Los principales cultivadores de hoja coca en América Latina son Colombia, Perú y Bolivia y algunas regiones amazónicas. Foto tomada de https://pixabay.com/.

Cocaína triturada, arena, cemento, un aditivo acelerante para el endurecimiento, escombros y otros materiales inertes, hacen parte de la receta en la que esta droga (que puede llegar a ser letal), termina encapsulada al interior de una mezcla tan sólida, que es útil para la construcción de bloques, edificaciones e incluso vías.

El nuevo récord de producción de cocaína en el mundo en los últimos años, es liderado por Colombia con un máximo histórico de 204.000 hectáreas de hoja de coca cultivadas y 1.400 toneladas producidas en el año 2021, (según cifras la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, UNODC); esto, implica el incremento de laboratorios clandestinos, de rutas para el tráfico, del consumo, de las incautaciones, de la violencia producto de este negocio ilícito, de la pérdida de vidas humanas y de los impactos medioambientales.

Si bien las incautaciones son fundamentales para la lucha antidrogas, el aumento de estos confiscamientos trae retos adicionales para las autoridades como la destrucción de estas grandes cantidades en el menor tiempo posible para evitar que vuelva al mercado negro, y su almacenamiento teniendo en cuenta la logística y protección, mientras lo primero ocurre.

De droga a posible material para la construcción

Ante esta situación, la UNODC, a través del Programa Regional STAND brinda asistencia técnica a las instituciones que llevan a cabo procesos de control, incautación, almacenamiento temporal y disposición final de drogas y sustancias químicas utilizadas en la producción. “Incentivando el uso de métodos de destrucción con características costo-efectivas y amigables con el ambiente, como es el caso del encapsulamiento en celdas de seguridad. Este método de disposición final ha sido recomendado para la destrucción de determinadas drogas, sustancias y precursores químicos incautados, debido a que inmoviliza estas sustancias al interior de una matriz sólida, que hace técnica y económicamente inviable su recuperación”, explica Héctor Hernando Bernal Contreras, Coordinador Técnico del Programa Regional STAND.

Este proceso de encapsulamiento, es el usado tradicionalmente en la solidificación y estabilización de los residuos considerados como peligrosos o especiales, y fue el empleado recientemente por el Gobierno de Ecuador, para encapsular 32, de las 200 toneladas de cocaína incautadas en 2021, cuya noticia hizo eco en el ámbito internacional.

De acuerdo con el funcionario, “a través de talleres especializados de formación dirigidos a funcionarios del proceso, personal policial, administradores de justicia y personal operativo, se trabaja en la promoción de diferentes métodos para la destrucción y disposición final de sustancias incautadas, en función de sus características físico-químicas, disponibilidad de espacios adecuados para su destrucción y de la eficiencia del método, entre otros. Esto ha permitido que los procesos sean más ágiles, haciendo más cortas las jornadas de destrucción y aprovechando al máximo los recursos del estado”.

Colombia, ¿candidato para esta estrategia?

Durante el 2021 se incautaron en Colombia alrededor de 500 toneladas de cocaína. “En el país por lo general cuando se incauta se disuelve con otros químicos, se incinera o se destruye con explosivos en los laboratorios. Cuando la fuerza pública llega a ciertos territorios debe estar en un estado máximo de alerta, eso dificulta pensar que en los laboratorios de la selva se pueda sacar el material y a partir de ahí hacer otra cosa. En incautaciones en bodegas o puertos, por lo general se destruye incinerándola con solventes y se intenta que no tenga el menor impacto ambiental posible, cosa que no pasa en la selva, se han intentado hacer incineradores portátiles, pero el hecho de incinerar sigue generando impacto ambiental” detalla Adrián Raúl Restrepo Parra, profesor del Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia.

El investigador en políticas de drogas señala que, lo que está sucediendo en Ecuador es una experiencia interesante que valdría la pena contemplar en el escenario local, teniendo en cuenta las diferencias de fondo entre ambos países. “Colombia sigue siendo un escenario de guerra, mientras que Ecuador no tiene esta situación, aunque tenga presencia de grupos narcotraficantes; en ese sentido, la fuerza pública podrá tener mejores controles en ese territorio. Además, la cadena de custodia tiene que ser muy estricta para que en el camino no se vaya a “perder” el producto. Para el caso colombiano justamente eso es un riesgo, uno de los problemas que más perjudica al país es la corrupción y eso pasa por muchos funcionarios y miembros de la fuerza pública que lamentablemente terminan en estas prácticas”, agrega Restrepo Parra.

Por su parte, el doctor en toxicología forense y profesor de la Facultad de Ciencias de la UNAL Bogotá, Jorge Ariel Martínez Ramírez, explica que, el proceso de encapsulamiento permite que se puedan procesar toneladas de cocaína mucho más rápido y sin tantos problemas a diferencia de la incineración que genera contaminación. “No es una práctica nueva, en España hacen asfalto con cocaína, se mezcla muchos derivados del petróleo, brea, gasolina con cemento y otros ingredientes. Mientras que el proceso de incineración de cocaína cuesta por kilo 1.5 dólares, el encapsulamiento baja a una tercera parte, es decir, 0.5 dólares; se mitiga el tema de tener cocaína guardada, pues eso genera corrupción y violencia”.

El toxicólogo también explica que para lograr el encapsulamiento se necesita una planta adecuada, y protección para quienes trabajan con ello, además de tener fuertes medidas de seguridad.

Pese a lo anterior, para la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito es posible trasladar esta iniciativa a otros países como Colombia, “dado que la técnica de encapsulamiento es la misma aplicada para la inmovilización de sustancias y/o residuos peligrosos, ampliamente utilizada para la disposición final de residuos industriales a nivel mundial. No se requiere de tecnología de punta, sino que se utiliza maquinaria básica empleada en la industria de construcción y los materiales utilizados son relativamente económicos (cemento, cal, arena, material inerte y acelerantes de fraguado o endurecimiento)” señala Héctor Hernando Bernal Contreras.

Sin embargo, también destaca que, en muchos casos esta decisión depende, “más que de aspectos técnicos y económicos, de aspectos administrativos legales, ya que en algunos países como en el caso del Perú, la legislación es específica señalando el método de disposición final que se debe emplear, en ese escenario, se hace necesario realizar reformas legales previo a la adaptación de otros métodos para la disposición final de drogas ilícitas incautadas”.

Problemas con sobredosis

Si bien el método de encapsulamiento resuelve a corto plazo los problemas que genera la droga incautada y mitiga impactos ambientales y económicos en este aspecto, para los académicos consultados la problemática radica en la política antidrogas enfocada en el prohibicionismo.

“El problema más grande está en que la cocaína sigue siendo proscrita en las convenciones internacionales de control de drogas, hay que ver cómo se puede legalizar el cultivo y producción de la cocaína a un término más largo, pues definitivamente la prohibición a nivel mundial no ha funcionado, y hemos visto las cifras. El precio por gramo de cocaína en Portugal es de 38 dólares ($179.000 aproximadamente), mientras que en Arabia Saudita un gramo vale 533 dólares (alrededor de $2.500.000)”, agrega el profesor Jorge Ariel Martínez Ramírez.

Por su parte, Adrián Restrepo señala que, el inconveniente es que este negocio ilegal sigue siendo altamente rentable; para el caso de Colombia, a esta situación se suma “la llegada al país de grupos narcotraficantes no solo de México, sino de Rusia y Ucrania, que, en algunas regiones, como en el Cauca, son los carteles mexicanos quienes controlan por completo ciertos territorios”. Ante el recrudecimiento de esta situación, que es una suma de factores, el profesor destaca que, el actual gobierno colombiano ha mostrado intenciones de impulsar en el seno de la ONU la legalización del cultivo de la hoja de coca, sin embargo, aclara, que la despenalización o legalización de la hoja de coca o la cocaína no se hará durante este gobierno, pues es un proceso largo y colectivo, es decir, de orden internacional.

“Varios sectores sociales, académicos y políticos han planteado la legalización de la hoja de coca. Ya han anunciado que a mitad de año en el encuentro de la ONU se propondrá que se saque la hoja de coca de la lista de la clasificación de las drogas, así se podría avanzar en la legalización de cultivos de los que se podrían derivar una serie de productos, mapear la hoja de coca con el conocimiento de los indígenas, y obtener beneficios de esta planta”, agrega Restrepo Parra, analista político.

Entre tanto, distintos países han tomado ventaja en la guerra contra las drogas por vías distintas a la prohibición. A principios de marzo de 2023, como parte de una estrategia de despenalización que se ha realizado por más de tres años, Canadá otorgó licencia a farmacéuticas locales para producir y vender cocaína legalmente, lo anterior con el fin de enfrentar la crisis de drogas que ha cobrado la vida de miles de personas, por lo general, por el consumo de cocaína mezclada con otros productos para un mayor rendimiento, como medicamentos veterinarios. Esto, para el experto, es un punto de partida importante y un hito para la despenalización de la cocaína.

(FIN/JRDP)

13 de marzo de 2023