Los jóvenes asesinados en Samaniego eran universitarios. Foto: tomada de cutt.ly/BfcDQTR

La iniciativa del Gobierno fue anunciada recientemente. Analistas mencionan que se trata de una medida para generar buenas impresiones y con la que responde a una coyuntura más no a una estrategia estructurada.

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El 22 de agosto, previo a un consejo de seguridad en Arauca, el ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo García, anunció la creación de la Unidad Especial de Identificación, Ubicación y Judicialización de perpetradores de homicidios colectivos.

La Unidad, de la que se informó luego de una serie de masacres ocurridas en Antioquia, Arauca, Cauca y Nariño, tendrá características de élite, según comunicado de MinDefensa al citar a Trujillo García.

Los responsables de estos crímenes, agrega el texto, harán parte del cartel de los más buscados y se contará con un “programa de recompensas que movilice la colaboración de la ciudadanía para lograr su captura y que las autoridades les apliquen con severidad todo el peso de la Ley”.

Según el general Jorge Luis Vargas, director de Seguridad Ciudadana de la Policía Nacional, citado también en el comunicado, investigadores del Grupo Antiterrorismo de la Dijín y del de Homicidios, además de funcionarios de la Dirección de Inteligencia y del Centro de Análisis Criminal, conformarán la Unidad Especial para la cual, comentó, se está solicitando la designación de un Fiscal coordinador.

¿Cómo se puede interpretar el anuncio de la creación de la Unidad Especial? Pedro Luis Pemberty Londoño, profesor del Departamento de Ciencia Política de la Facultad de Ciencias Humanas y Económicas de la UNAL Medellín, considera que el Gobierno debía hacerlo, pues el hecho de que en unos 15 días se haya dado un oleaje de actos de violencia le debe generar preocupación en el sentido de indagar y preguntarse qué es lo que está ocurriendo.

Asegura que “si no lo hacía quedaba peor, como indolente, insensible e irresponsable frente a una situación tan grave”. Sin embargo, cuestiona hasta qué punto el Gobierno es el competente para montar esta Unidad Especial si las “investigaciones de este tipo de hechos le corresponde por completo a la Fiscalía General de la Nación”, un organismo independiente al que, según el docente, lo están presentando “como si fuera subordinado”.

La instancia anunciada, según Alejandro Restrepo, coordinador de la Línea de Investigación en Conflicto, Paz y Posconflicto de la Fundación Paz y Reconciliación, “parece una propuesta más coyuntural y mediática que la búsqueda de la solución de un problema de fondo”, que “no se integra a unos planes definidos e instancias o instituciones que buscan la solución de estos problemas a largo plazo de manera integral”.

Eso, expone, ha demostrado que “las decisiones del Gobierno no tienen que ver con la realidad de los territorios, sino con un manejo centralista, desde Bogotá, que desconoce las necesidades de la gente”.

Por su parte, Federico Duque del Río, decano de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad La Gran Colombia Seccional Armenia, cree que “puede haber una Unidad Especial, pero para cubrir el territorio colombiano no serán suficientes ni una, ni veinte, ni cien. Hay que empezar a atacar el problema de raíz. Uno de ellos sigue siendo el narcotráfico”.

En la discusión y reflexión sobre la Unidad Especial, Restrepo añade que se debe tener en cuenta que desde las organizaciones sociales de distintos municipios, entre ellos Samaniego, el municipio nariñense donde ocurrió la masacre de ocho jóvenes, se ha pedido la reactivación de la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad y que opere para los territorios.

Explicaciones pendientes

Para el docente Pemberty, en el análisis se hace pertinente reflexionar sobre los tipos de hechos, pues expone que la muerte de exmilitantes de las FARC, “que no han parado, son selectivas, igual que las de los líderes sociales”, mas no la masacre de jóvenes.

Llama la atención que, acerca de los líderes sociales, el exfiscal general, Néstor Humberto Martínez, decía que no había genocidio, “ni una unidad que explique la existencia de planes sistemáticos para asesinarlos, Entonces como quien dice: son muertes aisladas”.

Sí lo fue, expone Pemberty López, el caso de los cinco jóvenes afrodescendientes, de edades entre los 14 y 15 años, que fueron asesinados en cañaduzales en el barrio Llano Verde en Cali (Valle del Cauca), del cual se hicieron capturas de dos de los tres responsables del hecho 16 días después, información que reveló el presidente Iván Duque Márquez.

“¿Qué pasa con el caso de la masacre de los estudiantes de Samaniego?”, es la pregunta sin resolver, según el profesor Pemberty López, quien contextualiza que las víctimas tienen un patrón común: ser jóvenes universitarios sin protagonismo político “sino que fueron utilizados como víctimas para generar un dolor en la población colombiana”.

Para él, “lo que primero debe responder (el Gobierno) es si de verdad le interesa aclarar estos hechos de violencia”, que pueden sabotear un estado de paz aparente que existía en el país.

Participación colectiva y reconocimiento del Acuerdo de Paz

Al respecto Restrepo manifiesta que más allá del anuncio que él considera como coyuntural, las acciones deben estar orientadas en varios aspectos además del militar, que afirma no se pueden excluir, y tampoco el judicial. Lo adecuado, cree, es posibilitar la participación de la sociedad civil, organizaciones sociales que tienen una serie de diagnósticos y que impulsan procesos de implementación del Acuerdo de paz.

“El 90 % de él está dirigido a contribuir para solucionar las causas estructurales del conflicto armado interno, que son la presencia histórica diferenciada del Estado, su abandono y la exclusión de la participación política; todos estos problemas centrales que dieron lugar a esta serie de violencias”.

El docente Pemberty López no traza un panorama claro para el esclarecimiento de masacres a través de una Unidad Especial. Dice que “nadie desconoce que hoy hay crisis de institucionalidad y por tanto, mientras estas no corrijan el rumbo y hagan lo debido y esperado no se puede pensar que todos los actos de violencia colectiva tengan una solución jurídica seria”.

Por su parte, Duque del Río, asegura que con las instituciones que existen actualmente “deberían ser eficaces los resultados para que no se den estos hechos de violencia y no habría necesidad de crear una Unidad Especial, pero si va a contribuir para aportar, bienvenida”. Es por eso que él prefiere “darle el beneficio de la duda”.

(FIN/KGG)

7 de septiembre de 2020