La reducción de fondos y contribuciones financieras a Naciones Unidas ha repercutido en esta determinación que afecta la atención a migrantes, refugiados y personas defensoras de derechos humanos en Colombia. Académicos advierten que esta situación compromete la protección en zonas vulnerables del país y resalta la necesidad de fortalecer la institucionalidad nacional frente a los desafíos de la movilidad humana.

Acnur ha atendido población tanto refugiada como migrante en Urabá. Foto de Unicef.org.

“La falta de fondos causa el cierre de tres oficinas de derechos humanos en Colombia”, anunció Naciones Unidas en un comunicado publicado en su sitio web a inicios de julio. Se trata de las oficinas en Neiva, Medellín y Villavicencio, que cubren ocho departamentos, las que dejarán de prestar sus servicios durante los próximos tres meses.

La decisión es consecuencia de la disminución de la capacidad de Naciones Unidas ante la crisis de liquidez de su presupuesto ordinario, que se ha reducido desde julio de 2023, y dada “la finalización o reducción significativa de contribuciones financieras de algunos donantes”, de acuerdo con la directora de Operaciones Globales de la Oficina, Maarit Kohonen Sheriff.

Para Mauricio Reyes Betancourt, profesor de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales de la UNAL Bogotá, el cierre de las oficinas es, también, un coletazo de la desfinanciación de Estados Unidos a programas de atención de migraciones que ya han perjudicado a agencias como ONU Sida, la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y el Fondo de Población de las Naciones Unidas.

El docente considera que “la desfinanciación de Estados Unidos a las Naciones Unidas y a sus corporaciones especializadas hace muy neurálgica la no colaboración de Estados Unidos en temas puntuales como la oficina de Apartado, que dependía de dineros especiales procedentes de esa cooperación”. Sin embargo, lamenta el cierre, no solo por un asunto de apoyo institucional, sino porque el caso de la Oficina de Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) implica un tema de presencia internacional que contribuye con mitigar “la conflictividad y las dificultades que se dan en una zona sin autoridades y sin Estado de Derecho, como ocurre en el Urabá”.

Los asuntos presupuestales han afectado también a la Organización de Estados Americanos (OEA) en lo relacionado con la defensa de derechos humanos, como lo expone María Teresa Palacios Sanabria, directora de Investigación de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad del Rosario. Si bien se trata de una preocupación global, explica que la situación afecta mucho más a los países en vía de desarrollo, como Colombia, que no tienen la solidez ni el apoyo de países europeos, como sí lo tienen los miembros de la OEA.

“Una luz de esperanza” que se apaga

En el territorio nacional, oficinas como la de Acnur representan “una luz de esperanza” para la población, en términos de atención humanitaria u orientación para las rutas de acceso a derechos o al restablecimiento socioeconómico, según la docente, quien considera que el cierre de sus oficinas en el país representa una gran pérdida para la cooperación internacional, en tanto que se ha consolidado como una organización con credibilidad.

Los cierres son motivo de preocupación, por ejemplo, en Urabá, donde la Oficina de Acnur estuvo durante unos 25 años. A su llegada al territorio, hacia el año 2000, se daba también allí una crisis de desplazamiento interno, por lo que su presencia también tuvo mucho que ver con la atención de la situación, retoma Reyes Betancourt.

En ese sentido, el profesor destaca la pertinencia de la Oficina, cuya función fue estratégica, dice él, para el mundo, por realizarse en un territorio desde el cual los refugiados buscaban tomar rutas hacia los dos pasos más complejos de América y del hemisferio occidental: Darién y Tapachula (cruce entre Centroamérica y México).

Riesgos inminentes

A través del comunicado, Kohonen Sheriff, directora de Operaciones Globales de la Oficina de Naciones Unidas, llamó la atención sobre algunos efectos que ya son tangibles, entre ellos, la reducción de la protección en zonas donde hay presencia de actores armados ilegales, los cuales constituyen amenaza y riesgo, sobre todo, para garantizar la protección de personas defensoras de derechos humanos, como lo advirtió la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

Dice el docente Reyes Betancourt que “la salida de Acnur genera otro problema y es que, con el cierre de fronteras más radicalizado que generó el presidente (Donald) Trump (de Estados Unidos) se está dando un fenómeno de regreso de migrantes, especialmente venezolanos y colombianos. Ese flujo, hoy en día, va a quedar mucho más desprotegido, pues ya conocemos que ese paso tiene muchos problemas de crimen organizado y de autoridades con ciertos niveles de corrupción. Sin la presencia de Acnur esas vulnerabilidades se van a acrecentar”, explica.

Esa también es una preocupación para la docente Palacios Sanabria: “Muchas de las personas que se encuentran dentro de estas diversas realidades de los flujos migratorios, claramente pueden encontrar desafíos en términos de protección”. Al respecto, plantea que la institucionalidad en el país debe prepararse, pues es posible que la población que queda desatendida busque soluciones acudiendo a delegados de las defensorías del Pueblo, a las personerías e, incluso, a las alcaldías o a otros servicios de la sociedad civil como los consejos noruego y danés para los refugiados.

Responsabilidades que debe asumir Colombia

El cierre de las oficinas de Acnur pone a la vista la discusión actual sobre la neutralidad política que deben generar las agencias especializadas de Naciones Unidas y la necesidad de que las agendas sean concertadas por los estados y las poblaciones y, eso, dice Reyes Betancourt, constituye un gran desafío.

Colombia debe establecer una estructura sólida e interna para personas refugiadas que no dependa de la cooperación internacional, que ha sido un eje importante sobre el cual ha reposado gran responsabilidad en la atención de personas y una manera de sacar adelante políticas sociales que son tareas pendientes del Estado, de acuerdo con la profesora Palacios Sanabria.

“Me preocupa profundamente cómo el Congreso de la República ha estado absolutamente distraído, dentro de esta legislatura actual y dentro de este periodo, con relación a todo lo que son las necesidades de atención de la población en protección internacional o de movilidad humana. No hemos logrado sacar una ley clara frente a los derechos de estas personas”, añade.

El comunicado con el que Naciones Unidas anunció el cierre de tres oficinas en Colombia destaca recomendaciones que incluyen el Informe Final elaborado por la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición. Entre ellas están: implementar el Acuerdo de Paz, instar a la Jurisdicción Especial para la Paz a incluir proyectos restaurativos que atiendan propuestas de las víctimas; reformar tanto el sistema de protección de para defensores de derechos humanos, como la Policía Nacional y la legislación sobre inteligencia a fin de ajustarla a estándares internacionales de derechos humanos.

En la presentación del informe final de Naciones Unidas sobre Colombia, Kohonen Sheriff manifestó el compromiso para continuar trabajando con instituciones colombianas en cooperación técnica y acompañamiento estratégico.

Lo sucedido es un llamado a las gobernaciones del país para que tomen acciones que generen soluciones y alternativas a las personas y es una muestra del contraste que ha tenido el funcionamiento de oficinas como las de la Acnur con el de la institucionalidad, como Migración Colombia. “Esto es un elemento adicional que nos puede generar una preocupación grande frente a la orientación y, sobre todo, a la atención humanitaria”.

(FIN/KGG)

14 de julio de 2025