvo Isaza.

Para él, solo una movilización constante de la ciudadanía por la vida, por la paz y los cambios en el poder político “pueden sacarnos de esta sensación de vivir en un bucle de una película de terror”.

Para construir unas ‘escenas’ diferentes, según Restrepo, es necesario que el Gobierno ponga el foco en una presencialidad estatal integral en los territorios.

(FIN/KGG)

31 de agosto de 2020