Escudo de la República de Colombia
A- A A+
El paro nacional que inició el 28 de abril fue motivado para exigir el retiro del proyecto de reforma tributaria. Foto: tomada de bit.ly/2SdoOcs

 

Analistas se refieren a lo que debe ser la ruta para pensar los cambios que se necesitan al momento de planear reformas como la tributaria o la de la salud que recientemente fueron archivadas, lo que se atribuye al descontento social y a las protestas. Aún queda pendiente analizar la reforma pensional, que no ha sido presentada, y sobre la que un experto realiza sugerencias para que sea efectiva.

---

El objeto de un sistema pensional es dar estabilidad, ingresos y consumo a las personas durante la vejez, además busca combatir la pobreza en esa etapa de la vida. El que está vigente ha dependido de la historia y situación laboral de las personas, pero en el país no toda la población tiene empleos. Varios de quienes los tienen son inestables o con remuneraciones precarias, que no les permite cumplir con los requisitos legales de tiempo y cotización “para obtener una pensión”, según Jorge Armando Rodríguez Alarcón, decano de la Facultad de Economía de la UNAL Bogotá.

El actual sistema pensional surgió de la Ley 100 de 1993. En esencia es dual, coexisten el régimen de prima media (público) y el de ahorro individual (privado). La diferencia más importante es que el primero, administrado por Colpensiones, entrega beneficios o pensiones definidas y estables, que se liquidan con base en la historia de remuneraciones de las personas, de acuerdo con el docente.

Otra diferencia es la financiación: en el régimen privado la pensión depende de los ahorros de cada individuo, mientras el régimen público se financia con las cotizaciones que van a un fondo común.

El profesor Rodríguez Alarcón analizó la reforma pensional propuesta por la Fundación para la Educación Superior y el Desarrollo (Fedesarrollo), la cual busca establecer un sistema de tres pilares. Así lo explicó también en el artículo Una propuesta ambiciosa de reforma pensional publicado en el medio digital Razón Pública.

El primer pilar, expone, está referido a un ingreso básico para las personas, por ejemplo, de 65 años en adelante, que a la vez sea razonablemente suficiente para los jubilados y sostenible desde el punto de vista fiscal. En ese sentido, asegura que el ingreso básico es viable, pero dependiendo del monto, es un asunto que se debe discutir.

Acerca del segundo pilar hay varias propuestas, entre ellas generalizar el régimen de ahorro individual, uno de cuyos principales problemas, según el profesor, es que “las pensiones son muy inciertas, no están predefinidas. También que dadas las características de la economía colombiana solo unos pocos tienen la capacidad de ahorro suficiente para lograr una pensión; además, que los rendimientos de las inversiones financieras que hacen las administradoras de pensiones pueden ser muy volátiles”.

Lo que el profesor Rodríguez propone es que el segundo pilar del sistema sea de beneficios o pensiones definidas: “Se financiaría con las cotizaciones de los afiliados y con aportes del presupuesto nacional, pero tendría que haber solidaridad entre y dentro de las generaciones para proveer pensiones suficientes y sostenibles”.

Cree que habría que hacerle ajustes al régimen administrado por Colpensiones. Por ejemplo, “la edad de jubilación actual es baja con respecto a la expectativa de vida; se podría aumentar a los 65 años. También hay que reformar los regímenes especiales, que son los de magisterio y fuerzas militares, que dan pensiones elevadas con respecto a las contribuciones”.

El tercer pilar es el ahorro individual voluntario; sería para quienes pueden cotizar una suma adicional para elevar el nivel de su pensión.

La reforma no se ha presentado, sin embargo, cree que debe empezar a discutirse en forma amplia y participativa, pues el sistema pensional actual “salvo para algunas personas, es insatisfactorio porque el 50% de la población en edad de jubilación no está cubierto por ningún tipo de protección en la vejez. Y de los que tienen alguna protección, una gran parte recibe recursos muy reducidos. El 75% recibe muy poco o nada”, afirma.

Considera que se puede diseñar un sistema pensional que la sociedad colombiana pueda sostener. La aprobación de ajustes que beneficien a los colombianos, agrega, tiene que ver con la correlación de fuerzas políticas, intereses y actores económicos y sociales, como lo son los jubilados o las administradoras de fondos de pensiones.

El profesor concluye que “es importante hacer la reforma, pero bien hecha. Si está mal diseñada, mejor no”. Esto teniendo en cuenta el descontento social y la situación de los jóvenes: el aspecto laboral está marcado por empleos inestables, contratos de corta duración e ingresos precarios, lo que no permite cumplir con los requisitos legales de tiempo y monto de cotización. En el caso del régimen privado, el de mayor volumen de afiliaciones, por dichas razones la mayoría de las personas no alcanzaría a obtener una pensión.

¿Y los proyectos de reforma que se hundieron?

Pese a que el proyecto de ley de reforma tributaria fue retirado del Congreso de la República, no quiere decir que no se deba hacer una. Según Dora Elena Jiménez Giraldo, profesora del Departamento de Economía de la Facultad de Ciencias Humanas y Económicas de la UNAL Medellín, sí es necesario diseñar otra pero con condiciones distintas y que sea estructural.

Es importante, expone la profesora, porque “la emergencia sanitaria implicó un incremento en el gasto público para atender la emergencia sanitaria, reactivar la economía, proteger a la población más vulnerable y recuperar los empleos perdidos”.

En Colombia, agrega, hay gran desigualdad en la distribución del ingreso. “La nueva propuesta de reforma tributaria debe tener eso en cuenta y, por tanto, los nuevos impuestos deben gravar a las grandes empresas y a las personas más adineradas en Colombia”, afirma.

Con la llamada Ley de Crecimiento Económico, afirma que se dieron algunos beneficios a las personas jurídicas, a las que se les redujo un 50% del Impuesto de Industria y Comercio (ICA) contra el impuesto de renta entre 2019 y 2021, y el 100% a partir de 2022. “Según los cálculos, con este beneficio se perdieron cerca de 7 billones de pesos. Con la reforma que se planeaba se esperaba recoger ese dinero, pero con impuestos a la clase media”, indica.

Tras el contexto de paro nacional y la renuncia de Alberto Carrasquilla, el nuevo ministro de Hacienda y Crédito Público, José Manuel Restrepo, anunció que se espera recaudar 14 billones de pesos y que se buscaría enviar un mensaje al mercado internacional de que el país puede estabilizar las cuentas fiscales en el largo plazo. La cifra propuesta inicialmente fue de 23 billones.

Llevar a cabo la reforma ahora es difícil, cree, debido a que el país está en un escenario de crisis económica, pobreza y desempleo. Además, “porque no es políticamente correcto en este momento. Hay que esperar a que se dé uno más prudencial y que permita acuerdo entre el Estado y los protestantes para entrar a discutir cómo debe ser”, asegura. Por lo pronto lo que sería viable, plantea, es derogar algunos beneficios de la Ley de Crecimiento Económico, aunque es claro que algunos sectores no estarían de acuerdo.

Por su parte, la reforma de la salud o proyecto de ley 010 de 2020 también se hundió recientemente. Fueron 27 votos por el sí y 5 por el no en las comisiones séptima de Senado y Cámara. Agremiaciones médicas y ciudadanos que se manifestaron durante el paro nacional rechazaban la iniciativa de llevarla a cabo.

En el conversatorio académico ¿Plantea el proyecto de ley 010 de 2020 una reforma de salud viable? Juan Eduardo Guerrero, profesor de la Facultad Nacional de Salud Pública de la Universidad de Antioquia, comentó que confundía seguridad social con sistema general de salud, el cual fue planteado por la Ley 100 de 1993 como competencia entre actores como aseguradores y prestadores, pero fue la Ley Estatutaria la que marcó la idea de avanzar en uno que pone la salud como un derecho.

En el proyecto de ley recién archivado, “se profundizó el sentido de negocio: las EPS podrían funcionar sin liquidarse e ir a un oligopolio, el dinero público se convertía en privado para ser manejado por los entes aseguradores, la legalización de conglomerados en salud para comparar clínicas y hospitales, a través del artículo 78, porque lo consideran capital rentable”, entre otros, manifestó el docente. “Las propuestas tenían vicios de inconstitucionalidad”, añadió.

La indignación reflejada en las movilizaciones, dijo, llevó a que varios partidos le quitaran el respaldo al Gobierno y que así el proyecto de ley se archivara. Lo que sigue para construir una propuesta en el futuro inmediato es un pacto de las universidades por la salud y la vida. Federaciones y juntas médicas también tienen proyectos ideados para ser planteados de manera participativa, a fin de ponerlos en discusión en la academia con los estudiantes, docentes y comunidades.

“Lo que se pretende es llegar a un posible proyecto nacional participativo amplio no para aprobar en esta vigencia sino en el próximo Gobierno. El proceso debe llevar a una discusión acerca de que el sistema actual debe modificarse, Colombia merece reconstruirlo”, concluyó.

(FIN/KGG)

24 de mayo de 2021