Académicos exponen las implicaciones ante la posible implementación de tres tributos para atender la crisis de seguridad que se vive en el Catatumbo, pero llaman la atención sobre la necesidad de mantener informados a los colombianos sobre cómo se utilizan los impuestos. También, hacen un llamado para que los ciudadanos se mantengan vigilantes de la ejecución de los recursos públicos.

Miles de personas han sido desplazadas en el Catatumbo por el conflicto entre el ELN y las disidencias de las FARC. Foto de Hoy Diario del Magdalena.

Durante 90 días, y en el marco del estado de conmoción, el Gobierno colombiano espera recaudar 1 billón de pesos para atender la crisis generada por el conflicto en el Catatumbo, a través de un mecanismo que plantea tres tributos.

El primero es el Impuesto al Valor Agregado (IVA) a juegos de azar, con el cual se espera recaudar 519.000 millones de pesos; el segundo es la contribución especial del 1% a exportaciones de petróleo y carbón, con el que se busca obtener 214.000 millones, y el último es el impuesto de timbre, que grava diferentes bienes y servicios que suministra el Estado, y con el cual se plantea reunir 330.000 millones.

Estas medidas han dado reacciones como la de la Asociación Colombiana de Minería que, mediante comunicado titulado “El costo de la falta de previsión: más impuestos y menos estabilidad económica”, expresa que la crisis no es nueva, que se ha advertido sobre el “deterioro del orden público, la pérdida de control territorial y el avance de grupos ilegales”. Así mismo, la entidad hizo un llamado para el diseño de estrategias de seguridad y financiamiento público estructural y sostenible en el tiempo.

¿Son viables los impuestos?

Para Camilo Ignacio Coronado Ramírez, profesor del Departamento de Economía de la Facultad de Ciencias Humanas y Económicas de la UNAL Medellín, dadas las dificultades que ha tenido el Gobierno para hacer el recaudo tributario a tiempo, las medidas que se tomen en términos económicos y tributarios “están bajo sospecha”.

Lo menciona porque, “llevar el desarrollo a las regiones debe ser permanente, no una situación coyuntural y la crisis del Catatumbo no obedece a eso. El Gobierno tiene un presupuesto y unas directrices que debe poner en marcha y ejecutar, lo que pasa es que, lamentablemente, la opinión pública está decepcionada por los escándalos de corrupción y, como ciudadanos, se tiene el derecho de estar prevenidos frente a la intención de elevar los impuestos bajo cualquier pretexto y con efectos negativos sobre la economía”. En ese sentido, el docente considera que la crisis del Catatumbo se puede solucionar con presupuesto existente.

Por su parte, Andrés Felipe Perdomo Giorgi, profesor del Departamento de Derecho Fiscal de la Universidad Externado de Colombia, comenta que no existe realmente una situación permanente de inseguridad que se ha intensificado, sino que realmente existe un cambio abrupto de las circunstancias que generan dificultades humanitarias.

En este contexto, señala que crear impuestos es un mecanismo al que la Presidencia puede acudir en condiciones excepcionales como la actual. No obstante, dice, a diferencia del Congreso, hay una delimitación específica como parte del marco constitucional y en esa medida considera viables las estrategias, aunque, reflexiona, los tributos o estas decisiones no pueden ser tomadas como únicas medidas: “Este tipo de estrategias siempre necesitan de una visión y una implementación mucho más integral, con un plan de concientización de la gente, de los ciudadanos, sobre el problema que subyace en este tipo de municipios y lo que está ocurriendo allí; un verdadero acto y estrategia de comunicación y sensibilización en estos aspectos y de la importancia de contribuir en estas nuevas formas de tributación que van a ser temporales”.

Impactos

Para Claudia Cristina Medina Palacios, profesora del Departamento de Economía de la Universidad de Antioquia, las medidas no serán suficientes a mediano plazo, por lo que considera importante pensar en estrategias de mediano y largo plazo para controlar situaciones sociales y de orden público.

Los ciudadanos que requieran de trámites de pasaporte o compraventa de vivienda pueden notar el aumento en los valores, así como, por ejemplo, el galón de petróleo incrementaría su precio, de acuerdo con la docente Medina Palacios. No obstante, destaca que los tributos temporales no incidirán en la cantidad transada del combustible, dado que ese mercado está dominado por otros países.

Acerca de las apuestas, la académica menciona que un posible efecto es que disminuya la base gravable, que es la cantidad estimada por el Gobierno sobre la cual recaudar sus impuestos, pues es factible que se reduzca la demanda de apuestas e incremente el precio, así como existe el riesgo de que se aumenten los juegos de azar por canales ilegales.

Hay, según ella, otros impactos que son positivos y que, en este caso, son de índole social que inciden sobre lo económico, porque con los impuestos se previenen situaciones de pobreza extrema.

Retos

Entre los desafíos que implicaría la implementación de los impuestos, de acuerdo con el docente Perdomo Giorgi, está un análisis de la Corte Constitucional con respecto del decreto de conmoción interior, que supone una revisión de las estadísticas de la Presidencia, de la Unidad para las Víctimas y, en general, de entidades con información relacionada.

Otro reto es se establezcan los tributos en relación mediata e inmediata con el decreto matriz de conmoción interior a fin de que se puedan atacar las causas que dan origen a la situación y mitigar sus efectos, los cuales pueden ser reparación, atención hospitalaria y asistencia humanitaria en general.

“Parte de la base de la atención humanitaria lo pueden ser, en este caso, los descuentos otorgados en materia de impuestos sobre la renta para los establecimientos que se encuentran en el Registro Nacional de Turismo y que puedan atender esa crisis de desplazamiento forzado que ocurre en la zona”, ejemplifica.

Para él, en general, “hay retos a nivel jurídico, de justificación, a nivel particular, para que no se desconozca, por ejemplo, el principio de legalidad. Los nuevos tributos que se establezcan tienen que comprender todos los elementos del hecho generador, no puede haber normas que no sean claras o que no brinden seguridad jurídica acerca de cómo se van a materializar”.

La vigilancia a la implementación de los recursos es otro desafío, según la profesora Medina Palacios, así como de la adjudicación de contratos para minimizar riesgos de corrupción y de seguimiento de transacciones electrónicas para que no se dé un subreporte a la hora de cobrar los impuestos.

En general, como han informado medios de comunicación, hay temor de que los impuestos temporales se pueden volver permanentes. El profesor Coronado Ramírez trae a colación el impuesto del 4X100, que comenzó siendo temporal y que, a pesar de que gobiernos como el de Juan Manuel Santos Calderón han intentado congelarlo, sigue vigente, según él, porque “hay una adicción del Estado al gigantismo”. Para él, el país vive actualmente un momento en el cual se debe reflexionar sobre la estabilidad de las instituciones, la independencia de poderes y la dirección del Estado.

(FIN/KGG)

10 de febrero de 2024