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La visita de la CIDH fue solicitada por ONG Temblores e Indepaz. Foto: Camila Díaz / Colprensa. Foto: tomada de bit.ly/3hV9Fri

 

La vicepresidenta y canciller Marta Lucía Ramírez afirmó inicialmente que se aceptaría, pero después, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para verificar la violación de derechos fundamentales en el marco del paro nacional. Luego planteó que la instancia interamericana podría arribar casi inmediatamente si quisiera. El hecho no solo ha generado indignación sino confusión, según analistas, quienes explican cómo funciona el Sistema Interamericano de Derechos, y destacan la participación ciudadana y de las ONG ante la crisis actual.

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La CIDH es un organismo autónomo y consultivo que hace parte de la Organización de Estados Americanos (OEA). Esta entrega recomendaciones a las naciones para tomar acciones a fin de evitar responsabilidades internacionales en el futuro, y tiene jurisdicción sobre los países miembros de la OEA.

Gerardo Durango Álvarez, profesor del Departamento de Ciencia Política de la Facultad de Ciencias Humanas y Económicas de la UNAL Medellín, explica que entre las funciones de la CIDH está la promover, difundir, investigar, vigilar y visibilizar el cumplimiento de los derechos fundamentales por parte de los Estados miembros de la Convención Americana de Derechos Humanos. En ese sentido, no sanciona a los países, esta función le corresponde a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) que ejerce una función jurisdiccional.

Colombia es parte de ambos organismos. Es por eso que la nación está obligada a cumplir los estándares establecidos por la CIDH, que anualmente realiza un informe detallado de la situación de derechos humanos de cada uno de los países miembros. “Cuando el caso es muy complejo, como ocurre ahora con la protesta social en el país, la Comisión investiga las circunstancias que se han dado por las reiteradas violaciones de los derechos y asume la facultad de realizar una visita en sitio para percibir de primera mano qué es lo que está sucediendo”, expone el profesor.

Instancia nacional

Las intenciones que expresó la vicepresidente y canciller cambiaron en cuestión de pocos días. Inicialmente y durante una visita a Estados Unidos, descartó la visita inmediata de la CIDH a Colombia.

Dijo: “Vamos a ir a la CIDH para mostrar lo que están haciendo todos los organismos de control, la Procuraduría, la Contraloría, la Fiscalía y la determinación del gobierno es que no haya ningún caso en la impunidad, tenemos solicitud de la CIDH del secretario Almagro y nosotros lo que hemos dicho es que consideramos que todas las visitas bienvenidas pero esperamos que los organismos de control acaben de hacer su tarea de investigar cada uno de los casos y organizar las próximas visitas”.

Según Enrique Prieto-Rios, director del Grupo de Investigación en Derecho internacional de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad del Rosario, con el pronunciamiento se “refleja un temor infundado respecto al impacto que esta visita pudiera tener en futuros casos individuales en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos contra el país”. Sin embargo, el docente expresa que “el gobierno falla al no ver que la llegada de la Comisión podría ayudar a destrabar las conversaciones”.

Asimismo, el docente cuestiona el argumento inicial de la Vicepresidenta, porque explica que desde una perspectiva jurídica, no hay necesidad de que se agoten las investigaciones internas para que la CIDH haga una visita de trabajo no relacionada con casos individuales.

Sobre la posibilidad de que la Defensoría del Pueblo actúe como mediador Prieto-Rios afirma que no es ideal en tanto que, “como ente que debería resguardar los derechos humanos, perdió legitimidad por su cercanía con Iván Duque, la falta de precisión en el registro de cifras y un rol pasivo al inicio de las protestas, por lo que no podría articular un diálogo”.

Recientemente la vicepresidenta expresó una intención distinta: “se les dijo (a la CIDH) que bienvenidos. La fecha del 29 de junio la pusieron ellos y nosotros les hemos dicho ‘estamos listos para esa visita’. Si quieren venir, anticipar la audiencia y la hacen mañana, no tenemos ningún problema en que vengan al día siguiente a Colombia”. A través de cartas Ramírez formalizó, finalmente, la invitación a la CIDH, que anunció hace pocos días que estaba lista para la visita y que la fecha debía decidirla el Estado.

El cambio de opinión del gobierno, cree el profesor Durango Álvarez, es “una contradicción del Estado”, lo que “desmiente, descalifica y coloca en entredicho que seamos un país democrático, respetuoso de los derechos humanos y de los tratados internacionales”.

Recientemente el presidente de Colombia, Iván Duque Márquez, afirmó en Noticias Caracol que hay 80 investigaciones por presuntos abusos policiales durante el paro nacional y se refirió a que se podría compartir la información de manera “abierta” “si no hay una respuesta de las autoridades colombianas”. “No tenemos nada que ocultar, somos una democracia, un país que se basa en sus instituciones”, agregó.

En el sitio web de la CIDH hay constancia de visitas que ha hecho al país. Son siete en total: en 1980, 1990, 1992, 1997, 2001, 2004 y 2012. Según el profesor Durango Álvarez, es la primera vez que el Órgano, por iniciativa propia y de ciudadanos, pide permiso para arribar al país a verificar la situación de derechos humanos. En ocasiones anteriores el llamado lo habían hecho los gobiernos.

No es usual que un Estado niegue la visita, aunque esta tampoco es obligatoria. En Latinoamérica países como Ecuador o Chile tuvieron situaciones parecidas y posibilitaron la presencia de la CIDH en sus territorios, de acuerdo con Juliana Sánchez Vallejo, profesora de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Gran Colombia sede Armenia. Otras naciones como Venezuela y Nicaragua no lo han permitido, contextualiza. Vacilar ante la posibilidad de que la Comisión llegue a Colombia, dice la docente, “genera insatisfacción y sorpresa”.

Rol activo y fundamental de ciudadanos y las ONG incluso en redes sociales

La contradicción se generó tras el hecho de que el Instituto de estudios para el desarrollo y la paz (Indepaz) y la ONG Temblores enviaran a la CIDH un informe sobre la violación sistemática de la Convención Americana y los alcances jurisprudenciales de la Corte IDH acerca del uso de la fuerza pública contra la sociedad civil en Colombia durante protestas realizadas entre el 28 de abril y el 12 de mayo de 2021.

“Parte de la base del artículo primero de la Convención Interamericana de Derechos Humanos habla de que todos los estados tienen el compromiso de respetar los derechos y libertades y a garantizar su pleno ejercicio. Entonces, circunstancias como desapariciones forzadas, lesiones personales u homicidios violan derechos allí contenidos como el de la vida o la integración personal, y por eso es que la CIDH ha llamado la atención de lo que se avizora desde el Sistema internacional”, expone Sánchez Vallejo.

Otros movimientos, como Amnistía Internacional, han manifestado la preocupación por la situación en Colombia, incluso han propiciado encuentros como la reunión que tuvo recientemente José Miguel Vivanco, director de la División de las Américas de Human Rights Watch, quien se reunió con la vicepresidenta. En el encuentro, él insistió sobre “la necesidad de reforma policial y de permitir una visita de la CIDH”, tuiteó.

El rol de las ONG es fundamental para documentar las violaciones de derechos humanos, según Prieto-Ríos, para quien “lo que está haciendo Temblores es lo que debería hacer la Defensoría del Pueblo”.

Añade que las actuaciones de estos grupos activistas también son valiosas para dar visibilidad de los abusos de la Fuerza pública a nivel internacional y específicamente ante aliados estratégicos Estados Unidos y la Unión Europea con los cuales Colombia tiene una cercanía diplomática, económica y comercial. Además, estos aliados estratégicos podrían servir de garantes en una negociación que busque la salida al paro actual. Cree, también, que la ciudadanía ha sido consciente de la importancia de estas organizaciones y eso, “va a marcar una nueva forma de protesta y negociación”.

Los reclamos que puedan hacer las personas frente al Estado, dice el profesor Durango Álvarez, es un síntoma de la salud de la democracia: “Las denuncias hechas hasta ahora por organizaciones sociales, civiles y políticas son reivindicaciones y una muy buena señal”.

¿Qué puede venir?

El docente agrega que es posible que la CIDH, en el informe que realiza a final de año y que presenta a la Asamblea General, “muestre un rol muy preocupante por la violación de derechos humanos en Colombia frente a la protesta social. Vamos a quedar en el escenario internacional como un Estado violador de los derechos fundamentales”.

Agrega que también puede ocurrir que algún ciudadano colombiano interponga una demanda interna al Estado y de llegar a la CIDH (si se han agotado las instancias internas), esta pueda admitir el caso porque tiene una información previa y detallada. En ese sentido, se podría dar incluso en un escenario futuro una condena contra el gobierno colombiano por parte de la Corte IDH.

A criterio de Prieto-Rios, más allá de las posibles condenas futuras contra Colombia, por la comisión de hechos internacionalmente ilícitos, se debe analizar el rol de las redes sociales, las cuales han sido utilizadas para visibilizar violaciones de derechos humanos. El profesor considera que, dada la inmediatez que estas nuevas tecnologías permiten, se están constituyendo como mediadoras en las relaciones de países y los ciudadanos con organizaciones internacionales y con el Derecho Internacional.

(FIN/KGG)

31 de mayo de 2021