Por supuesta complicidad policial la Procuraduría inició una investigación. Foto: Santiago Saldarriaga Quintero / El Tiempo. Tomada de cutt.ly/inxFlMu

Analistas coinciden en que son los principales riesgos que se han hecho más visibles en el escenario del paro nacional y que para permitir su uso se debe tener en cuenta el contexto colombiano de conflicto. El debate sobre la tenencia y porte de armas se reavivó a causa de videos que muestran a civiles disparando durante las protestas y en presencia de policías.

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“Lo primero que les quiero mostrar es el arma que estaba utilizando, un arma no letal, traumática, de fogueo. Este es el proveedor, acá están las balas, la recargo. Son de pistola traumática, y el registro de importación de la DIAN. Esta es mi factura de compra”, dijo Andrés Escobar en un video que circuló en redes sociales a través del cual dio su versión acerca del porqué él, un civil, disparó en el barrio Ciudad Jardín en Cali en medio de manifestaciones.

Aseguró que lo hizo para defender propiedades privadas y un CAI de “los vándalos” que estaban “reduciendo a la fuerza pública” y que fue creado “un grupo para defender la comuna 22”. Antes la minga también fue atacada por civiles armados. Los hechos han preocupado a organismos defensores de derechos humanos tanto en Colombia como en el mundo.

Lo ocurrido, además, ha invitado a reflexionar sobre la tenencia de armas en el país, aun cuando, con anterioridad, la senadora del Centro Democrático María Fernanda Cabal radicó un proyecto de ley que busca regular el porte de ellas.

Para Carlos Medina Gallego, profesor del Departamento de Ciencia Política de la UNAL Bogotá e integrante del Grupo de Investigación en Seguridad y Defensa de la misma institución, “no puede existir una ruta buena y clara que evite el ejercicio de la violencia cuando se arma a la población”.

La formación del Estado, agrega, se hizo para el ejercicio monopólico de la fuerza, la justicia y el poder político: “Uno cree que se le entregan las armas para que salvaguarde a la Nación. No se puede declarar fallido o incapaz diciendo que como no se puede hacer cobertura a todo el territorio para evitar los conflictos, entonces se permite que la gente se defiende y porte armas y se mate entre ella”.

Letalidad o no, en la discusión

Néstor Rosanía, director del Centro de Estudios en Seguridad y Paz, explica que las armas se dividen en cuatro categorías: de acompañamiento, que son fusiles, granadas, morteros, todo lo que se utiliza en la guerra. Otras son las cortas y ligeras: revólveres y pistolas. Las no letales: taser, gas pimienta y armas de fogueo o traumáticas, como son llamadas ahora. Las últimas son cortas, aquellas artesanales como las que se fabrican en los barrios para combos y pandillas.

Expone que aunque las armas de fogueo no son letales, sí pueden llegar a serlo si se les modifican sus partes. Afirma que la legislación existente en Colombia aplica, en teoría, solo para las armas de acompañamiento. Para las cortas y ligeras hay regulación con respecto a la tenencia, lo cual no quiere decir que se puedan portar en las calles. Acerca de las traumáticas, la venta se hace incluso en tiendas de centros comerciales, y estas también pueden estar asociadas a deportes como Paintball.

En Colombia, como recoge el diario La República en un artículo, según el Departamento de Control de Comercio de Armas, hay 191.172 personas naturales con permiso de tenencia. Los departamentos donde más se concentran son Cundinamarca, Valle del Cauca y Antioquia.

Rafael Guarín, consejero Presidencial para la Seguridad Nacional, dijo a través de Twitter que las armas de fuego y las de fogueo son similares en sus características físicas, que el funcionamiento de ambas emplea el mismo principio y que es “indispensable regular las armas traumáticas”. Expresó, adicionalmente, que la Consejería Presidencial de Seguridad Nacional ha propuesto al Ministerio de Defensa que técnicamente se consideren como armas de fuego.

La relación entre este tipo de armas y los derechos humanos es compleja, según la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, que indica que “mientras las de fuego cumplen una función importante en las operaciones militares y de las fuerzas del orden para la protección de los derechos humanos y la seguridad, también las utiliza con frecuencia para violar estos derechos”. Asimismo, que los homicidios también afectan a la juventud “en niveles desproporcionadamente altos. A nivel mundial grupos etarios de entre 15 y 29 años, y 20 y 44 años representan la gran mayoría de los casos”.

Analizar el contexto

Hay organizaciones o grupos como la Asociación Nacional del Rifle de los Estados Unidos que consideran que poseer y tener cerca un arma debería ser un derecho, y ese, según John Fredy Ríos Agudelo, docente de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Antioquia, fue uno de los argumentos que se citó en la exposición de motivos del proyecto de Ley radicado por la senadora Cabal. Sin embargo, para él lo fundamental es tener en cuenta el contexto nacional.

Lo dice “no solo porque se haya inflado la situación durante este mes de paro, sino porque ha sido el histórico de nuestro país. Entre los años 80 y 90 tuvimos la tasa más alta de homicidios en el mundo por la violencia urbana a causa del narcotráfico, pero tenemos la rural desde los años 20 del siglo pasado”. En lo que él sí cree es en el fortalecimiento de las instituciones que prestan servicios de seguridad, investigaciones y justicia.

Por su parte, Rosanía considera importante indagar realmente a quién le interesa permitir el uso de armas, pues Colombia es uno de las naciones que más las recibe del mercado negro, lo que, dice, está relacionado con que sea el primer productor de cocaína a nivel mundial.

Se agravaría la violencia y se haría visible el paramilitarismo en las urbes

Para Ríos Agudelo, una gran preocupación que deja la situación actual es que “no solo (en los videos) se han visto armas de fogueo sino otras de letalidad. En Cali, especialmente, ha habido gente que ha salido con subametralladoras y fusiles, que son de muy difícil acceso; una persona civil no tendría porqué tener una de ese calibre”.

A esa inquietud se suma la declaración que hizo Andrés Escobar sobre la creación de “un grupo para defender la comuna 22”. En este caso, explica, se estaría incurriendo en el delito de concierto para delinquir, como plantea que también lo podrían estar haciendo policías que presenciaron los hechos.

La discusión de fondo, expone, es que particulares hagan uso legítimo de la fuerza pública que solo lo tiene el Estado. Lo que se ha notado, sobre todo en casos como los de Cali, “es una comunión entre civil y Estado en pro de la seguridad, lo que se asemeja al fenómeno paramilitar sufrido en Colombia entre los años 1990 y 2005”.

El argumento de quienes respaldan la decisión del uso de armas es la defensa personal o de la propiedad privada. Ambas son válidas cuando, por ejemplo, el ataque es “inminente”, explica el profesor. Entonces, continúa, para defender esas posiciones “se deben tener en cuenta ciertas cuestiones” y por lo que sucede, cree “que se está malinterpretando o excediendo la facultad que da el Estado de la legítima defensa, y que bajo el argumento de buscar la seguridad de la comunidad, se están generando factores de criminalidad y agravando la violencia”.

Según Rosanía, “es un sofisma pensar que más armas en la calle generan más seguridad, por lo contrario, aumentan los factores de riesgo de lesiones personales y homicidio”. Así, afirma, lo han demostrado estudios internacionales. A su criterio, otro aspecto que se debe tener presente es el grado de intolerancia, que “es altísimo. La gente armada no va a dudar en salir a disparar”.

Acerca de lo que cree puede seguir, añade, es un gran debate en el Congreso frente al porte de armas, a lo que se le quiere quitar restricción, dado que hoy la tenencia es permitida. Si bien ya se conocen posiciones de varios senadores, considera que el caso de Cali exacerba los argumentos para pensar el tema.

“Hablo desde el corazón y el anhelo: ojalá esto se pueda frenar porque si no sería mucho más complejo en un país tan difícil como este tener gente armada”, dice. Lo peligroso, lamenta, es que en Colombia se ha naturalizado la violencia. “Desde la razón” cree posible que el proyecto de Ley pase, dado que hay mayorías del lado del cual se hace la propuesta.

Finalmente, el profesor Medina Gallego expone que el análisis debe tener más trasfondo, dado que son varios los problemas estructurales también en la Policía y su funcionamiento: “Como se le perdió el miedo a la autoridad y a esa institución, y a la fuerza de las armas, el temor se trasladó a ella. Ese un componente nuevo. La Policía está atemorizada y cuando lo está lo que hace es actuar de manera desbordada con el ejercicio de la fuerza”. En esa medida, cree que hay que revisar “las reformas necesarias” e incluir la reflexión en el debate.

(FIN/KGG)

8 de junio de 2021