Según gremios del agro, por la reforma, los alimentos aumentarían de precio. Foto: Pixabay.com

Según analistas, el modelo con el que esta es diseñada no obedece, como debería, a la equidad, por ejemplo. Otras, en el pasado reciente, no han generado el recaudo adecuado y la frecuencia con la que son propuestas en Colombia envían un mensaje de inestabilidad.

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Recientemente el ministro de Hacienda y Crédito Público, Alberto Carrasquilla, presentó la iniciativa de reforma tributaria a la que llamó Ley de Solidaridad Sostenible con la que se espera recaudar 23 billones entre 2022 y 2031, monto que equivale al 2% del Producto Interno Bruto (PIB) y con la que se gravarían servicios públicos a partir del estrato 4, computadores, gasolina, paneles solares y bicicletas, por ejemplo. Productos como la carne pasarían de exento a excluido y según gremios del agro, los alimentos incrementarían el precio.

Aunque hace pocos días se anunció que se prepara una contrapropuesta también por parte de gremios, en el país y a través de medios de comunicación y redes sociales, ciudadanos han expresado inconformismo por la reforma (que se pretende llevar a estudio en el Congreso de la República) principalmente por considerar que es lasciva para la clase media.

Para analizar la propuesta del Gobierno, Alexander Bastidas Marulanda, profesor del Departamento de Economía de la Facultad de Ciencias Humanas y Económicas de la UNAL Medellín, explica en primera medida qué es clase media.

Expone que desde el punto de vista técnico la clase media se define a través de distintas metodologías. La más usada para la clasificación se apoya en la distribución del ingreso a través de lo que en Estadística se denomina quintiles. El segundo, tercero y cuarto son los que se tienen en cuenta para incluirla, según el profesor.

“Las personas que están en el segundo quintil tienen ingresos relativamente bajos frente a las del tres o cuatro, y son precisamente el grupo poblacional más vulnerable a cualquier cambio o choque que experimente la economía, como lo que está aconteciendo con la covid-19. Fácilmente quienes son clase media pueden pasar a pobre”, explica.

Impacto de la reforma

Aun cuando Bastidas Marulanda explica que el recaudo debería inclinarse más hacia formas directas, expone que en América Latina, incluyendo a Colombia, el patrón común del esquema de tributación es por impuestos indirectos, como el consumo, por lo que la reforma que se propone sigue ese modelo.

“De por sí las reformas tributarias que ha habido han tenido esa característica”, dice el profesor y expone que la política fiscal, que se configura con ingresos y gasto público, para Colombia en particular y desde hace muchos años está caracterizada por cobrar impuestos a la clase media pero una vez se recauda el dinero se redistribuye a programas sociales para personas más pobres.

La reforma que entra a debate en el Congreso de la República, es según el profesor, “más de lo mismo”. Lo malo, manifiesta, es que la clase media, que es la que más aporta, “no percibe que las políticas de gobierno constituyan programas dirigidos a esos segmentos poblacionales”, pues “también espera que una parte del gasto social le muestre beneficios, sin querer decir que abandonen a los más pobres”.

¿Cada cuánto son pertinentes las reformas tributarias?

Según Laura Sánchez, profesora del Departamento de Economía de la Facultad de Economía de la Universidad de Antioquia, con la intención de reformas frecuentes el gobierno colombiano busca atender las necesidades del mediano y no las del largo plazo, lo que “tiene que ver con asuntos netamente políticos, no económicos”.

Dice que “si el objetivo es el de alcanzar principios fiscales óptimos hay suficiente literatura, evidencia de diagnóstico y recomendaciones para corregir las fallas existentes en el estatuto tributario colombiano”.

Algunos principios fiscales óptimos sobre los que hay consenso mundial coinciden con acuerdos constitucionales colombianos, como los que apuntan a la progresividad de los impuestos. Pese a esto, entre los tributos más importantes para el recaudo, que son IVA, impuesto de renta a personas naturales y jurídicas, y el gravamen a los movimientos financieros, el IVA es “bastante regresivo”.

“Cuando el Gobierno anuncia que unos productos van a pasar de exentos a excluidos, o que va a gravar servicios públicos, eso de una va a tener un efecto sobre la proporción de dinero adicional que van a tener que pagar los hogares”, explica.

Desde los años 90, cuenta la docente, hubo desafíos en el financiamiento y fue cuando comenzó la “tradición” de adelantar reformas tributarias de manera frecuente: una vez cada año y medio, aproximadamente, lo que es inadecuado, explica, porqué al mercado interno y externo se les da señal de que las condiciones de tributación que inciden sobre la actividad económica de las empresas o decisiones de inversión se distorsionan, “generan inseguridad e incertidumbre en el futuro”.

Agrega que otros mensajes que se envían son el de inestabilidad política y que si cada año se realiza una reforma es porque el recaudo no alcanza.

No hay un lapso establecido para proponer una reforma tributaria, pero el profesor Bastidas Marulanda puntualiza que “tantas de ellas seguidas son ejemplo del mal diseño de los esquemas de tributación, porque recaudan mal y poco”.

Críticas

El ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, dijo recientemente en una entrevista en la que hablaba sobre la reforma tributaria, que una docena de huevos cuesta 1.800 pesos en Colombia. Fue criticado ampliamente en redes sociales, y varios usuarios refirieron la desconexión con la realidad del país.

La apreciación de Rainiero Jiménez, director del Departamento de Ciencia Política de la Facultad de Ciencias Humanas y Económicas de la UNAL Medellín es que la desconexión de funcionarios “obedece a sus compromisos con el gobierno de turno, a intereses de la élite empresarial y a los que defienden respecto a los imperativos externos como la OCDE”.

Problema constante

Históricamente Colombia ha tenido problemas de recaudo, según la profesora Sánchez, quien comenta que las dificultades actuales están justificadas en que el confinamiento, dada la pandemia por covid-19, ha ralentizado la actividad económica como el comercio y el turismo.

Sin embargo, asegura que lo determinante fue la actitud que tomó el gobierno para la reforma tributaria pasada con respecto a hacer caso omiso a las recomendaciones de eliminar exenciones y beneficios tributarios, lo que ocasionó disminución en el recaudo.

Considera que se trata de un asunto político porque “hay mucha evidencia y consenso teórico sobre cómo hacer las cosas bien, ¿entonces por qué el Gobierno no lo hace así?”, se pregunta.

(FIN/KGG)

26 de abril de 2021