El país está estrenando su política pública de inteligencia artificial (IA) con la cual busca generar capacidades para su investigación, desarrollo, adopción y uso ético y sostenible, con el fin de aprovechar las oportunidades que esta tecnología representa y superar algunos desafíos en los ámbitos económico, social y ambiental. Si bien hay avances, a académicos e investigadores les preocupa la vulneración de derechos al ampliar las brechas y las inequidades existentes en Colombia.

La Política Nacional de Inteligencia Artificial fue aprobada el 15 de febrero de 2025. Foto cortesía.

De acuerdo con el Gobierno Nacional, la nueva Política Nacional de Inteligencia Artificial busca promover el desarrollo y la adopción ética y responsable de la IA en Colombia. En esta se abordan los beneficios, los riesgos y las oportunidades de su uso y adopción, alineados con las prioridades y necesidades del país para potenciar la transformación y maximizar beneficios en sectores como salud, educación, energía y medioambiente.

Sin embargo, aunque también busca evitar la vulneración de derechos e impedir la ampliación de brechas e inequidades, es precisamente el aumento de las desigualdades existentes en el país uno de los desafíos sociales más importantes asociados a esta nueva política, según académicos de la UNAL Medellín.

“La inteligencia artificial ha creado dos bandos desbalanceados en los países. Los que crean IA propia, como Estados Unidos, China y algunos países de Europa como Francia, y el resto de naciones que no producimos inteligencia artificial pura, es decir, que no desarrollamos estos grandes modelos de lenguaje, pero que sí usamos y hacemos ajustes para resolver tareas particulares”, explica John Robert Ballesteros Parra, director del Área Curricular de Sistemas e Informática de la Especialización en Inteligencia Artificial de la Universidad Nacional de Colombia Sede Medellín.

Si bien Colombia no es un país potencia ni desarrollador de IA, esta discusión que ha planteado la política es muy positiva para la nación, independiente de que solo seamos consumidores de esta tecnología, manifiesta Carlos Alberto Zárate Yepes, profesor asociado de la Facultad de Minas, adscrito al Departamento de Geociencias y Medio Ambiente.

“Aunque hay diversos documentos que se refieren a la inteligencia artificial, no teníamos en específico una política pública que nos dijera cuál es el deber ser y la tendencia a mediano y largo plazo. Una política pública puede enfocar los desarrollos normativos y las acciones que se puedan implementar en Colombia hacia un mismo objetivo, unas mismas metas y estrategias. Este es un primer nivel de política pública que, en la medida en que se avance en su ejecución puede ser evaluado e incluso ajustado”, señala Zárate doctor en Derecho.

Según la Hoja de Ruta de la IA en Colombia, CONPES de Inteligencia Artificial, se busca convertir la IA en una herramienta clave para el desarrollo sostenible y la transformación social y económica de Colombia a través de 106 acciones concretas para alcanzar una gobernanza en IA, con roles y responsabilidades específicas para su progreso, uso y supervisión, asegurando que su implementación sea ética y beneficie a todos los ciudadanos.

Para el profesor John Ballesteros del Departamento de Ciencias de la Computación y de la Decisión de la Facultad de Minas, la adopción de la inteligencia artificial trae consigo beneficios como incentivar la modernización de todos los sectores en este aspecto, “pues no hay un sector donde no se pudiese usar la IA”, esto traería como consecuencia el mejoramiento de la eficiencia y la competitividad de los procesos, a través de la integración de su uso y de una digitalización temprana de la información.

“Pero a su vez esto trae como desafíos superar la resistencia al cambio que tienen las organizaciones, incluso en el mismo sector público y en el privado, garantizando de esta manera que las entidades públicas y privadas, incluso la sociedad, cuenten con los recursos y conocimientos necesarios para adoptar estas tecnologías. La implementación efectiva del CONPES 4144 representaría una oportunidad muy significativa para que Colombia no se quede atrás en este campo y aprovechar los beneficios asociados al uso de la implementación de la inteligencia artificial”, comenta.

El desarrollo del documento CONPES (Consejo Nacional de Política Económica y Social) 4144 como se le conoce a la Política Nacional de Inteligencia Artificial, fue liderado por el Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones, el Ministerio de Ciencia y el Departamento de Planeación Nacional, con el apoyo de los ministerios de Comercio, Educación y Trabajo y el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República.

Líneas de acción

La política cuenta con un enfoque multisectorial e interinstitucional y está basada en seis ejes estratégicos:

1. Fortalecer la gobernanza y la ética en los sistemas de IA para asegurar su uso responsable.
2. Mejorar la infraestructura tecnológica y la gestión de datos para apoyar el desarrollo de la IA.
3. Impulsar la investigación y la innovación en IA para generar conocimiento y beneficios económicos y sociales.
4. Desarrollar capacidades y talento en IA para impulsar el desarrollo personal y la productividad.
5. Definir medidas para identificar y mitigar riesgos asociados con la IA, evitando inequidades y vulneraciones de derechos.
6. Impulsar la adopción de la IA en entidades públicas, empresas y territorios para contribuir al bienestar social, económico y ambiental del país. El periodo de implementación que se propone para esta política es 2025-2030.

Estos seis elementos clave acarrean tanto beneficios como retos, según John Ballesteros. En primer lugar, para el docente, es necesario garantizar el marco normativo que promueva el uso responsable de la IA, protegiendo los derechos de los ciudadanos y fomentando la confianza en esta tecnología nueva. Esto genera desafíos como una regulación equilibrada con la protección de los derechos para evitar, por ejemplo, que se salten los límites éticos y de gobernanza.

“Un beneficio sería la mejora en la calidad y la accesibilidad de datos para que las empresas y personas puedan crear sus nuevos modelos de IA, pues esta se crea con información y necesita ejemplos. Tener esos datos compartidos, disponibles, frescos y verídicos es fundamental para generar modelos efectivos y representativos que respondan a nuestra diversidad poblacional, con los problemas geosociodemográficos que tenemos. El reto es cómo superar ese desbalance de datos, esa falta de representatividad de algunos niveles poblacionales o de género, hay que garantizar una inversión en infraestructura tecnológica adecuada y en la disponibilidad de sus datos”, señala.

Para el caso de la investigación y el desarrollo, una de las ventajas de la Política es el fomento a la creación de soluciones innovadoras para mejorar la competitividad. “Hemos visto que la IA permite multiplicar por 10 la simulación y disminuir por 10 el tiempo de desarrollo en medicina, la ejecución de mapas, el diseño de software, entre otros. Este beneficio trae el desafío de asegurar el financiamiento a largo plazo de nuevas compañías y seguir creando sinergias entre los sectores académico, público, privado y la sociedad para impulsar proyectos de ese tipo”, añade Ballesteros Parra.

De otro lado, el desarrollo del talento digital de las personas traería a favor el aumento de la fuerza trabajadora capacitada para enfrentar los desafíos del mercado laboral relacionados con la IA y la promoción de su apropiación social. “Pero, a su vez, implica la actualización constante, más flexible y en menor tiempo de los programas educativos en las universidades para acomodar esos currículos y darles el entrenamiento apropiado a nuestros estudiantes, garantizando el acceso equitativo a este tema, tanto en las universidades públicas como en las universidades privadas, y en las distintas regiones del país”, complementa el doctor en Informática.

El primer borrador del documento fue presentado en agosto de 2024 y se le realizaron más de 1.000 observaciones y propuestas en temas clave para la consolidación de la política de IA como: el enfoque territorial; inclusión de diversos grupos poblacionales; énfasis en sectores como agricultura, salud y energía; tratamiento de información falsa y contenido engañoso; equidad de género en la gobernanza de la IA y el impacto ambiental de esta tecnología, según el Departamento de Planeación Nacional (DNP).

Los riesgos para el país

En relación con la mitigación de riesgos, uno de los beneficios de la nueva Política es que contempla la protección a la sociedad de posibles ciberataques, deepfakes (creación de audio, imágenes y videos falsos) y otros impactos negativos de la IA, recalca Ballesteros, magíster en Geoinformática.

“Esto permitiría asegurar que la implementación de la IA respete los derechos fundamentales, la participación en política y la democracia, a su vez que promueve la confianza pública. El desafío aquí es identificar y evaluar de manera rápida y efectiva los riesgos, incluso los que hoy no se pueden ver, desarrollando estrategias de mitigación que se adapten muy rápido, la velocidad de respuesta es muy importante debido a la forma en que avanza la IA”.

Con respecto a lo anterior, Carlos Alberto Zárate Yepes, director del Grupo de Investigación en Política, Legislación y Gestión Ambiental (Polygesta) de la UNAL Medellín, señala que el Documento CONPES 4144 es muy sincero con respecto al tema de los riesgos de uso de la IA en el país.

“Nos dice que estamos avanzando, pero que aún nos falta mucho si nos comparamos con el resto del mundo y con América Latina. Hay un tema en el cual estamos absolutamente deficitarios y es en la regulación tanto a nivel de política como a nivel de norma de los riesgos que puede implicar el desarrollo de la IA. Creo que, en el futuro, en un segundo nivel, vamos a tener que asumir para Colombia su manejo y gestión para reducir riesgos en temas como la discriminación o exclusión a las comunidades afro o indígenas. Sobre eso tiene que haber un control, un organismo nacional aliado o en armonía con organismos internacionales para que eso no suceda”, enfatiza el abogado Carlos Zárate.

Brechas multiplicadas por 10

Ambos académicos recalcan que estas brechas vienen desde antes, entre ellas se cuentan la conexión a energía eléctrica y el acceso a Internet, a los equipos adecuados y al conocimiento que permita tanto el uso de la IA como la apropiación de la política pública. Las anteriores son dificultades considerables que persisten en diversas regiones del país si se tiene en cuenta el ritmo acelerado en el que avanza la inteligencia artificial.

“Según los científicos productores de este conocimiento, en los procesos donde se puedan implementar tecnologías basadas en IA se reducen los tiempos hasta 10 veces o se aumenta la velocidad de producción 10 veces, lo cual es muy grave, porque si antes estábamos atrasados, ahora esas brechas se pueden multiplicar por 10 en aquellos territorios donde no hay data, donde no hay acceso a Internet, donde no hay electricidad, donde va a haber un retraso todavía mayor. De manera que llegar rápidamente allá a tratar de equilibrar eso es clave, debería ser el objetivo fundamental”, complementa el profesor de la UNAL Medellín y doctor en Informática John Ballesteros.

En términos generales, esta política propone un marco de trabajo que permite generar estándares, cooperación, hacer networking, definir temas éticos y una regulación entre el Estado, las universidades, las empresas y la sociedad. Para el caso de las universidades, especialmente las públicas, este documento CONPES trae consigo varias misiones que, a su vez, son beneficios y hacen parte del ADN de las Instituciones de Educación Superior, como la participación en primera línea del I+D+i (Investigación, Desarrollo e Innovación), el apoyo en la producción de datos e infraestructura general y en la ejecución de las acciones relacionadas con la política, además de la formación integral de los ciudadanos para el uso y la apropiación de la IA.

(FIN/JRDP)

31 de marzo de 2024