La acción de la Policía debe ser el último recurso y solo para atender situaciones graves. Foto: tomada de cutt.ly/3bjfU5C

La ausencia en los campus dada la pandemia por covid-19 puede hacer más vulnerable la autonomía universitaria, por la cual se debe velar aun durante la situación, según especialistas que analizan el tema desde el rol de los gobernantes y la acción policiva.

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Recientemente en Cali el Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD) ingresó al campus de la Universidad del Valle en la sede Meléndez para desalojar a unos 50 estudiantes que desde el interior de la institución reclamaban la implementación de alternancia educativa. La intervención policial se dio, al parecer, por orden de la Gobernación del departamento. Varios usuarios en redes sociales repudiaron el hecho.

Situaciones como esas no han sido ajenas a otras instituciones de educación superior del país, con lo que se cuestiona si ello no afecta la autonomía universitaria que está contemplada en la Constitución Política de Colombia, específicamente en el artículo 69, el cual estable que las universidades “podrán darse sus directivas y regirse por sus propios estatutos, de acuerdo con la ley” y que “difiere al legislador la tarea de establecer un régimen especial” para las instituciones de educación superior del Estado.

Asimismo, se lee que su objeto central es la protección, el ejercicio de las libertades de cátedra, enseñanza, aprendizaje y opinión. Además, que con ella se pretende evitar la interferencia del poder público en las labores de las universidades como generadoras del conocimiento.

La Constitución estipula, por ejemplo, que la educación es responsabilidad del Estado, la sociedad y la familia, según Francisco Javier González Sánchez, profesor del Departamento de Ciencias Política de la Universidad de Caldas, pero afirma que en el artículo 67 se reserva el derecho de regular y ejercer inspección y vigilancia con el fin de la calidad. Se debe hacer, precisamente, “desde el conocimiento constitucional de que hay límites”.

Lo ocurrido en la Universidad del Valle y que el hecho se haya dado en escenario de jornadas mayoritariamente virtuales y remotas, es ejemplo de la “tendencia militarista que toca a alcaldes, gobernadores e incluso rectores que creen que la autoridad es la fuerza, cuando también es el reconocimiento de espacios de diálogo y conversación”, dice Édgar Ramírez Monsalve, profesor del Departamento de Ciencia Política de la Facultad de Ciencias Humanas y Económicas de la UNAL Medellín.

El deber del Estado, agrega, es actuar en el marco constitucional y legal de la defensa de los derechos. En ese orden, la violencia debería ser la última acción en cualquier circunstancia: “Hay otros mecanismos que permiten un trato con dignidad a la ciudadanía, lo que pasa es que aquí ha habido un proceso de militarización de la cultura política”.

Lo que se debe entender, considera, no es que el Estado esté o no en la capacidad legal de actuar, puesto que, si bien la puede tener, no es la estrategia clave en la medida en que genera desconfianza de la ciudadanía en la institucionalidad, hace que se oponga a ella y, en ciertos casos, puede fomentar la violación de las normas y de la Constitución.

El rol de quienes están al frente de la dirección de las universidades, dice, debe ser adelantar una gestión demócrata y “de cara a su comunidad universitaria”. Al respecto destaca la labor de rectores que, en la historia, han sido reconocidos por ser abanderados de esos principios, como a su criterio lo fueron Gerardo Molina o Luis Carlos Pérez.

Ellos, cuenta, se opusieron radicalmente a que la acción policial se impusiera en las universidades y lucharon porque cualquier expresión de fuerza de miembros de las instituciones no se dieran, en tanto que la función de los claustros debe ser los debates y la discusión con cabida a la diversidad y la diferencia.

Asuntos patrimoniales

Cuando se generan situaciones como la ocurrida recientemente en la Universidad del Valle hay quienes también se preocupan por el patrimonio, que también se incluye en el concepto de autonomía universitaria, dado que son las instituciones de educación superior las que lo manejan, de acuerdo con la Ley 30 de 1992, como lo explica Diana Carolina Sánchez Zapata, profesora de la Facultad de Derecho de la Universidad de Antioquia y estudiante de doctorado en Estudios Urbanos y Territoriales de la UNAL Medellín.

Para el manejo del patrimonio las universidades cuentan con un régimen especial para sus campus que es el de los bienes fiscales. Ese carácter significa que aunque son considerados como públicos cumplen con una serie de condicionamientos determinados por los reglamentos propios de las instituciones de educación superior.

En materia de la acción de la policía, “la Corte Constitucional ha establecido reglas jurisprudenciales estableciendo que en cada caso concreto la autoridad que apruebe la intervención policial debe hacer una especie de juicio de ponderación y valorar las diferentes razones y circunstancias que hay en el momento para analizar si las medidas son necesarias, idóneas y suficientes (en razón) al daño que pretenden neutralizar, y si son proporcionales a la acción que se espera mitigar”, expone.

Retos actuales para la autonomía universitaria

Una falla, cree el profesor González Sánchez, es que “hay gobernadores que no entienden ni comprenden la dinámica de una comunidad universitaria, que son centros de pensamiento, y muchos alcaldes asumen a veces y de manera exagerada su rol de considerarse la primera autoridad policiva. Entonces, cuando se da una situación así, normalmente le echan mano a lo que para ellos es más fácil, que puede ser también lo más perjudicial”.

En general, la profesora Sánchez Zapata considera que aún existe desconocimiento sobre lo que la autonomía universitaria significa, porque se cree que es una libertad absoluta, cuando realmente no lo es en ninguna de sus dimensiones: “No es igual para definir hasta dónde se permite el ingreso (de militares) a los campus o no, ni frente al manejo de personal administrativo y docente, o frente a los procesos académicos en los que debe ser mucho más amplia”. Cree que el reto, en primera medida, está en que el concepto sea divulgado.

Por su parte, según el profesor Ramírez Monsalve, hay un desafío relacionado con “una clara injerencia del gobierno nacional, que no ha permitido que nosotros, la comunidad universitaria: profesores, estudiantes, egresados y administrativos, decidamos quiénes son nuestras autoridades”. En ese sentido, expone que un paso importante debe ser democratizar el gobierno universitario.

Lo plantea incluso para el escenario de la virtualidad, cuando la comunidad universitaria precisamente es la que está por fuera de los campus. Que ella decida es una posibilidad que, expresa, debe trasladarse también a pensar retos pedagógicos que se deben asumir con respecto a las nuevas modalidades de enseñanza e investigación.

Ante el aislamiento por la pandemia la docente Sánchez Zapata cree que hay que buscar nuevas formas para el ejercicio de las libertades como las de pensamiento, expresión o cátedra, que son los núcleos esenciales de la autonomía universitaria. La reflexión que deja la académica es: “Si bien el derecho a la protesta, por ejemplo, se ve restringido, y aunque hay otras maneras en las que se pueden realizar las actividades desde la virtualidad, no se puede desconocer que esta hace más difícil la autonomía universitaria”

(FIN/KGG)

3 de mayo de 2021