El presidente Duque hizo el anuncio de las modificaciones durante una ceremonia de ascensos en la Policía. Foto: reproducción / tomada de bit.ly/3iTme6T

Los cambios en la Institución, dependiendo de los que sean requeridos, debe hacerse en distintos plazos, según analistas, quienes plantean que por ahora los más urgentes tienen que ver con generar una cultura de derechos humanos y transformación completa del programa curricular de la formación de policías y no en la adopción de cursos de pocas horas. Son escépticos con respecto a que se puedan efectuar modificaciones profundas, entre otras cosas, porque para eso se requeriría de varios años.

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En medio de un contexto de agitación dado el descontento ciudadano en Colombia, las manifestaciones sociales y las denuncias de abuso policial en las protestas, el presidente Iván Duque Márquez anunció recientemente la “modernización” del Ministerio de Defensa y la “transformación” de la Policía Nacional.

El mandatario mencionó que se expedirá un decreto para modernizar la estructura orgánica de la Policía, que se acelerará el cambio de uniforme para permitir “tener la información completa de quien está en los servicios en las calles” y que se creará la Dirección de Derechos Humanos. También dijo que se dispondrán espacios de escucha a la ciudadanía, la academia y organismos internacionales.

Reformas como la de la Policía deben ser graduales, según Alejo Vargas Velásquez, profesor de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales UNAL Bogotá y director del Grupo de Investigación en Seguridad y Defensa. Las modificaciones más rápidas, explica, las puede hacer el Gobierno vía disposiciones o resoluciones, mientras que las de mediano plazo requieren tratamiento legal y aquellas que requieren de mayor tiempo pueden incluir reestructuraciones constitucionales.

Ahora lo que se debe hacer, dice, es acudir a lo urgente: “temas que generan mucha más controversia, y que tienen que ver con la protesta social y cuerpos como el Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad), al que se le debe formar no solo con un cursito sino que debe estar atravesada por una cultura de derechos humanos. Debe haber un cambio más profundo en todo el programa curricular”. Y eso, aunque menciona que no es fácil, se puede hacer “si un gobierno quiere”.

Adicionalmente, para Edén Félix Nieto, profesor de Derecho Internacional y Derechos Humanos del Departamento de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Caldas, sería pertinente vigilar los contenidos de la formación que se imparta, pues “de nada sirve que se les hable continuamente de enfrentar a terroristas, vándalos y a enemigos del Estado y luego, una hora o dos a la semana, de derechos humanos”.

Que Duque Márquez haya tocado el tema al referirse a la creación de la Dirección de Derechos Humanos no significa que haya noticia sino una política de campaña, según Pablo Emilio Angarita Cañas, miembro del Grupo de Investigación sobre Conflictos, Violencias y Seguridad Humana de la Universidad de Antioquia, quien además llama la atención de que los policías sí han recibido cierta formación en esa materia. En ese sentido, “lo que habría que hacer es evaluar en qué se diferenciaría la nueva”.

Fallas que han permanecido

Angarita Cañas agrega que, entre lo más grave está la ausencia de un diagnóstico: “La actitud que ha tenido el presidente es no tener el más mínimo sentido autocrítico. No dice qué es lo que pasa con la Policía, pero al mandar el mensaje de reformarla como que sí reconoce que hay un problema”.

No obstante, uno de los aspectos centrales que han expuesto estudiosos de asuntos de defensa incluso antes de la Constitución de 1991 es que debe haber una separación de las fuerzas armadas y el rol de la Policía, que no debería depender del Ministerio de Defensa.

La Policía, tal como se conoce hoy, fue creada entre los siglos XVII y XVIII en Francia e Inglaterra con la premisa de dejar la seguridad interna a cargo de cuerpos civiles, según Nieto. El Ejército, expone, debió orientarse a preservar la seguridad e integridad territorial frente a amenazas externas, dado que los Estados inglés y francés no contaban con elementos suficientes para la protección al interior de sus territorios, del que en principio estuvieron encargadas varias confesiones como la Sociedad Religiosa de Los Amigos, también conocida como Cuáqueros.

Es “muy parecido a lo que sucede en Colombia, con la particularidad de que una vez creada la Policía Nacional, el Estado acabó reconociendo que no contaba con medios para garantizar la seguridad dentro del territorio”, asegura.

“¿Qué sucedió? Que la dejó en manos de cuerpos civiles y privados; de paramilitares. Esto evidentemente acabó acrecentando la presencia del Ejército, y adulterando los cimientos del Estado democrático”, complementa, pues para él uno de los problemas es que la Policía deba obedecer al Ejecutivo, del que “acaba siendo el brazo ejecutor”, lo que significa “dejar a los lobos cuidar los corderos”.

¿Cómo debería ser la reforma a la Policía y qué tan factible es que se desarrolle?

El proceso de reformar la Policía no sería fácil ni rápido, coinciden los analistas. Según Nieto, quienes decidan hacer parte de la Institución deben recibir capacitaciones y herramientas para garantizar el cumplimiento de los derechos y una convivencia pacífica con los ciudadanos.

Los cambios también deben ser culturales según Vargas Velásquez quien, lo ilustra con el caso del Esmad. Para él hay un problema en cómo se concibe la garantía de derechos humanos en manifestaciones que no afecten bienes públicos ni privados. Esa, considera, es una de las transformaciones que podrían darse a corto plazo.

Pese a que ha habido intentos por reformar a la Policía, estos se han hecho desde las comisiones, lo que según el docente es un riesgo porque bien pueden realizar informes, “a lo mejor nadie los lee, y queda ahí como constancia histórica”. En ese sentido, enfatiza que la transformación de la Institución debe ser una decisión política.

Los analistas hacen sus aportes como estudiosos de la defensa y los derechos humanos, pues hasta ahora no se conocen mayores detalles de la propuesta del presidente Duque Márquez, por lo que para el profesor Angarita Cañas es claro que presentar un proyecto de ley el próximo 20 de julio ante el Congreso, como lo pretende el Gobierno y con las características hasta ahora anunciadas, “no resuelve nada”.

(FIN/KGG)

21 de junio de 2021