Los hechos de vulneraciones de derechos humanos contra integrantes de la UP comenzaron en 1984. Foto: Elmundo.com - tomada de bit.ly/2NlRlKt

El deber imperioso del Estado por garantizar la justicia y los derechos de las víctimas, la necesidad de repararlas, y la debilidad de una democracia en la que se cometen delitos de lesa humanidad, son algunas de las enseñanzas que según analistas deja el juicio de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), órgano jurídico de la Organización de los Estados Americanos (OEA).

La semana anterior la Corte IDH realizó una serie de audiencias sobre el exterminio de integrantes del Partido Unión Patriótica (UP), denuncia que se inició en 1993 por la persecución, desaparición forzada y asesinato de militantes de esta organización por parte del Estado colombiano, vulneraciones de derechos que comenzaron en 1984.

Gerardo Durango Álvarez, profesor del Departamento de Ciencia Política de la Facultad de Ciencias Humanas y Económicas de la UNAL Medellín, resume que, tras hacerse investigaciones a nivel interno, estas pasaron a la justicia penal militar y luego de más de 10 años hubo revictimización, persecución a quienes denunciaron, estigmatización, desplazamiento y constreñimiento, por lo que se llevó la demanda ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en 1997, pero fue hasta 2018 cuando presentó el Informe de fondo, ante la Corte IDH, que se estableció la responsabilidad del Estado.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Corte IDH son dos instancias de la Convención Americana de Derechos Humanos. La primera es la puerta de entrada al sistema y admite los casos si considera que existen méritos para abrir una investigación y vincular a los Estados parte por la violación de los derechos fundamentales. El proceso es lento, de años, en el caso de la UP, han pasado más de 23 años.

La CIDH, continúa la explicación el profesor, investiga, escucha a las víctimas, le sugiere al Estado una serie de garantías a favor de las víctimas y si las incumple, emite un informe de fondo ante la Corte IDH para que sea esta la que, después de investigar y escuchar a todas las partes, emita una sentencia al respecto.

Cuando la Corte IDH admite el caso y finaliza el intercambio escrito entre las partes, comienza la otra etapa: la del juicio oral en la cual la Comisión “se convierte en una especie de fiscal”, según el profesor, porque acusa concretamente al Estado, que fue lo que sucedió la semana anterior, cuando se llevó a cabo la audiencia oral en la que se escuchó a la CIDH, víctimas y a representantes del Estado colombiano. Es el espacio para controvertir pruebas.

Si bien no se dictará una sentencia pronto, porque se espera se haga al final del 2021 o inicios del 2022, para el docente Durango Álvarez, “lo más probable es que se condene al Estado colombiano por retardo en la administración de justicia, no ofrecer las garantías judiciales y por la persecución contra la fundación del partido UP, dado que los derechos políticos están establecidos en la constitución nacional pero también en la Convención Interamericana de Derechos Humanos, igual que la libertad de expresión y asociación”.

Las lecciones que deja este proceso que se cumple después de los más de 20 años que llevan las víctimas de la UP buscando justicia son varias y en distintas esferas. La primordial, destaca el profesor, es que independientemente del tiempo los derechos fundamentales deben ser garantizados por el Estado y, cuando este incumple con “esta misión constitucional tan importante queda la instancia internacional que le recuerda que no está haciendo bien sus tareas”. Es además, una forma de “decirle a las generaciones futuras: esto no puede volver a pasar.

Según Germán Darío Valencia Agudelo, profesor del Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia, el juicio de la CIDH por el caso de la UP se da, “en un momento muy especial” porque la desmovilización de las FARC y el Acuerdo de Paz abrió la posibilidad de escuchar la verdad y obtener justicia con la Jurisdicción Especial para la Paz. “En contexto también aparece la UP, que no está ante cualquier tribunal”.

Víctimas

En la primera audiencia del juicio, en el que la CIDH escuchó a las partes, estas no estuvieron de acuerdo sobre el número de víctimas. Si bien en 2017 estableció en un informe de fondo la responsabilidad de la Nación y las más de 6.000, Juana Acosta, de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, manifestó que no están debidamente acreditadas, por lo que el universo de las que se deben reconocer debe ser menor. La cifra que dio fue 219.

Un primer problema estructural y generalizado es, precisamente, que no hay un registro unificado en el país, según López Giraldo. Otro, agrega, es el de la reducción de los casos, “lo que es muy grave. (Los representantes del Estado) alegan que es maximalista querer cubrir el universo total de víctimas, pero no se dan cuenta de que tampoco podemos tener un criterio minimalista porque es, de nuevo, vulnerarles la dignidad y la presunción de buena fe que tienen desde la Ley 1448 (Ley de Víctimas)”.

La preocupación del Estado, según el profesor Durango Álvarez, es evidente, porque dice que reparar a 6.000 víctimas es difícil: “en los más de nueve años de la Ley de Víctimas solo se ha reparado un millón de ellas de un universo de más de ocho millones. Es una tragedia y algo muy complejo en el escenario colombiano, ya que no se ha cerrado el conflicto; todos los días hay más desplazamientos, asesinatos de líderes y masacres”.

Por su parte, Carolina López Giraldo, trabajadora social y coordinadora del Centro de Estudios sobre Conflicto, Violencia y Convivencia Social de la Universidad de Caldas, el juicio de la CIDH a la UP puede marcar un hito en otros procesos de investigación y análisis en Colombia, pues afirma que, de tener un fallo que soporte la evidencia de la gravedad del hecho, la academia y la sociedad deberán volcarse a entender a profundidad lo que implica haber vivido un exterminio, además de enfrentarse a un nuevo fenómeno de asesinatos de líderes que “nos deben llamar a preguntar entonces cuántas son las víctimas que necesitamos para empezar a hablar de genocidio”.

Vulneraciones e indicios de una democracia débil

Lo que está sucediendo con la UP es lo que puede ocurrir con otros partidos o colectivos, llama la atención el profesor Jaime Alberto Carrión Suárez de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de la Universidad de Medellín, quien expone que si el Estado no es lo suficientemente diligente con los defensores de derechos humanos, líderes sociales u otras poblaciones que están siendo afectadas como los reclamantes de tierras, muy seguramente a la vuelta de unos 10 o 15 años se dará otro proceso de juicio frente a una corte internacional por los derechos de estas personas.

Refiere que “la violencia política, el homicidio selectivo y las prácticas de las que fueron objeto los integrantes de la UP durante tantos años son hoy las mismas con las que se vulneran a otras poblaciones en el país y encontramos una institucionalidad que no le da la suficiente importancia a lo que está ocurriendo”, dice.

Para la politología también hay un aprendizaje en la medida en que “en toda América Latina los procesos de exterminio se hicieron generalmente en estados de sitio, en regímenes militares y sistemas totalitarios pero no en uno político”, afirma Valencia Agudelo, quien se pregunta “¿cómo es que tenemos una democracia en la que se comete todo esto? ¿y cómo es que ha actuado la fuerza pública en el país?”.

Aprendizajes para otros partidos políticos pequeños

En 2002 a través de dos resoluciones del Consejo Nacional Electoral, se le suprimió a la UP la personería jurídica, la cual recuperó en 2013 y el partido ha logrado reactivarse. El hecho y lo que está sucediendo funciona, según el docente de la Universidad de Antioquia, para decirle al Estado: “cuidado con los pequeños partidos porque ellos también son protectores”.

De la mano de otros partidos políticos de izquierda en Colombia como el Polo Democrático y el Movimiento Alternativo Indígena y Social (MAIS), cree por su parte el profesor Carrión Suárez, la UP ha llegado a espacios importantes como el Congreso de la República con la senadora Aída Avella.

Para otros partidos políticos más pequeños, el caso estudiado por el sistema interamericano en su conjunto, sienta un precedente importante de incidencia política en la dirección de garantías de no repetición, por ejemplo para el ahora partido Comunes, según López Giraldo, quien llama la atención acerca de que la UP también surgió de un proceso de paz con las FARC.

Lo fundamental, concluye Carrión Suárez, es que el Estado aprenda de esta experiencia.

(FIN/KGG)

15 de febrero de 2021