A medida que pasa el tiempo, la educación superior ha sufrido transformaciones y reveses. En Colombia, ha estado abocada a paradojas y a un común denominador, la falta de financiación. ¿Cuál debería ser la premisa que rija su senda y cuáles desafíos son urgentes asumir? Académicos analizan el tema y sugieren que la educación superior debe tener un foco mucho más profundo que pensarse como una simple capacitación.

La calidad y la cobertura ha sido uno de los principales retos. Fotos de Unimedios.

“Universitas” es una palabra que acoge las posibilidades de conocimiento, de aprendizaje, y es por ello que las universidades se han constituido como templos del saber, una idea que se ha ido consolidando aproximadamente desde el año 800. El primer centro de educación superior, reconocido por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), fue la Universidad de al-Qarawiyyin, fundada en el 859 en Marruecos.

En occidente, las universidades adoptaron una estructura que obedecía al monopolio de la iglesia, concretamente del catolicismo, cuyo ejercicio de producción de conocimiento estuvo a cargo de monjes y sacerdotes, desde la perspectiva escolástica, cuyo método teológico-filosófico trataba de armonizar la fe con la razón. La universidad tendría una transformación hacia el siglo XVI con el movimiento europeo cultural y religioso generado en el Renacimiento y la Reforma Protestante.

A partir de ese momento se consolidó la perspectiva científica, que dio importancia a la racionalidad y la evidencia científica en la vida universitaria, según el profesor Wilson Bolívar Buriticá, decano de la Facultad de Educación de la Universidad de Antioquia, quien  aduce que fue después de la Segunda Guerra Mundial cuando las instituciones de educación superior empezaron a acoger otro tipo de saberes y visiones influenciadas por las perspectivas posmodernas que permitieron nuevas formas de conocimiento, no solo fundamentada en la racionalidad de occidente, incluso algunas alejadas de las lógicas coloniales.

En evolución

Como concepto, universidad ha variado su significado a la par de los factores económicos, sociales y políticos en los que ha estado inmersa. En torno a los procesos educativos se han dado cambios de vieja data.

En Colombia, y hasta la década del 30, la universidad se caracterizó por ser conservadora. Sin embargo, las reformas del Gobierno de Alfonso López Pumarejo tuvieron relevancia para la transformación de la academia con sentido crítico y científico, buscando una universidad laica, científica y autónoma comprometida con la realidad del país, según Bolívar Buriticá.

En los años 40 hubo dificultades en el establecimiento de políticas públicas claras con propósitos de modernización y dinamización, de lo cual estuvo ausente la educación. Durante el periodo de La Violencia, más que políticas educativas, los gobiernos se enfocaron en crear “aparatos burocráticos para modernizar el sector educativo”, como indica Carlos Alberto Molina Rodríguez en su tesis doctoral en Ciencias de la Educación de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, publicada en el 2013 desde una perspectiva histórica.

Fue apenas en la década del 50 que en América Latina y en Colombia se comenzó a pensar en la planificación del campo educativo, según el artículo “Políticas educativas en la educación superior: 1952 - 1992” de Absalón Jiménez y Helwar Figueroa, publicado en la Revista Colombiana de Educación.

Más adelante, durante la década del 60, con la Guerra Fría, dos sectores que se tomaron el mundo querían extender sus dominios y, en ese sentido, la educación se convirtió en un sector de “apetencia para aplicar las políticas que evitarían que el otro sector de la contienda invadiera terrenos en disputa”, añade Molina Rodríguez en su documento y cita una propuesta, la de Boaventura de Sousa, que establece la relación entre tres formas de capitalismo y de crisis que la han afectado: hegemonía, legitimidad e institucionalidad, “que afectan y son el resultado de las tareas que la sociedad ha depositado en la universidad; en especial, cuando a partir de la mitad de siglo la universidad abandonó su ‘torre de marfil’ y se dedicó a construir y a reconstruir el conocimiento en pos del mercado laboral”.

En Colombia, la década de los 60 también trajo cambios. De acuerdo con el docente Bolívar Buriticá, los movimientos de izquierda en el país generaron una corriente intelectual que llevó a la universidad a generar pensamiento crítico como eje sobre el cual se fundamentó su producción de conocimiento, además de involucrarlas como parte activa de las beligerancias y las transformaciones sociales profundas que el país reclamaba.

Una última fase relevante, menciona, es la de la década del 90, cuando se establece la libertad de pensamiento y de cátedra con la Constitución de 1991, fortaleciéndose también el principio de la autonomía universitaria. A partir de ahí se dio “un ímpetu reformista” para las universidades, con la Ley 30, como la norma más relevante.

La educación superior en Colombia, atravesada por la Ley 30

Desde su expedición en 1992, la Ley 30 no se ha modificado. No obstante, ha habido cambios normativos en el marco de la educación superior que la han afectado. En 2002, mediante decretos gubernamentales y normas asociadas a asuntos laborales y cambios en el Presupuesto General de la Nación, se introdujeron artículos que la cambiaban, de acuerdo con el vicerrector general de la UNAL, Andrés Felipe Mora Cortés. Un caso particular que refiere el académico es el de la Ley 789 de 2002, asociada a una reforma laboral y que incorporó un artículo que considera a los estudiantes del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) como de educación superior.

Ese hecho generó una gran transformación, “porque por ese camino lo que se intentaba era fortalecer los estudios de formación para el trabajo técnicos y tecnológicos, considerándolos como de educación superior. Esto, por ejemplo, tiene una consecuencia muy importante a lo largo del tiempo y es que, a partir de esta idea, surge la consolidación de sistemas de educación terciaria y se empieza a considerar que la finalidad más importante de la educación superior, más allá de todas las funciones misionales y de su vínculo con la ciencia y la tecnología, era formar y capacitar para el trabajo, adicionalmente, en el marco de una masificación a bajo costo”, explica.

En 2011, el Gobierno de Juan Manuel Santos planteó una reforma integral a la norma, lo que produjo movilización social en contra de los fundamentos y objetivos de su propuesta. Esto explicó el surgimiento de la Mesa Amplia Nacional de Estudiantes (MANE), que presentó alternativas, según el profesor, quien menciona que la respuesta del Gobierno fue promover la modificación del sistema de educación superior por otros medios.

Eso, dice, ha sido clave para el aseguramiento de la calidad que se ha hecho con el desarrollo de líneas generales planteadas en la Ley 30; pero, reitera, a partir de decretos gubernamentales, documentos CONPES y normas como la del Presupuesto General de la Nación, se han incluido aspectos que llevan al fortalecimiento del Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior (Icetex) con financiamiento o la creación del programa Ser Pilo Paga o Generación E, “que generaron impactos muy grandes en la educación del país en perspectivas de privatización y de generación de endeudamiento”.

En el Plan Nacional de Desarrollo, el actual Gobierno estableció una reforma integral a la Ley 30 que inicia con la reforma a los artículos 86 y 87, dado que el cambio total es complejo y hay puntos en los que no existen acuerdos ni claridad. Por ahora, lo más sensato, considera Mora Cortés, es avanzar en una reforma de los aspectos presupuestales, sobre los que hay “un relativo consenso”.

Las tensiones, muy diversas

Precisamente, para el vicerrector de la UNAL, el desafío financiero es una gran dificultad y se requiere que en Colombia se pase del 0,54% al 1% del Producto Interno Bruto (PIB) para invertir en educación superior, lo que considera fundamental para avanzar hacia la garantía de ese derecho, así como en subsidio a la oferta.

Por otro lado, la disminución de la población joven es un tema que ha ido cobrando importancia en el país, lo que ha implicado una baja en la asistencia a la universidad y es posible que en los próximos años se registre una situación más crítica al respecto, de acuerdo con Cecilia Dimaté Rodríguez, decana de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Externado de Colombia. Para ella también es preocupante el desinterés por la educación formal institucional, producto de la proliferación de cursos cortos de desarrollo de habilidades y competencias para el trabajo.

Entre las tensiones también aparece la obligación que tienen las IES para cumplir con los procesos de acreditación y evaluación de la calidad de sus programas. Esta práctica, que se viene realizando desde hace más de 30 años, de acuerdo con Bolívar Buriticá, implica exigencias de los gobiernos para mejorar la calidad mediante el fortalecimiento de la investigación, talento humano con alta formación académica e inversiones en infraestructura; sin embargo, no se transfieren los recursos financieros acordes con las exigencias que el sistema exige. Por ejemplo, el Decreto 1279 de 2002 reconoce la productividad de los profesores en las universidades públicas, pero los recursos transferidos para este reconocimiento no son suficientes.

Para él, otra “vieja tensión” es la de calidad y cobertura, cuyo aumento tiene implicaciones. Al igual que la calidad, la cobertura puede suplirse más fácilmente en zonas urbanas con condiciones aptas para la investigación y la infraestructura adecuada, por lo que en muchos casos la ruralidad queda excluida, salvo en el caso de universidades con apuestas regionales como la UNAL, la Universidad del Valle y la Universidad de Antioquia, por citar algunos ejemplos.

“Actualmente, en el Plan de Desarrollo el Gobierno Nacional tiene la intención de abrir en este cuatrienio 500.000 nuevos cupos, solamente hemos llegado a 60.000 y eso implica que estamos rezagados en esa meta. Ampliar cobertura, no es simplemente habilitar un salón de clase en un municipio alejado del territorio, es también proveer las condiciones de bienestar de los estudiantes, alimentación, biblioteca, recursos de bases de datos bibliográficas, infraestructura para la investigación, laboratorios, y todo eso tiene valor. El sistema Universitario requiere que se hagan inversiones importantes”, añade.

Dos de los retos son la flexibilización curricular para pensar una educación más pertinente y también recuperar la confianza en el sector privado sin que sea desatendido el público para ampliar la cobertura y la calidad. Se trata “de pensarnos como colectivo en este proceso, llama la atención la decana Dimaté Rodríguez.

En otro sentido, Óscar Domínguez González, director ejecutivo de la Asociación Colombiana de Universidades (Ascun), manifiesta que supone un reto pensar en cómo se desarrollará la política pública relacionada con asuntos como la formación docente o la laboral en instituciones de educación superior, cómo hacer renovación curricular y atender la pertinencia de los programas académicos.

¿Cómo debe pensarse la Universidad?

A nivel internacional, el concepto de universidad está pasando por una encrucijada al pensar en su pertinencia en el mundo contemporáneo. Hay corrientes que plantean que se debe redefinir. Para el docente Bolívar Buriticá, la universidad debe cumplir una función fundamental que es la de formar seres humanos con pensamiento crítico, con habilidades y destrezas para saber aplicar el conocimiento adquirido en la solución de problemas, con responsabilidad con la sociedad y un fuerte compromiso ético.

La Declaración de Valencia (resultado del Encuentro Internacional de Rectores 2023 en Valencia, España, en el que participaron más de 700 directivos de universidades) propone que la universidad sea concebida como innovadora, pertinente, necesaria y adaptada a las necesidades del mundo contemporáneo.

“Debemos mantener, conservar e impulsar la idea de que la educación superior es para la construcción del conocimiento de diferentes órdenes. Eso no lo podemos perder, porque es la que edifica el pensamiento que le aporta al desarrollo científico, al saber de las sociedades. La Universidad es generadora de transformación social, política y económica, y en ese caso se tiene que reconocer como un actor en la construcción de identidades y de ideas”, destaca el docente Bolívar Buriticá.

Ante todo, la finalidad de la educación superior debe pensarse con una visión para el cuidado de los seres vivos, con atención a “cómo debe responder a la crisis civilizatoria en términos del riesgo de la vida en el planeta. Eso significa que no estamos pensando solamente en certificaciones sino en cómo hacer investigación, desarrollar ciencia y tecnología”. Para él, las perspectivas en función exclusivamente del trabajo y el empleo significan transformarla en una política de adultez.

Destaca González Domínguez que la premisa debe continuar atendiendo a la investigación como salida a las diferentes dificultades que enfrenta la sociedad, y en impulsar la innovación y el emprendimiento, así como articularse con la dinámica de lo que en el mundo se está trabajando.

A propósito, la Conferencia Mundial de Educación Superior de la Unesco 2022 trazó una hoja de ruta cuya premisa es que la educación superior es parte integral del derecho a la educación y un bien público. En ella se revisaron normas, políticas, actores y estructuras, por lo que sugiere enfoques de aprendizaje flexibles, conocimientos orientados a las necesidades de la sociedad y poner la tecnología al servicio del aprendizaje y la investigación. Adicionalmente, estipuló cuatro principios para su transformación, que son: inclusión y diversidad; protección de la libertad académica; integridad y ética, y compromiso con la sostenibilidad y la responsabilidad social.

(FIN/KGG)

28 de abril de 2025