Personas de más de 30 veredas fueron desplazadas a Ituango de manera forzosa. Foto: Movimiento Ríos Vivos / tomada de bit.ly/2V5isxQ

Más allá de la coyuntura, las soluciones deben ser estructurales, coinciden analistas que mencionan que respetar el acuerdo de paz sería un camino interesante, así como la concertación con la comunidad que vive este flagelo.

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Pasan los días y en Ituango aumenta el número de desplazados. Son 4.099 al 30 de julio, según el censo de la Unidad de Víctimas. Desde el 21 de julio se registra un éxodo que se dice no tiene precedentes: en poco más de una semana al municipio han llegado personas procedentes de 31 veredas.

Recientemente, y luego de un consejo de seguridad con el ministro del Interior, Daniel Palacios, anunció que se iniciaba un plan de retorno y que se dispuso lo necesario para garantizar la seguridad de los habitantes en su regreso. El ministro de Defensa, Diego Molano, también manifestó que se aumentaría el pie de fuerza en las veredas del municipio con 250 soldados que harán presencia en esos sitios y que con ellos se busca “rodear” al Frente 18 de las disidencias de las FARC y al cabecilla alias Camilo, que serían responsables del desplazamiento masivo.

“Hay personas que han sido desplazadas hasta ocho y 10 veces. Hay gente que va de una vereda a otra. Sobre la medida (del regreso) sabemos que estamos ante un desgobierno. Para los que viven en esas áreas es difícil cumplir las órdenes, ya que además de Ejército hay muchos actores armados, todos con distintos intereses y sobre los que es difícil hacer control”, dice Alberto*, un líder de la comunidad.

Afirma que le preocupa que se diga que quienes decidieron irse de las veredas con las comunidades fueron los líderes, y que, según él, se haya anunciado investigarlos: “Una cosa es venirse por voluntad propia, y otra que lo obliguen a uno a salir. Eso es supremamente delicado, como la solución del gobierno departamental de ofrecer una recompensa por información para capturar al sujeto que nos está haciendo desplazar hoy. Es peligroso, nos hace más vulnerables, porque para nadie es un secreto: la justicia en Colombia está cojeando demasiado. Nos ponen, como se dice, entre la espada y la pared a quienes estamos en el campo”.

Para Marco Romero, profesor del Departamento de Ciencia Política de la UNAL Bogotá y director de la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (Codhes), la crisis humanitaria se agudiza de nuevo, pese a la firma del Acuerdo de Paz, y las respuestas institucionales siguen desconociendo los principios básicos de protección de la población civil.

La situación, afirma, persiste a pesar de la existencia de los principios rectores sobre desplazamiento forzado de las Naciones Unidas, y de las medidas de protección que han exigido la Corte Constitucional desde hace más de 16 años en el contexto del seguimiento a la Sentencia T-025 de 2004. Agrega que la protección y la atención de la crisis humanitaria debe respetar el Principio de Distinción que constituye la base del Derecho Internacional Humanitario: “Es muy lamentable que al Gobierno lo único que se le ocurra es militarizar y entregar ayudas cívico - militares que constituyen un retroceso porque es un riesgo para la población”.

Es errado, dice, acudir a la militarización cada vez “que se agudizan las manifestaciones de la crisis, en lugar de buscar salidas de fondo a los problemas”. En la misma línea va el análisis que hace Juan Esteban Lopera Morales, profesor del Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia, quien expone que “voces en contra del retorno durante el anterior desplazamiento masivo también aparecieron. La idea de presionar al regreso se denunció antes, y es la práctica del Estado de aplazar los problemas y los temas de fondo, porque no es un evento menor ni aislado”.

El viernes 30 de julio se conoció que la población desplazada no iniciará el retorno en tanto no recibiera un mensaje de los grupos armados en el que se les comunique el retiro de las amenazas. La decisión la tomaron luego de una reunión de líderes de juntas de acción comunal con la Alcaldía de Ituango. Alberto dice que aún en el municipio continúan recibiendo presiones: “por la situación que estamos atravesando, por los animalitos que se nos están muriendo de hambre y los cultivos perdiéndose, por otro lado, de las autoridades locales tratando de minimizar lo que está pasando y mandarnos a las veredas sin garantías, y de los actores armados que están en el territorio”.

Problemas estructurales asociados

La región, expone Freddy Castrillón Galeano, profesor del Departamento de Ciencia Política en la Facultad de Ciencias Humanas y Económicas de la UNAL Medellín, es un punto estratégico de operaciones de guerra en el que se disputa el control territorial, en este caso del Nudo del Paramillo, ubicado en el noroccidente, y que tiene conexión con varias regiones, además de salidas al Pacífico, al Atlántico y al Urabá.

En la zona las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) han tenido, históricamente, dos frentes, pero después llegaron las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), indica el docente. El control territorial se ha hecho también, dice, para garantizar movimientos que incluyen la provisión de tecnología de guerra y expandir cultivos de coca.

En este ámbito, por lo menos, el profesor Castrillón Galeano considera que por ser un problema estructural la solución debe ser que el Estado cambie la estrategia que lleva varias décadas sin los resultados esperados, “por el contrario, han aumentado los cultivos de coca. Lo que se necesita en estos momentos es crear una nueva, como se definió en el Acuerdo de Paz con las FARC”.

Al preguntarse ¿qué está pasando? El profesor Lopera Morales invita a reflexionar más, pues cuestiona que en los medios se replica que no haya presencia del Estado, pero sí un batallón, algo que dice: “no me cuadra. Por lo menos en seguridad uno esperaría que en un municipio con cierto número de soldados y policías no pasaran estas cosas”.

Aparte de tener en cuenta este contexto, el profesor Lopera Morales afirma que en el análisis del desplazamiento en Ituango no hay que perder de vista que han estado precedidos de violaciones a los derechos humanos. Pero además, manifiesta que puede haber afectaciones económicas por pérdidas de cultivos, y aun pese a la gravedad de la situación, hay algunos campesinos que se quedaron exponiendo sus vidas pendientes de eso y de los animales. “Detrás del desplazamiento hay un montón de historias y de impactos”, añade, al referirse a que, es un reto solucionar el problema que significa un posible retorno.

Lo necesario, según el profesor Romero, es una acción humanitaria y “fórmulas que le aseguren a la gente condiciones de vida dignas para desactivar la bomba social y la reproducción de dinámicas armadas”.

El Acuerdo de Paz es un camino, pero la voluntad política, una barrera, de acuerdo con el docente. Por ahora la recomendación que hace es la concertación de las medidas de protección con la comunidad, no imposiciones; demandar observancia de Derecho Internacional Humanitario tanto para el Estado como para los grupos armados, atención a la población por parte de la Unidad de Víctimas y acompañamiento de instancias como la Defensoría del Pueblo, así como garantizar la intervención de organismos internacionales. Es lo inmediato.

“La crisis es muy grave, tiende a profundizarse, y no es única en Colombia. Hay que cerrar filas en torno a la paz e impedir que el país tenga un nuevo universo de víctimas”, asegura el docente, por lo que cree que hay tres caminos: retomar la paz buscando negociaciones con grupos armados que están pendientes y procesos de sometimiento a la justicia de bandas criminales, implementación de la Reforma Rural y búsqueda de un plan alternativo frente a economías de uso ilícito, y buscar formas de cese del fuego y acuerdo humanitario.

Las acciones deben darse, según Vicente, otro desplazado, porque les sigue preocupando que los actores armados continúan “debilitándoles a los jóvenes las ganas de trabajar en el campo. Termina: “hemos pedido que se cumplan las garantías del proceso de paz, y eso no se ha visto”.

*Nombres cambiados para salvaguardar la seguridad de las fuentes.

2 de agosto de 2021