Conversatorio Paz Territorial, aportes de la Comisión de la Verdad para la agenda de investigación urbano-regional en Colombia. Realizado en la UNAL Medellín el 2 de marzo de 2023. Foto: Unimedios.

El conflicto armado colombiano ha cruzado todas las fronteras territoriales del país. Durante sus inicios, las zonas rurales eran campos de batalla, mientras que las ciudades se convertían en lugares de concentración de poder, escenarios de control y tensiones políticas, que posteriormente trascendieron a disputas militares y territoriales.

Medellín es considerada el emblema de la urbanización del conflicto armado, de acuerdo con el Centro Nacional de Memoria Histórica, es la ciudad con más masacres registradas. De las 118 ciudades que tiene Colombia, 91 fueron identificadas por la Comisión de la Verdad como las más afectadas por el conflicto armado. Entre las 20 primeras se destacan Buenaventura, Valle del Cauca, en el primer lugar con 328.515 víctimas (18%); seguida de San Andrés de Tumaco, Nariño, con 195.875 víctimas (11.1%), y en tercer lugar Medellín, Antioquia, con 195.365 víctimas (10.9%).
Para el ex coordinador de la región Antioquia y Eje Cafetero de la Comisión, Max Yuri Gil Ramírez, esto es una evidencia del peso del conflicto armado en Medellín y el área metropolitana.

“Esta situación no termina en la ciudad, se extiende a Bello, a Itagüí y a otras localidades del Valle de Aburrá. Las expresiones del conflicto armado iniciaron a finales de los 60 y comienzos de los 70, cuando los grupos guerrilleros Farc, EPL, ELN, veían en la ciudad un recurso para traer combatientes, sin embargo, en la década del 80 hay un cambio significativo, el EPL y el ELN hacen una mayor presencia y se convierte en un territorio no solo al servicio de las necesidades de la guerra de los frentes rurales, sino también se reconfigura en una zona de disputa política y luego militar y territorial”.

En el contexto actual, recomprender cómo se dieron y cuáles fueron esas dinámicas urbanas de la guerra y la relación entre territorio, actores y guerra, es fundamental para avanzar en el cumplimiento de los Acuerdos de Paz y la aplicación de las recomendaciones de la Comisión de la Verdad, que se recogen en la denominada paz total por el Gobierno Nacional.

“Hay una tendencia histórica de mirada a la violencia y el conflicto desde una perspectiva rural que obedecía a una visión plana de lo rural y lo urbano como cosas separadas. La Comisión apuesta a una comprensión territorial continua, relacional, donde lo urbano regional tiene configuraciones y particularidades económicas, culturales y políticas. Donde se dan unas tensiones y los actores desarrollan procesos de maneras específicas; allí la ciudad adquiere un lugar preponderante como punto de concentración de poder, como escenario de control que subordina a zonas periféricas, que profundiza brechas y segregaciones, que expresa dentro de sí misma lógicas de ciudades refugio y todo lo que significa la llegada de población desplazada y demás, que termina alimentando nuevas lógicas de la guerra, sobre todo estas que no son tan nuevas como las ligadas al narcotráfico”, evidencia Eloisa Vargas Moreno, ex coordinadora de Esclarecimiento de dinámicas urbanas de la guerra de la Comisión de la Verdad.

Vargas Moreno, candidata a doctora en estudios urbanos y territoriales de la UNAL Medellín, destaca que no es posible hablar de paz total como algo focalizado en las fronteras o con actores puntuales, sino “a través de las territorialidades y acuerdos territoriales que asuman agendas y actores principales, pero que además asuman la realidad de las comunidades, de la ciudadanía y de los demás actores políticos que hacen parte del territorio; que se tenga claridad territorial y que las ciudades hagan parte no como islas abstractas sino con esas dinámicas urbanos regionales”.

“La paz es territorial o no es paz”

El conflicto armado ha permeado directa o indirectamente todos los rincones de Colombia, de acuerdo con datos recopilados por la Comisión de la Verdad, el 20 % de la población del país es víctima directa del conflicto. De 10 millones de víctimas identificadas, aproximadamente el 80 %, es decir, 8 millones, corresponden a población civil no combatiente.

Para la historiadora Marta Inés Villa Martínez, la relación entre desigualdad y guerra constituye un círculo vicioso: la desprotección y desigualdad promueven la violencia, y esta, a su vez, las profundiza.

“El modelo de ocupación e integración territorial generó jerarquización y desigualdad en las regiones, con territorios ubicados en la periferia condenados a enfrentar la presencia débil e inefectiva del Estado; esto favoreció la cooptación (apropiación) por intereses políticos legales e ilegales y los actores armados. La guerra profundizó esa situación de desigualdad”, destaca la ex coordinadora de la Comisión de la Verdad en Antioquia.
Por lo anterior, la paz territorial es uno de los ejes centrales de las conclusiones de la Comisión; además de ser una de las promesas del Acuerdo de La Habana. En ese sentido, como resultado de la labor investigativa realizada por la Comisión de la Verdad, surgió el Informe Final (entregado en junio de 2022) llamado Colombia Adentro, que recoge las dinámicas e impactos territoriales del conflicto en las distintas regiones del país, además de las dinámicas urbanas de la guerra.

“En los contextos urbanos, rurales y locales hay violencias que no necesariamente son las mismas que había antes del Acuerdo, hay una serie de situaciones que han emergido y eso impide a la población vivir en paz y equidad. Hay un reto muy grande, como la Comisión dice al final: la paz es territorial es o no es”, agrega la investigadora social Villa Martínez.

Por su parte, el profesor del Instituto de Estudios Políticos y la Unidad de Paz de la Universidad de Antioquia, Max Yuri Gil, explica que para el caso de Antioquia y el Eje cafetero se definió como una gran macroregión.

El investigador y analista político indica que entre Antioquia y la zona limítrofe con Córdoba hacen presencia el Clan de Golfo y las disidencias de las Farc. “Por su parte, la continuidad geográfica, política y social en el Sur de Córdoba es igual a la llanura cordobesa, allí, además, hay impactos políticos y factores sociales comunes. Lo mismo pasa con el norte del Chocó y el sur de Urabá, comparten la misma matriz cultural y eso explica por qué los paramilitares y las Farc se movían en continuidad en búsqueda de sus territorios en Córdoba y Chocó”.

La excepcionalidad antioqueña

Los investigadores coinciden que aún hay mucho por esclarecer en diversos territorios, especialmente en Antioquia, pues en este departamento hay unas particularidades significativas: el 25 % de las víctimas de todo el país, (más de 2 millones) son antioqueños, es decir, una de cada cuatro víctimas del conflicto armado colombiano es de Antioquia.

“Encontramos unas relaciones de eso que se ha llamado la excepcionalidad antioqueña, son cinco razones explicativas del por qué Antioquia es como es, pero son procesos que no solo se dan en Antioquia, son comunes en otras regiones, sin embargo, en este caso, encontramos una relación entre las violencias del conflicto armado y objetos en disputa y prácticas marcadas en esta sociedad”, señala Max Yuri Gil.

El profesor explica que la primera razón es la disputa por la tierra, por su uso, destinación y la relación entre el despojo y los proyectos de agroindustria, de infraestructura, de minería y la explotación de recursos naturales. La segunda, es la competencia política y el orden político, que dificulta el surgimiento de propuestas políticas alternativas, Antioquia es el departamento con el mayor registro de víctimas de organizaciones sindicales. El narcotráfico y esa relación profunda con el conflicto armado ocupa el tercer lugar; mientras que algunos rasgos de la cultura antioqueña como el autoritarismo, el machismo, la violencia como mecanismo legítimo de actuación, entre otras, son la cuarta razón. La quinta, es la ubicación geoestratégica del departamento.

“Son una serie de puntos en los que llamamos la atención y que ponemos a discusión de la sociedad, pero creo que será la investigación y la discusión pública la que nos lleve a validar, reforzar, ampliar o corregir alguno de estos factores explicativos que encontramos”, manifiesta el analista político.

Camino a la Paz total

Entre las recomendaciones de los ex miembros de la Comisión de la Verdad (disuelta en agosto de 2023 tras la entrega del Informe final), se destacan la necesidad de una estrategia de desarrollo territorial sostenible para la equidad y la paz territorial.

“Nosotros no estamos en una lógica de conflicto armado preponderantemente por política, tiene que ver con una dinámica que nos sumerge a todos en una extrema tensión de la dimensión económica, todas las relaciones familiares, laborales, etc., tienden a extremarse en el sentido de lo económico, y por lo tanto a los actores de la guerra misma se los consume la lógica económica. Esto es fundamental para entender las particularidades del conflicto actualmente y el rol del narcotráfico como motor en esa economía. No creo que estemos en un momento de buscar purezas políticas e ideológicas, sino de detener la guerra y de mirar también cómo damos ese cambio en el modelo económico, que nos permita transitar y sacar a los y las jóvenes tanto del campo como de la ciudad que producen coca o terminan vinculados a las estructuras de estas bandas, es fundamental, sin ese paso no vamos a avanzar, debemos hacerlo y abrazarlo bajo esa compresión de esa tensión de lo económico y lo político”, plantea Eloisa Vargas Moreno.

Estas reflexiones se dieron en el marco del Conversatorio Paz Territorial, aportes de la Comisión de la Verdad para la agenda de investigación urbano-regional en Colombia, realizado por la Facultad de Arquitectura de la UNAL Medellín y la Asociación Colombiana de Investigadores Urbano – Regionales, realizado el pasado 2 de marzo de 2023.

La Directora de la Escuela de Planeación Urbano-Regional, de la Facultad de Arquitectura, Sully María Quinchía Roldán, explica que el encuentro tenía la intencionalidad de buscar “la comprensión de primera mano de las realidades de las regiones, las características frente a lo que eso implica para la planeación y el ordenamiento de los territorios en Colombia, además de una reflexión para actualizar la praxis de la planificación territorial y ponerla a tono con las realidades y necesidades de las distintas regiones”.

(FIN/JRDP)

6 de marzo de 2023