Escudo de la República de Colombia
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La Constitución del 1991 reconoció a Colombia como un país pluriétnico. Foto: Unimedios.

 

Es denominada como la Constitución de los derechos humanos y como una de las más garantistas en Latinoamérica. Es un gran acierto, según coinciden analistas académicos, quienes desde sus distintos puntos de vista también hablan de los desafíos que tiene en los sistemas electorales y de justicia, por ejemplo, y de vacíos como el centralismo.

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En julio de 2021 la Constitución Política de Colombia cumple 30 años. Reemplazó a la de 1886, entonces caracterizada por ser centralista, conservadora y no reconocer derechos fundamentales, según Gerardo Durango, profesor del Departamento de Ciencia Política de la Facultad de Ciencias Humanas y Económicas de la UNAL Medellín. Con la del 1991 se dio un gran giro en cuanto a la protección de ellos.

Con ella, agrega, se retomaron aspectos de otras constituciones que estuvieron a la vanguardia de la garantía de los derechos humanos, como lo fueron la de Alemania en 1949 y la de España en 1978, importantes según el docente. La Constitución de 1991 permitió la creación de la Corte Constitucional y de la acción de tutela, así como figuras entre las que está la Fiscalía General de la Nación. De esa manera Colombia se configuró como un Estado social de derecho.

La Constitución es para David Roll Vélez, profesor de la Facultad de Derecho de la UNAL Bogotá, el acontecimiento más importante de Colombia porque significó una modernización política que se venía postergando desde 1926. Su contenido fue impactado de forma concertada por diferentes grupos políticos y sociales, lo que permitió al Estado enfrentar varios retos.

En su momento, cuenta John Fernando Restrepo, profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Medellín, fueron los jóvenes los que dieron el paso. Específicamente el movimiento estudiantil la Séptima papeleta, que jugó un rol muy importante “porque fue el único capaz de desafiar el narcotráfico, el que pudo decir: no nos pueden acabar a todos y tenemos que ser una sociedad capaz de no tener miedo. Hay un símbolo político que vale la pena reivindicar porque es el de la convocatoria a la Asamblea Constitucional”.

Uno de los logros de la Constitución Política que refiere el profesor es que reconoce un Estado pluriétnico y diverso, en general, “reivindica la condición humana y ha garantizado la dignidad”. Otro más reciente es reafirmar derechos fundamentales no solo de las personas sino de seres sintientes. “Eso me parece absolutamente hermoso”, enfatiza.

A lo largo de 30 años se han dado cambios políticos que hace cada gobierno de acuerdo a su plan de acción, pero estos no necesariamente llegan a la Constitución, cuyas modificaciones se dan a través de referendos, actos legislativos o asambleas constituyentes. De estas últimas no ha habido en Colombia, según Restrepo. Hasta ahora las variaciones más representativas que él refiere son la reelección, que se implantó durante el mandato de Álvaro Uribe, con lo cual “tocó la médula ósea del sistema constitucional” y también con el proceso de paz liderado por Juan Manuel Santos, con respecto a la Justicia transicional que obligó a hacer una serie de ajustes.

Los retos actuales

Para Luisa Fernanda García, profesora de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad del Rosario, el paro nacional mostró una gran crisis institucional y uno de los desafíos de la Constitución actual es la justicia. “Es débil, no tiene credibilidad, y aunque podría haber sido la joya de la corona con el pasar de los años nos ha demostrado que también ha estado inmersa en la corrupción y que los mismos jueces se han visto involucrados en escenarios como el Cartel de la toga”.

Ese es a su vez el reto, pues afirma que si no hay justicia el Estado de derecho no funciona. En ese sentido, una de las falencias que plantea es la forma de seleccionar a los jueces y las funciones que se les da fue un cambio trascendental entre 1986 y 1991. Ahora, dice, es politizada y desdibuja la separación de poderes que existe “en todas las democracias occidentales contemporáneas”, y que en Colombia no permite independencia.

Otro reto es el que expone el profesor Durango, pues si bien en la Constitución de 1991 quedó contemplado el tema de la participación política, manifiesta que en la práctica ha sido muy difícil de cumplir “por el modelo representativo y presidencialista que se tiene en Colombia, que es uno de los grandes desafíos y que en estos momentos se viene dando por las diversas manifestaciones de la ciudadanía por el reclamo de derechos”. Por consiguiente, ha sido un modelo “elitista” y limitado para los que él llama “desaventajados” como lo son mujeres, indígenas, afrodescendientes, jóvenes y campesinos. En Colombia esta es, según dice, “excluyente de estos grupos”.

A su criterio, también considera que hace falta concreción del Estado social de derecho, que si bien ha sido garantizado por la Corte Constitucional, no ha sido así por parte de estamentos políticos como el Congreso de la República, “que ha establecido pautas de retroceso y restricciones desmedidas”.

Luego de 30 años y ante la pregunta de si es necesario realizar modificaciones, la respuesta de Roll Vélez es sí. Cree que, por lo menos en cuanto a la reforma electoral hay que hacer una serie de cambios. “La del 2003 fue muy adecuada, ayudó a mejorar el sistema de partidos, pero las posteriores, quizá con excepción de la del 2009, han ido evadiendo el tema y las personas necesitan unas estructuras políticas más visibles, sólidas, institucionalizadas, que sepan canalizar descontentos y convertirlos en campañas electorales limpias. Es necesario analizarlo e incluirlo en la Constitución para modernizar aún más el país”, asegura.

¿Cómo hacer las modificaciones?

El profesor Roll Vélez considera que se debe revisar hasta qué punto lo que no ha sido adecuado depende de la Constitución o es ajeno a ella. En los casos en que las falencias se den por alguna deficiencia, porque lo que se acordó no era adecuado, porque lo reformado haya sido ineficaz, o porque las realidades se transforman, “por supuesto hay que pensar en una nueva normativa”.

No obstante, plantea que no puede culparse a la Constitución de los problemas, y tampoco que el hecho de que se requieran cambios quiere decir que se deba “borrar y crear otra estructura sino afinar la que hay”.

Los vacíos

En general, los analistas coinciden en elogiar la Constitución Política de Colombia. Sin embargo, reconocen unos pocos vacíos. El centralismo y la poca garantía para la toma de decisiones a nivel regional es uno de ellos, de acuerdo con el profesor Durango. Adicionalmente, la corrupción es para él otro tema que ha causado muchos problemas en Colombia, pero que la Constitución no ha abordado.

El docente Restrepo es contundente es comentar que si bien es una Constitución ejemplo, el vacío más grande es “creer que es un texto mágico. Que basta solo con ponerlo en la sociedad para que el mundo cambie. La gente dice: reemplacémosla porque no se cumple. Se absolutizó y se creyó que era un punto de partida. El gran problema es que confundimos las reglas de juego y no hemos entendido que es un punto de llegada”.

Lo que hay que hacer, dice, es trabajar en hacer que lo que garantiza la Constitución se cumpla, pues no se hace de manera automática. Agrega que falta “tener cultura ciudadana para llenar la buena democracia, apropiarnos de los derechos para respetarlos y hacerlos exigibles. Los problemas sociales se resuelven con voluntad política, con educación para lo público y dejando de centralizar la sociedad”.

(FIN/KGG)

6 de julio de 2021