En los primeros meses del año 2025, el país ha sido testigo del asesinato de 39 integrantes de la población LGTBIQ+, incluido el crimen contra Sara Millerey González, cuyo asesinato le dio la vuelta al mundo y evidenció la violación de los derechos fundamentales que enfrentan las personas con experiencias de vida trans y no binarias. Este hecho, además, avivó las voces de quienes piden con urgencia la aprobación de la Ley Integral de Identidad de Género Diverso, iniciativa que busca transformar y dignificar la vida de quienes se identifican con condiciones de género diversas.

Antes de que termine el mes de mayo, el proyecto debe llevarse a primer debate, de lo contrario, corre el riesgo de ser archivado. Foto cortesía.

Garantizar los derechos de las personas con experiencias de vida trans y no binarias como a identificarse por el nombre que han asumido, a tener oportunidades de educación y empleo, a ser reconocidos como transvíctimas del conflicto armado, a contar con mecanismos de participación ciudadana y a la resolución del servicio militar obligatorio en el país, son algunos de los objetivos de la Ley Integral de Identidad de Género Diverso Sara Millerey González, que busca dignificar la vida de este grupo poblacional, especialmente de los y las transexuales, es decir, personas cuya identidad de género no coincide con el sexo que se les asignó al nacer.

La transfobia es una problemática que se suma a muchas otras y puede ser vista desde una perspectiva de género, comenta América Larraín, antropóloga y doctora en Antropología Social. “La violencia hacia las personas trans pasa por cosas cotidianas muy sencillas como tener que decir qué baño puedo usar y que no vaya a sufrir algún tipo de agresión o de violencia, las personas que nos reconocemos como cisgénero nunca hemos enfrentado ese tipo de discriminaciones en nuestra vida, ni siquiera tenemos que preguntarnos a qué baño vamos”, señala la profesora de la Facultad de Ciencias Humanas y Económicas de la Universidad Nacional de Colombia Sede Medellín.

La Ley Integral de Género pretende establecer un marco integral normativo para el ejercicio pleno de los derechos de las personas con identidades de género diversas, eliminando toda forma de injusticia, exclusión, discriminación y violencia, tanto en el ámbito público como privado. Además, busca la adopción y la promoción de acciones afirmativas, políticas públicas, planes, programas y proyectos que garanticen la autonomía y el ejercicio pleno de los derechos de esta población.

En el ámbito normativo, el país tiene un déficit en relación con la integración de las normas internacionales sobre la defensa de los derechos humanos de esta población. Hay un déficit cuantitativo en términos de la existencia cero de normas que protejan estos derechos y que efectivamente regulen lo que ya está establecido a través de la misma Constitución Política como el derecho a la igualdad, explica Laura Shirley Osa Silva, coordinadora del Centro de Atención en Género y Diversidad Sexual, del Consultorio Jurídico Guillermo Peña Álzate de la Universidad de Antioquia.

“Gracias a la constitucionalidad colombiana existen unas modificaciones en el contexto social que hace necesario el reconocimiento de sus derechos como el matrimonio igualitario regulado a través de jurisprudencia. Hoy, una persona con una orientación sexual diversa puede acceder a una adopción con muchas barreras sociales, pero no jurídicas. Una persona con una identidad de género o no binaria quiere cambiar su nombre, puede hacerlo basándose en las normas del Registro Civil que no son específicas, pero que traen consigo esa posibilidad. Y otros derechos orientados a características individuales, por ejemplo, cómo el acceso a la salud, muchas veces a través de acciones de tutela que les permitan reafirmar su identidad”, expone la abogada y magíster en mediación, negociación y resolución de conflictos.

El Proyecto de Ley incluye diversas perspectivas: el enfoque de orientación sexual, identidad y expresión de género (OSIEG), que reconoce las características y necesidades específicas de esta población; el enfoque de ciclo de vida que visibiliza las dificultades según la edad; el enfoque interseccional que considera los factores de discriminación y opresión que les afectan; el enfoque anticapacitista que evidencia las barreras físicas, comunicacionales, sociales, legales y actitudinales que enfrentan las personas con identidades de género diversas y con discapacidad, y el enfoque antiracista que reconoce las personas con identidades de género diversas afrodescendientes, palenqueras, raizales y con pertenencia étnica.

De acuerdo con el representante a la Cámara Jorge Andrés Cancimance López, los derechos que tienen en la actualidad las personas LGBTIQ+ en Colombia se han conseguido gracias a las luchas de los movimientos sociales, a través de órdenes de sentencias de las Cortes y no por medio de una ley de la República; por esta razón es pertinente que un proyecto de ley que garantice sus derechos sea radicado en el Congreso de la República.

“Existen cifras preocupantes que evidencian lo que las personas trans sufren todo el tiempo en Colombia: vulneraciones a sus derechos y a su integridad y no hay una ley que ayude a garantizar esos derechos y a cambiar esta realidad de discriminación. El proyecto aborda la intención de limitar estos crímenes de odio y por eso están vinculadas casi todas las entidades del Estado, ya el número de asesinatos contra población LGBTIQ+ en lo que va de este año asciende a 39, las personas más afectadas son las personas trans y por eso se habla de transfeminicidios, una categoría que se está promoviendo desde lo jurídico y lo penal porque claramente estamos frente a crímenes de odio que se cometen en relación con la identidad de género u orientación de las víctimas”, agrega Jorge Cancimance, uno de los proponentes del proyecto de ley.

El 17 de mayo se conmemora el Día Internacional contra la Homofobia, la Bifobia y la Transfobia que celebra la diversidad sexual y de género. Esta fecha además es una oportunidad para evidenciar los avances y visibilizar la violencia y la discriminación que sufren las personas por su orientación sexual e identidad de género en el mundo, según la Organización de las Naciones Unidas, ONU.

En Colombia, las personas trans tienen una expectativa de vida 30 años menor que la población general, en gran medida, esto se debe a que son llevadas al suicido por no ser reconocidas en su identidad de género, señaló Gustavo Perdomo Patiño, médico psiquiatra y miembro del Hospital Universitario Fundación Santa Fe de Bogotá, durante la Audiencia Pública Ley Integral de Identidad de Género Diverso, realizada el 24 de abril de 2025.

“Esta Ley tendrá un impacto positivo en cuestiones de salud mental para las personas trans y de género diverso. Esto no es algo de carácter religioso, es evidencia científica y, como académico y docente universitario, hablo de que puede mejorar las condiciones y los procesos de afirmación de género para las personas trans y el bienestar psicológico. Es muy importante que todos los ciudadanos y las personas podamos vivir de acuerdo con nuestra identidad y esto se va a expresar en disminución de índices de depresión, ansiedad e ideación suicida”, recalcó Gustavo Perdomo en el encuentro.

Perdomo, profesor de la Facultad de Medicina de la Universidad de los Andes, expresó, además, que el proyecto también aborda las violencias sistemáticas en el sistema de salud. “Es importante que la condición de trans no se patologice, como profesional de la salud mental soy enfático, las personas trans no están enfermas, no padecen de enfermedad mental alguna, solo requieren un enfoque en salud especial. Las personas trans no tienen por qué ser psiquiatrizadas forzadamente para acceder a procesos de afirmación de género, pues no estamos hablando de alguna condición que requiera una cura porque no es una enfermedad mental”.

Protección de derechos contrarreloj

Pese a que en la Comisión Primera hay optimismo por la consolidación de mayorías a favor del proyecto, hay algunos temas que a varios congresistas les preocupa, como el relacionado con las infancias trans, añade el representante a la Cámara de los sectores alternativos, Jorge Cancimance López.

“Hay una postura de no querer reconocer que existen niños y niñas trans en este país y en todo el mundo, y creo que ahí es donde más oposición tenemos a la iniciativa, estamos revisando con la plataforma de la ley si es posible que eliminemos ese apartado de las instancias trans o lo maticemos. Ese es el principal tema que divide dentro de la comisión y, en general, dentro del Congreso. Un sector, en el que yo me identifico, defiende la idea de que hay que reconocer la existencia de las infancias trans justamente para garantizar derechos y para que no se vulneren sus procesos y experiencias vitales. Y hay otro sector que definitivamente dice que no hay que hablar de los niños y las niñas trans porque es un asunto que toca unas cifras muy sensibles de lo que significa la familia desde una postura mucho más conservadora”, comenta.

Los proponentes de la iniciativa esperan que antes de que termine el mes de mayo se agende el primer debate en la Comisión Primera, decisión que recae en la mesa directiva de dicha comisión. Si este mes se realiza el primer debate, el proyecto se remitirá a la Plenaria para que la iniciativa sobreviva.

“Estamos próximos a terminar la legislatura del Congreso de la República (el 16 de junio de este año) y si los proyectos de ley no tienen sus respectivos debates, se archivan porque el reglamento así lo estipula. Estamos muy por encima del tiempo, a escasos dos meses para poder lograr que se debata la iniciativa o si no se archivaría. En todo caso, estamos preparados y preparadas para eso y, si es el caso, volveremos a erradicar el proyecto a partir del 20 de julio que inicia una nueva legislatura”, puntualiza Cancimance López.

Mientras se dan los trámites pertinentes, para la doctora en antropología social y profesora de la UNAL Medellín, América Larraín, es necesario construir unas nociones básicas de respeto que permitan reconocer la existencia de las personas trans en la sociedad con igualdad de derechos, educando, informando y sensibilizando no solo a las personas que se autoreconocen con algún tipo de disidencia sexual o étnicamente marcadas, sino también al resto de la población.

“Justamente esa falta de empatía muchas veces surge ni siquiera por maldad, sino por un desconocimiento profundo, por unas ideas, pues muy arraigadas en valores religiosos, morales, con los que hemos crecido como ciertos y que no cuestionamos. Y si la universidad no es el espacio para cuestionar, para problematizar, para tener una perspectiva crítica, entonces no estamos haciendo la tarea completa”, concluye la docente de la Facultad de Ciencias Humanas y Económicas.

(FIN/JRDP)

12 de mayo de 2025